Bloqueos, linchamientos y desplazamiento forzado por el acceso a los recursos en Oaxaca

“El cheque está en blanco, eso dicen estas gentes, haga el favor el presidente municipal de checar eso y darles fondos”, expresó nervioso Gildardo Bautista, tesorero municipal de San Juan Mazatlán, Oaxaca, mientras un grupo de pobladores lo amarró con una cuerda a un poste amenazando con  lincharlo. Lo retuvieron durante cinco días – del 7 al 11 de noviembre del 2021-,  en la agencia municipal de la Mixtequita, Oaxaca.

Después de reunirse con la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego) y de ver que no se han cumplido los acuerdos, los pobladores de 21 agencias municipales han recurrido a acciones más extremas como bloqueos carreteros, retención de camiones y amenazas de linchamiento, para tener acceso a los recursos de los ramos federales 28 y 33. En respuesta, el presidente municipal Macario Eleuterio Jiménez, que aspira a ocupar su cargo por quinta ocasión, los persigue, criminaliza y desplaza.

El hartazgo de los pobladores ya no se tolera porque, a pesar de las exigencias, el presidente municipal no cumple ni rinde cuentas. Este municipio mixe ubicado en el norte del Istmo de Tehuantepec lo habitan 19 mil 32 personas en 34 agencias municipales.

Por no votar por el PRI y a favor de Macario Eleuterio, una mujer de 55 años de edad llamada Flavia Martínez vivió dos años desplazada de Tierra Negra, agencia de San Juan Mazatlán. En el 2019, la mujer campesina regresó a su hogar. “No puedo hablar ni participar en nada”, dijo. Esas fueron las condiciones de su retorno.

San Juan Mazatlán Mixe se rige por el Sistema Normativo Interno, llamado también “Usos y Costumbres”. En Oaxaca, 417 de los 570 municipios tiene este sistema de elección que se lleva a cabo mediante asamblea a mano alzada o con voto en urnas.

En México, 421 municipios (17% del total) eligieron en 2018 a sus presidentes municipales por el régimen de usos y costumbres y se localizan principalmente en Oaxaca. También hay en Guerrero, Chiapas, Michoacán, Puebla y Baja California Sur.

En el 2018, de acuerdo con una auditoría realizada por el Órgano Fiscalizador del Estado de Oaxaca, San Juan Mazatlán tuvo un ingreso por 84 millones, 491 mil, 707 pesos. De los cuales,  arrojó una observación no comprobable por 14 millones 770 mil pesos.

Los 21 agentes municipales, a través de una asamblea, denunciaron estar hartos de los engaños de Macario Eleuterio y solicitaron su revocación de mandato a las autoridades de la Secretaría General de Gobierno del estado de Oaxaca, pero nada ocurre. La secretaría emitió un exhorto al munícipe mixe para que que entregue los recursos, pero ha hecho caso omiso.

“Vivimos en la impunidad”, denuncia Jorge Vásquez Miguel originario de La Mixtequita, Oaxaca y comisionado de la Asamblea de pueblos de San Juan Mazatlán. Señala que el presidente municipal tiene protección de “allá arriba” refiriéndose al gobierno de Oaxaca, porque nadie le puede exigir que cumpla con su comunidad.

La Asamblea de pueblos de San Juan Mazatlán está conformada por 21 de las 34 agencias municipales, quienes se unieron tras haber sido excluidos de la entrega de recursos. Actualmente ejercen una presión constante ante el gobierno de Oaxaca para que cumpla, pero lo único que han dicho las autoridades estatales es exhortar a Macario Eleuterio a que dé lo que se le exige.

“Aquí falta agua potable, una clínica y que arregle las aulas de los niños. No hay tampoco calles en buen estado ni drenaje”, denuncia Jorge Vásquez al reconocer que el munícipe mixe vive en la impunidad, porque nadie le dice nada a pesar de la violación a los derechos humanos que ejerce en contra de habitantes de las agencias municipales que no son afines.

Por esto, Francisco García López, titular  de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego) confirmó que se emitió una orden de presentación contra el presidente municipal, Macario Eleuterio Jiménez.

Se buscó al presidente municipal de San Juan Mazatlán, Mixe, Macario Eleuterio Jiménez, para contactar una llamada telefónica y entrevistarlo al respecto, pero no hubo respuesta.

Las entidades federativas y los municipios tienen la facultad de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, indica el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También les corresponde contribuir a abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.

Los conflictos por el acceso a recursos en municipios de Oaxaca

San Juan Mazatlán Mixe no es el único municipio oaxaqueño donde hay conflictos por dinero. En la mixteca oaxaqueña está ubicado el municipio de Atatlahuca, enclavado en la montaña alta de esta región. Tiene nueve agencias municipales, pero tres de ellas, Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonuyuji reclaman al presidente municipal la entrega de recursos municipales.

