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México vive una situación deplorable en derechos humanos: José Miguel Vivanco

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), hace un diagnóstico de México y resalta la importancia de las elecciones del próximo 6 de junio.

José Miguel Vivanco. Foto: HRW

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Las desapariciones, el despliegue del Ejército para realizar labores de seguridad, la violencia durante el proceso electoral, las amenazas del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer a los organismos autónomos y los ataques a los medios de comunicación son síntomas de que México vive una situación deplorable en materia de derechos humanos.

Esa es la conclusión a la que llega José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien considera que en México “se siguen produciendo retrocesos y pareciera que para los máximos líderes del país, encabezados por López Obrador, el tema de derechos humanos es secundario”.

HRW es una organización internacional apartidista que vela por el respeto de las garantías individuales en el mundo. Esto ha llevado a Vivanco a cuestionar en varias ocasiones a las autoridades mexicanas. Tan solo en el último mes lamentó las declaraciones del secretario de Marina, José Rafael Ojeda, respecto a que los enemigos de las Fuerzas Armadas están en el Poder Judicial, y también la reforma para ampliar el mandato de Arturo Zaldívar dos años más en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En entrevista para La-Lista, el representante de HRW hace un diagnóstico de México y resalta la importancia de las elecciones del próximo 6 de junio. Desde su perspectiva, los comicios podrían ser un punto de partida para evitar más retrocesos.

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La-Lista: En materia de derechos humanos, ¿cuál es el balance de México?

José Miguel Vivanco: México tiene un récord deplorable en materia de derechos humanos. Existía en muchos sectores de México la ilusión de que durante este gobierno de Andrés Manuel López Obrador ese récord pudiera tener mejorías, podría traducirse en avances y progresos, pero lo cierto es que se siguen produciendo más bien retrocesos.

En México han desaparecido desde el 2006 a la fecha, durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual gobierno, 88,000 personas. Hay una creciente militarización de la sociedad mexicana; hay un ataque constante contra los medios de comunicación independientes y hacia la sociedad civil; en política exterior hoy día México no es un aliado para las causas de los derechos humanos como lo fue antes; hay todo un esfuerzo del propio presidente por socavar el Estado de derecho, por debilitar la independencia judicial y también por acabar con los órganos independientes.

¿Qué hacer para revertir esta situación?

Es una pregunta muy difícil porque mientras el presidente cuente con popularidad, con el control de la Cámara Baja (Cámara de Diputados) y además gobierne como si no escuchara, como si no estuviera al tanto, en su propio mundo, en su propia burbuja, ignorando no solo la realidad del país, sino también la necesidad de cumplir con estándares básicos en materias de Estado de derecho, respetar la independencia de poderes, pareciera ser que muy pocos pueden influir en las posiciones de Andrés Manuel López Obrador.

En la medida en que los resultados electorales del 6 de junio le den todavía un respaldo mayor a AMLO y logre, por ejemplo, controlar con dos terceras partes de la Cámara de Diputados, mi impresión es que va a seguir avanzando en sus esfuerzos por concentrar el poder e incluso avanzar con reformas constitucionales que le permitan debilitar los mecanismo de control.

¿Las elecciones del 6 de junio podrían ser un punto de quiebre?

Creo que si AMLO y su partido mantienen el control de la Cámara (de Diputados), él va a entender que cuenta con un mandato para seguir debilitando los mecanismos de control y para seguir también debilitando la democracia mexicana.

Las elecciones son muy importantes y del resultado va a depender si estos esfuerzos por debilitar la democracia mexicana siguen avanzando en esa dirección o el país está en condiciones de enviarle un mensaje claro a AMLO, en cuanto a que el ganar las elecciones no le otorga carta blanca para gobernar de cualquier manera.

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Hablando de las elecciones, ¿cuál es su diagnóstico de la violencia durante la jornada electoral?

El proceso electoral está siendo muy violento, muy cruento, hay distintas estadísticas, pero las cifras son alarmantes, muestran que en este proceso han asesinado 88 candidatos (políticos), ni hablar de los amenazados ni de aquellos a los que les han hecho atentados.

Lo que resulta más preocupante y desalentador es el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, confrontado con esta realidad, en lugar de tomarle el peso a este fenómeno y de entender que el país está ante una crisis, porque un candidato que es asesinado debería generar una crisis, debería generar un terremoto, en lugar de reaccionar con fuerza.

¿Los organismos y poderes autónomos han sido un verdadero contrapeso en el sexenio?

No en particular, el Congreso tiene mayoría en la Cámara Baja y tiene una presencia muy fuerte en el Senado, así que la verdad el Congreso no se ha destacado por ejercer una función de contrapeso al Poder Ejecutivo. Tampoco el Poder Judicial, especialmente su presidente, el señor Arturo Zaldívar, ha avalado propuestas como ese referéndum que Andrés Manuel López Obrador quiere hacer para determinar si se va a juzgar o no a los expresidentes por supuestos hechos de corrupción.

Y respecto del resto de las instituciones me parece que sí, el Instituto Nacional Electoral (INE), por ejemplo, está cumpliendo una función importante y está defendiendo sus fueros, está haciendo lo que siempre ha hecho: velar por la limpieza del proceso electoral. Obviamente no es perfecto, nadie podría así sostenerlo, pero es preferible que exista una instancia como el INE a que desaparezca una institución a la que la democracia mexicana y el propio Andrés Manuel López Obrador le deben muchísimo.

La CNDH está próxima a cumplir 31 años, ¿cómo ha sido la labor de esta institución?

Lo que se puede reconocer de esta comisión a nivel nacional es la documentación de casos, eso es realmente muy importante. Donde falla es en el hecho de que sus recomendaciones, sus conclusiones, no tienen carácter vinculante y muchas veces no le da el seguimiento que requieren a esas decisiones o recomendaciones.

Creo que uno de los valores más importantes de esa comisión nacional es que trabaje de una manera independiente del gobierno, que entienda que su misión no es partidista, no es la defensa del gobierno de turno. Mi impresión es que hoy, lamentablemente, la comisión nacional ve su rol más bien como defensa del gobierno de AMLO.

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¿Algún ejemplo de esta situación?

Una prueba de ello es un extenso informe elaborado por la CNDH recientemente para responderle al Departamento de Estado de los Estados Unidos que elaboró una evaluación crítica sobre el récord de México en derechos humanos.

Ese informe que elabora todos los años el Departamento de Estado, lo hace con todos los países del mundo, en el informe hay un capítulo dedicado a los distintos países a nivel global, y por cierto, desde hace ya más de 30 años que se dedica un capítulo a México. En este caso la CNDH se vio en la obligación de responderle como si fuera vocero del presidente en un largo y detallado escrito.

El presidente ha dicho que estos informes son una especie de intervención a la soberanía de México, ¿es así?

Los tratados internacionales que ha suscrito México demuestran exactamente lo contrario, demuestran el compromiso del país por abrir a México al escrutinio universal y si se producen violaciones a los derechos humanos la comunidad internacional tiene perfecto derecho a reclamar por ello, y si se producen violaciones a derechos humanos en la India o en Pakistán o en los Estados Unidos, las autoridades mexicanas pueden expresar su preocupación, lamentar esas violaciones.

Ese tipo de visión añeja, yo diría que demuestra una profunda debilidad y hasta es reveladora de un afán de que no se conozcan, de esconder las violaciones a derechos humanos, de esconder los abusos con ese argumento peregrino de la soberanía.

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