Mario Aburto fue detenido y sentenciado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. ¿Por qué la CNDH recomendó reabrir el caso?
Luis Donaldo Colosio en un acto público en Tlaxcala, en 1993. Foto: Edwin Gibrán/Wikimedia Commons.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reabrir la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para las elecciones presidenciales de 1993, que derivó en la detención y sentencia de Mario Aburto.
De acuerdo con el organismo, la nueva investigación “tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho de verdad individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas, y que el Estado responda por sus actos”.
La decisión, detalló la CNDH, se tomó luego de identificar que el detenido ha sufrido violaciones graves a sus derechos humanos, a su integridad personal y trato digno; además de sufrir actos de tortura e incomunicación y transgresiones al debido proceso.
La Comisión recordó que el 23 de marzo de 1994, Mario Aburto fue detenido en Lomas Taurinas, Baja California, señalado de haber disparado contra Luis Donaldo Colosio, entonces candidato a la Presidencia de la República por el PRI.
Tras su detención, lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y el 25 de marzo de 1994 lo ingresaron al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, y desde el 21 de octubre de 2020 se encuentra en el Cefereso 12 de Ocampo, Guanajuato.
La CNDH puntualizó que hace siete meses, recibió una queja, por parte del agraviado, en la que acusa que desde hace 27 años ha denunciado actos de tortura.
En la denuncia, señaló la comisión, tanto la víctima como sus familiares han manifestado que a Mario Aburto lo han mantenido alejado de su familia, “toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican”.
Luego de realizar una investigación del caso, la Comisión halló que los elementos de la entonces policía judicial federal y los agentes del Ministerio público federal, incurrieron en actos de tortura en contra de Mario Aburto; mientras los médicos “actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos”.
Agregó que también se acreditó que el personal médico y custodios del Cefereso 1 “incurrieron en actos de tortura y que el OADPRS incomunicó al quejoso y lo ha mantenido en Ceferesos lejanos al lugar en donde habita su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos, a la integridad personal y al trato digno”.
El organismo aseguró que también ha tenido responsabilidad en el caso, ya que este abril de 1994 “tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación de actuar y un proceso justo y apegado a derecho, lo cual no ocurrió”.
Finalmente, reconoció a Mario Aburto como víctima de violaciones a sus derechos humanos.
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