El gobierno ofrece disculpas a las víctimas… pero prevalece la impunidad

El 5 de septiembre del 2008, cuando salía de su trabajo en la Policía Federal Preventiva, Lorena Hernández González fue detenida y acusada de pertenecer a una banda dedicada al secuestro. Agentes de la extinta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) la capturaron y la encarcelaron casi siete años.

En todo ese tiempo las autoridades capitalinas no obtuvieron pruebas en contra de Lorena, por lo que el 15 de julio del 2015 un juez le concedió su libertad. Además, la PGJCDMX admitió su error hace dos años, cuando su titular, Ernestina Godoy, ahora responsable de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se disculpó públicamente con ella y se comprometió a sancionar a los funcionarios que le fabricaron el delito de secuestro.

“Refrendo el compromiso de dar seguimiento a los procedimientos abiertos hasta su total conclusión, pagarán quienes fueron responsables”, aseguró aquel día Godoy entre aplausos de decenas de personas en el Museo de la Ciudad de México. “De frente, con todo respeto, admito el reconocimiento de responsabilidad y ofrezco una disculpa pública al honor de Lorena Hernández González y a su familia”.

Sin embargo, han pasado casi dos años de esas declaraciones y la justicia parece inalcanzable para Lorena, quien relata que la fiscalía le comunicó a finales del 2020 que los delitos de los que fue víctima cuando la incriminaron ya prescribieron y no será posible investigarlos, al igual que tampoco se castigará a las 14 personas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló como responsables de la fabricación del delito.

“El ministerio público determinó el no ejercicio de la acción penal por prescripción contra los servidores públicos que violaron mis derechos humanos. El ministerio público manifiesta que algunos de esos servidores ya no trabajan en la institución”, dice Lorena en entrevista con La-Lista. “Esto genera un sentimiento de impotencia, frustración, enojo, finalmente no te sientes reparada del daño, es como si para ellos no hubiera pasado nada”.

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La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización social que defiende a Lorena, analiza si es posible llevar su caso a instancias internacionales para denunciar la omisión del gobierno de la Ciudad de México, un asunto que podría tardar años antes de que se emita un dictamen.

“Con la disculpa pública tuve la esperanza de que en poco tiempo iba a acceder a la justicia, sobre todo por las palabras tan conmovedoras de la fiscal”, lamenta Lorena. “Las personas que están abajo de la fiscal son las responsables de llevar a cabo todas las tareas y esas son las que no estén cumpliendo, yo no sé si la fiscal lo sepa, me gustaría hablar con ella”.

Disculpas de papel

La situación de impunidad que Lorena está viviendo no es única. En los primeros dos años y medio del actual sexenio el gobierno federal, autoridades de Veracruz, de la Ciudad de México y de Guerrero han ofrecido disculpas públicas por lo menos en 13 ocasiones por distintos crímenes, pero en la mayoría de los casos todavía no hay personas detenidas o no hay sentencias condenatorias contra los presuntos responsables de las vulneraciones.

Desde el 2019 las autoridades han admitido la responsabilidad de servidores públicos en cuatro casos de desaparición forzada; cuatro de tortura; dos de ejecuciones extrajudiciales; dos de feminicidio, y uno de fabricación de delitos.

Los hechos por los que las autoridades se han disculpado ocurrieron entre 1977, cuando Martha Camacho, activista de la Liga 23 de Septiembre, fue torturada por elementos del Ejército en el marco de la llamada Guerra Sucia, y 2018, cuando integrantes de la Marina participaron en la desaparición de 27 personas.

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El resto de los casos por los que ha habido disculpas públicas son las ejecuciones extrajudiciales de Acteal en Chiapas; el abuso sexual y tortura de las hermanas Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez; la detención arbitraria y tortura de Lydia Cacho; la ejecución extrajudicial de Jorge Mercado y Javier Arredondo; la desaparición forzada de Christian Téllez, Israel Moreno y Víctor Guajardo.

De igual forma la fabricación de delitos contra Lorena González; la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz; el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio; el feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, y la tortura sexual que sufrió la activista Yndira Sandoval.

Especialistas en temas de derechos humanos explican que las disculpas públicas del Estado son simbólicas y forman parte del derecho a la reparación del daño las víctimas, pero esta medida debe ir acompañada de otras como la atención médica, una indemnización y acceso a la justicia. Es en este último punto donde las autoridades han quedado a deber.

