Autoridades no atienden 83% de las recomendaciones de la CNDH por violaciones a derechos humanos

— ¿Por qué me golpeas, mamá?

— Yo no soy tu mamá…

— Si tú no eres mi mamá, ¿entonces quiénes son mis padres?

— Tu papá fue Carmelo Cortés Castro y tu mamá fue Aurora de la Paz Navarro del Campo.

Fue un cruce de palabras breve, de segundos, pero suficiente para que la vida de Catarino Hernández del Campo diera un vuelco. Él tenía 11 años cuando Mercedes del Campo admitió que no era su madre, sino su abuela. La mamá del joven era Aurora de la Paz, desaparecida el 3 de febrero de 1976.

Catarino no tiene recuerdos de ella. Tenía dos años cuando elementos del Ejército la detuvieron en Tultepec, Estado de México, y la trasladaron a Acapulco, Guerrero. Después de eso, nada. No hay un registro oficial sobre su ingreso a un reclusorio o algún proceso penal abierto en su contra.

La única pista que Catarino tiene de su madre la encontró en el Archivo General de la Nación (AGN). Es una hoja firmada por Guillermo Lira Murrieta, integrante de la extinta Dirección Federal de Seguridad, donde reporta que la Policía Militar detuvo a Aurora de la Paz, quien fue integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y otros grupos guerrilleros.

Este documento fue clave para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revisara el caso y emitiera la Recomendación 30VG/2019. El 30 de octubre de 2019, 43 años después de lo ocurrido, el organismo nacional acusó a las Fuerzas Armadas de participar en la desaparición forzada de Aurora de la Paz.

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La CNDH pidió al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dar una compensación económica a los hijos de la víctima, brindarles atención psicológica y tanatológica, ofrecer una disculpa pública, proporcionar información del caso a la Fiscalía General de la República (FGR) y ubicar a los militares que participaron en la desaparición.

A casi dos años de que la CNDH emitió la recomendación, ésta no se ha cumplido. Catarino dice en entrevista para La-Lista que el Ejército solo se ha acercado para hacerle una propuesta de compensación económica. No da los nombres de los militares que lo han contactado y tampoco la cantidad que le ofrecen porque el proceso sigue abierto, pero lo que sí comenta es que el dinero ofrecido por las Fuerzas armadas “es un insulto” en comparación con lo que su madre sufrió.

Catarino no es el único en esta situación. Desde el 2014, la CNDH ha emitido 570 recomendaciones por violaciones de derechos humanos, de las cuales solo 102 han sido acatadas en su totalidad por las autoridades a quienes se les destinó. Es el 17% de los casos, el resto tienen un nivel de cumplimiento parcial, insatisfactorio o, incluso, fueron rechazadas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Fiscalía General de la República (FGR), la extinta Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) son las dependencias que tienen más recomendaciones con un nivel parcial de cumplimiento, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos.

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Las recomendaciones de la comisión no son vinculatorias: las instituciones señaladas por violar derechos humanos no tienen la obligación de atenderlas. En este sexenio, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar y otras tres dependencias rechazaron la Recomendación 29/2019 en la que se pedía restituir los derechos de quienes se vieron afectados por la modificación del programa de estancias infantiles.

Aunque menos de una quinta parte de sus recomendaciones se han cumplido en los últimos seis años, la CNDH presume en su sitio web que estos documentos “constituyen la más severa expresión de la labor de esta Comisión Nacional en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos en nuestro país”.

CNDH no da seguimiento

El próximo 6 de junio, la CNDH cumplirá 31 años de existencia. Fundado en 1990, el organismo nacional surgió primero como una oficina de la Secretaría de Gobernación y en 1999 obtuvo su autonomía gracias a una reforma constitucional.

La comisión fue pensada como un organismo para vigilar y garantizar los derechos humanos, pero especialistas alertan que la institución llega a su 31 aniversario “de capa caída” por los señalamientos sobre la cercanía de Rosario Piedra Ibarra, actual ombudsperson, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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A esto se suma, según los expertos, el hecho de que la CNDH ha declinado a su capacidad para interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales que podrían vulnerar derechos humanos, ni tampoco se asegura de que se acaten sus recomendaciones. Este último es un problema que arrastra desde hace años.

María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), critica que la comisión no tiene mecanismos efectivos para vigilar que se cumplan sus instrucciones.

“Es muy significativo cómo la CNDH a veces da por cumplidas algunas de sus recomendaciones, por ejemplo, en términos de solamente dar vista a la fiscalía o que la fiscalía abra una investigación, pero no hace un trabajo de seguimiento real frente a estas instituciones para asegurarse que ese cumplimiento sea cabal”, menciona Aguilar.

El Centro Prodh es una asociación civil que acompaña varios casos de violaciones a derechos humanos. Uno de estos es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Por este crimen, la comisión nacional emitió la Recomendación 15VG/2018, que aún no ha sido cumplida por las autoridades.

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“Hay un enorme incumplimiento de las recomendaciones porque la CNDH no hace valer toda su potencialidad jurídica para vigilar que se cumplan”, coincide José Antonio Guevara, expresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas. “Lo más grave, y que provoca que se vuelvan a repetir las violaciones a derechos humanos, es que la comisión no busca que se procese, investigue y castigue a los responsables de los abusos”.

Catarino, hijo de Aurora de la Paz, también trata de explicarse cómo es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no le ha reparado el daño por la desaparición de su madre. “Hay una falta de compromiso de fondo, no quieren que nuestra recomendación deje un precedente porque le van a tener que reparar el daño a todos por igual”.

Además de buscar a su mamá, Catarino se ha hecho otra promesa: encontrar a su padre. Carmelo Cortés presuntamente fue detenido por la policía de la Ciudad de México el 31 de agosto de 1975 y después habría sido asesinado. Sin embargo, el acta de defunción del activista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias nunca apareció. “Si no tienen cómo comprobarnos que mi papá está muerto, está desaparecido”. La búsqueda sigue, mientras llega el cumplimiento de la recomendación.