La PGR investigó a periodista y defensoras que investigaban matanzas de San Fernando
Antimonumento por los migrantes asesinado en Tamaulipas. Foto: Sáshenka Gutiérrez/EFE.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación en contra de la periodista Marcela Turati, la abogada Ana Lorena Delgadillo y la antopóloga Mercedes Doretti por crimen organizado cuando investigaban asesinatos y las fosas en San Fernando, Tamaulipas, en 2011, reveló este martes el diario The Washington Post.

“La apertura de la investigación otorgó a los fiscales poderes especiales para vigilar a las mujeres. Obtuvieron registros de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto. Luego, la policía federal trazó un mapa de sus comunicaciones”, detalló el medio tras la revisión de 200 hojas del expediente.

The Washington Post recordó que Turati publicó el reportaje “Las tumbas de San Fernando: errores de la Fiscalía General” en la revista Proceso en 2015, en el que consignaba que las autoridades mexicanas no notificaron a una madre sobre el descubrimiento del cuerpo de su hijo migrante, quien había sido encontrado cuatro años.

El medio detalló que la investigación se abrió luego de que la familiar del migrante víctima presentó una denuncia alegando que no le había dado permiso para difundir su caso, el cual podía ponerla en peligro.

“La unidad de crimen organizado abrió una investigación de secuestro como parte del caso de la masacre de San Fernando, aunque no hubo alegatos de que las tres mujeres estuvieran involucradas en algún secuestro. Los investigadores enviaron una orden ‘extra-urgente’ a las compañías telefónicas mexicanas para entregar los registros de todas las llamadas y mensajes de texto iniciados o recibidos por Turati, Delgadillo y Doretti a partir de febrero de 2015, además de información sobre sus ubicaciones durante cada llamada”, detalló el medio estadounidense.

La periodista mexicana sostuvo que se le había permitido hacer uso de la información y que incluso se usó un alias apara proteger la identidad de la mujer, quien también había dejado a la Fundación para la Justicia, de la que es directora Ana Lorena Delgadillo, representarla previamente cuando se le notificó formalmente del hallazgo de su hijo.

La antopóloga Mercedes Doretti consideró que los agentes mexicanos podrían haber estado molestos porque su equipo solicitó una investigación sobre “problemas graves” en el manejo de las tumbas de San Fernando. 

“Creo que estaban buscando algo que pudiera frenar esto”, apuntó.

Consultada por The Washington Post, la Fiscalía General de la República negó haber utilizado cargos de crimen organizado para atacar a críticos y rechazó comentar sobre el caso. 

A su vez, Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación de México, dijo al medio que la investigación “es una clara muestra de la arbitrariedad que reinaba bajo el antiguo régimen y en la [procuraduría general], que criminalizaba a los periodistas y los derechos humanos defensores “.

El medio agregó que Delgadillo presentó una demanda para exigir que se cierre la investigación y se indaguen de la unidad que las investigó.