“Las disculpas públicas son un buen paso, pero no suficientes. Una disculpa no es una alternativa a garantizar el acceso a la justicia ni a la verdad ni es una forma de reparación completa”, señala Camila Ruiz Segovia, investigadora senior de la organización Justicia Transicional.

Algunos abogados y familiares de víctimas a quienes se les han pedido disculpas públicas explicaron a La-Lista que desde que las autoridades aceptaron su error no ha habido muchos avances en sus respectivos casos.

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Por la desaparición forzada de Christian Téllez, por ejemplo, solo hay un expolicía detenido en Veracruz a quien no se le ha dictado sentencia. Por la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca hay ocho policías y 13 civiles que siguen en espera de que se les dicte una sentencia desde hace más de tres años.

Por las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Mercado y Javier Maldonado hay seis militares identificados como probables responsables, pero aún no se les dicta sentencia a 11 años de haber ocurrido el crimen. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es el crimen al que las autoridades federales han prestado mayor atención, pero ni así se ha dado con el paradero de los jóvenes. La última disculpa que se ofreció fue por la desaparición forzada de 27 personas a manos de integrantes de la Secretaría de Marina y, aunque ya hay 30 personas detenidas, el proceso se mantiene abierto.

Ruiz Segovia, de Justicia Transicional, añade que las disculpas públicas no solo tienen el objetivo de avanzar en la reparación de daño de una víctima, sino que desde la teoría son consideradas una “ruptura” con el pasado, es decir, lanzan el mensaje de que el Estado ya no permite que se violen derechos humanos.

Sin embargo, en México hay más de 80,000 personas desaparecidas y más del 99% de los casos están impunes, mientras la violencia contra las mujeres sigue en aumento.

“Volviendo a la idea de que las disculpas quieren expresar un quiebre con el pasado, el problema que tenemos en México es que no es el caso”, dice la experta. “Una de las últimas disculpas fue de la Marina por la desaparición de 27 personas, pero al mismo tiempo el país sigue militarizado y la misma Marina sigue cometiendo violaciones a derechos humanos“.

Disculpas, práctica de antaño

Las disculpas públicas cada vez se utilizan con más frecuencia en México. En la recta final del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) autoridades federales pidieron perdón por el problema de feminicidios en Ciudad Juárez y por la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla en el marco de la Guerra Sucia de finales de los 60 y principios de los 70.

Después, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, las autoridades pidieron disculpas públicas por la detención arbitraria y abuso sexual de varias mujeres en un operativo en Atenco, Estado de México en 2006; por la tragedia de la discoteca News Divine en la Ciudad de México en 2008 donde más de una decena de jóvenes murió por asfixia, e incluso el presidente Enrique Peña Nieto pidió perdón por la llamada “casa blanca” donde su familia tenía planeado vivir al término de su mandato y que habría sido un regalo de un contratista.

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Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador y autoridades estatales han continuado con la costumbre de ofrecer disculpas por violaciones a derechos humanos, incluso en mayor cantidad que en sexenios anteriores. Ante este panorama, Víctor Alonso del Pozo Rodríguez, coordinador del área de Defensa de la CMDPDH, cuestiona que una mayor cantidad de disculpas no refleja un mayor compromiso con los derechos humanos.

“Esto nos podría hablar hasta cierto punto de que las disculpas públicas están sujetas a la voluntad política y al mismo tiempo nos podría hablar de cierto aumento en el grado de simulación”, señala. “Las disculpas públicas podrían ser aisladas porque no se garantiza verdad, justicia y otras formas de reparación”.

La CMDPDH es una organización social que ha acompañado el caso de Lorena Hernández González, a quien se le fabricó el delito de secuestro en la capital, y de las tres hermanas González Pérez que en 1997 sufrieron la tortura y agresiones sexuales de parte del Ejército. En este último caso, dice el abogado, tampoco hay militares que hayan sido castigados.

“Las disculpas públicas deberían marcar un hito, tendrían que suponer la promesa de un nuevo y mejor futuro institucional”, cuestiona Del Pozo Rodríguez, quien no observa que esto esté sucediendo en México.