Ayotzinapa, Atenco, Ciudad Juárez apenas impulsaron la participación en la consulta popular

En 2006, el pueblo de San Salvador Atenco fue sitiado por policías federales, estatales y municipales, durante un operativo encabezado por el entonces gobierno del presidente Vicente Fox. En dicho operativo se cometieron distintos abusos y violaciones a derechos humanos, entre ellos el asesinato de dos civiles, uno de ellos un joven de 14 años, así como abusos sexuales en contra de una treintena de mujeres, 11 de las cuales llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

El caso se convirtió en un referente para la lucha social así como un ejemplo de los abusos que se pueden cometer desde el gobierno.

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Ocho años después, la noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes normalistas que buscaba recaudar recursos a través del boteo y juntar camiones para participar en la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México fue perseguido en Iguala como si se tratara de un grupo criminal y luego detenido en un acciones en la que participaron policías municipales de esa localidad y de Iguala, así como de Cocula, y sujetos armados que después fueron identificados como integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.

De dicho operativo tuvieron participación y conocimiento autoridades locales, estatales y federales, de acuerdo con la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). A pesar de que se dio a conocer en octubre de 2014 una versión que se denominó “Verdad histórica” y que se demostró el asesinato e incineración de dos de los jóvenes, hasta ahora no ha quedado claro qué ocurrió esa noche en que desaparecieron 43 normalistas.

Así como estos, hay casos de abusos reportados en distintas administraciones, como el caso de la matanza de Acteal en diciembre de 1997, durante la administración de Ernesto Zedillo, o las miles de víctimas que fueron calificadas como daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón.

Presentes en la memoria colectiva, estos hechos no representaron un impulso significativo para la participación de la consulta ciudadana que preguntó a la población si estaban de acuerdo con emprender acciones para esclarecer decisiones políticas de actores del pasado, como estos expresidentes.

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En Atenco, Estado de México, por ejemplo, la participación osciló entre 3.6 y 14.4%, con un promedio de 8.8%, superior al promedio nacional pero aún lejos del 40% que haría vinculante el resultado de la consulta.

Otro lugar con impacto por un abuso de autoridad en gobiernos anteriores es Tlatlaya, también en esa entidad, donde en 2014 se produjo la masacre de 22 personas a manos del ejército. En esa localidad al poniente del Estado de México, la participación se quedó en 6.98%, apenas debajo del promedio nacional.

En lugares de reciente conflicto como Chenalhó y Pantelhó, Chiapas, la historia fue diferente. Mientras en la primera localidad, la participación apenas superó el 4%, en la segunda, donde el ayuntamiento fue tomado hace un par de semanas por un grupo de autodefensa, ni siquiera se instalaron mesas receptoras de opinión.

Algo muy similar ocurrió en Aguililla, Michoacán, donde tampoco se instalaron mesas receptoras ante el conflicto que hay por grupos armados que mantienen bloqueos carreteros en la región. En el municipio vecino de Buenavista, donde se originaron los grupos de autodefensa hacia 2014 ante la inoperancia de las corporaciones de seguridad estatales y federales, la participación en la consulta tampoco fue prioritaria para la ciudadanía. Los datos del conteo del INE muestran apenas un 2.73% de votación en esa demarcación, con mesas donde apenas sumaron 13 votos.

Otra comunidad que ha padecido el autoritarismo de los gobiernos en disputa por el agua es el pueblo yaqui, en Sonora. Con constantes problemas por los límites de su territorio, apenas en junio fue hallado asesinado uno de sus líderes, Tomás Rojo, mientras que el mes pasado desaparecieron nueve representantes yaquis.

En las diversas localidades donde habita esta comunidad en el municipio de Guaymas y sus alrededores, la participación en la consulta del domingo sumó un 5.4%, con algunas mesas donde apenas acudieron 20 personas a votar. De hecho, Sonora se ubicó en la posición 13 entre las entidades que menos participaron el este ejercicio.

Otra localidad sonorense, Hermosillo, donde en 2009 murieron 49 menores que estaban en una guardería subrogada del IMSS luego de un incendio que alcanzó las instalaciones que carecían de las condiciones para brindar seguridad a quienes ahí estaban, también vio una participación de 5.1% con algunas mesas por arriba de 10%.

Ciudad Juárez, en Chihuahua, que durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón padeció una fuerte de ola de violencia, con particular foco en los feminicidios, tampoco mostró una respuesta importante ante la consulta. Incluso, durante 2010 cuando un grupo de jóvenes fue asesinado en un departamento en un fraccionamiento de esa localidad, el expresidente Calderón desestimó la masacre de 16 estudiantes de bachillerato al considerar que el suceso habría ocurrido “porque en algo andaban”. En las mesas cercanas al lugar de la masacre la participación fue de menos de 4% este domingo.

Mayor participación

En contraste, en las mesas instaladas en Tixtla donde se encuentra Ayotzinapa, la ciudadanía tuvo mayor interés por participar, al juntar entre 21 y 22% de votos en la consulta del domingo.

Omar García, sobreviviente de ese crimen e integrante del comité promotor de la consulta, destacó el domingo que se buscará promover la creación de comisiones de verdad así como la conformación de un tribunal internacional.

En el caso del municipio de Iguala, donde se produjo la detención de los jóvenes, se registraron casillas con hasta 16% de participación, pero el total del municipio se mantuvo por debajo del 10%.

De hecho, Guerrero es una de las entidades que mayor participación registró en la consulta, solo detrás de Tlaxcala y Tabasco, con un total de 10.9%, según información del Gobierno de la Ciudad de México.

Aunque con niveles menores, la localidad de Nochixtlán, Oaxaca, donde en 2016 se vivió un ataque de parte de policías de los tres niveles de gobierno, tuvo una participación mayor que el promedio.

Con 10.45%, la localidad con unos total de 13 mil votantes manifestó casi de forma unánime su deseo de que se esclarezcan sucesos como el que se vivió hace un lustro, en que más 850 elementos federales y estatales desalojaron a maestros y civiles que mantenían un bloqueo carretero como oposición a la reforma educativa.

El operativo cobró la vida de ocho personas y más de un centenar de lesionados, así como 46 personas afectadas por la exposición al gas lacrimógeno, 35 de ellos menores de edad.