Juan Gabriel Hernández García, agente municipal de Guerrero Grande, dijo que en estos dos años de gestión, el munícipe les ha dado la mitad de lo que deberían recibir, esto es, un millón 200 mil pesos, y no los 2 millones 400, que anualmente reciben como presupuesto acordado en asamblea comunitaria.

Además denunció que para este 2021, el presidente municipal justificó la aportación municipal con la construcción de un domo con gradas, con un costo de un millón 200 mil pesos, sin consultar a los 250 habitantes.

El 21 de junio de 2020, 15 personas fueron asesinadas en San Mateo del Mar, un municipio indígena de la etnia ikoots, en el sur del Istmo de Tehuantepec. Al día siguiente, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, salió a dar su versión de los hechos. Dijo que una de las líneas de investigación era el manejo del presupuesto.

“Es una línea de investigación que está siguiendo la Fiscalía. Es un recurso importante el que recibe San Mateo del Mar, más de 80 millones, y es un tema que permanentemente está en la mesa entre las Agencias Municipales y la cabecera municipal”, afirmó.

Desde antes de 1995, cuando la legislación en Oaxaca reconoció las elecciones a través de los sistemas normativos internos, estas comunidades ya utilizaban el método de usos y costumbres desde muchos años atrás y elegían a sus autoridades por medio de las asambleas generales, tanto al Alcalde Único y también al Presidente Municipal Constitucional, que son sus máximos representantes.

El antropólogo Alejandro Castaneira Yee Ben, quien se ha dedicado por décadas a estudiar a este municipio, encontró antecedentes de esta forma de elección desde el año 1890.

El escritor Francisco López Bárcenas, en su estudio titulado “Las diversidad mutilada”, señala que este método de elección se reconoció desde 1848, cuando fue gobernador el indígena zapoteca Benito Juárez García.

Las batallas legales por transparentar los recursos

El 5 de octubre de 2021, el congreso de Oaxaca reformó y adicionó a los artículos los artículos 44, 68 y 95 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y quedó establecido que el ayuntamiento no podrá retener las participaciones a las Agencias Municipales y de Policía que reciben de manera mensual, según el presupuesto de egresos autorizado en cada ejercicio fiscal, informó el diputado oaxaqueño, Pavel Melendez.

El diputado de Morena explicó que esta reforma trata de fortalecer la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios y establece que habrá sanciones administrativas a quien haga caso omiso.

El antecedente para esta ley, reconoció el legislador, son los conflictos constantes en los municipios tanto por el sistema de partidos políticos como el normativo interno, pero advirtió que las sanciones son de tipo administrativa a quién lo desobedezca.

Reconoció que el castigo que habrá ante quien incumpla esta ley es la de no ejercer su cargo de forma parcial y la retención de recursos municipales por parte del gobierno del estado. Aclaró que no consiste en quitarle el cargo, sino más bien son aspectos administrativos, como es la retención de los recursos.

De acuerdo con el paquete económico 2021 aprobado por el congreso de Oaxaca, el Fondo General de Participaciones (PGP) ascendió a 3 mil 700 millones 754 mil 529 pesos, el cual se distribuyó en los municipios conforme a la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal para el estado de Oaxaca. Para este 2022, el procedimiento apenas comienza, es decir, no se ha aprobado el recurso que recibirá cada uno de los 570 municipios oaxaqueños.

Víctor Ruiz, Jefe de la Auditoría de la Unidad Técnica de  vigilancia del Órgano  Superior de Fiscalización de Oaxaca, recalcó que la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social establece la aplicación de recursos para obras y acciones que beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza; sin embargo, en la aplicación del presupuesto anual, no se toma en cuenta dichas normas de forma equitativa, para el beneficio de las agencias municipales, y es donde pueden ocurrir las anomalías.

Explicó que en todo municipio, ya sea por partidos políticos o sistema normativo interno, existe una priorización de obras, y es donde se cabildea y discute lo que cada comunidad recibirá. Sin embargo, estos criterios se definen bajo la discrecionalidad y sin tomar en cuenta la participación de las comunidades y sus representantes.

Al igual que el diputado oaxaqueño, precisó que es necesario aplicar sanciones más severas como la revocación de mandato, para que así se deje a un lado los conflictos sociales que existen en la entidad por la exigencia de recursos.

“Imagínense llegar al grado de linchamiento, eso es grave” recalcó Ruiz al reconocer que si no se hace una buena aplicación de la ley, se encenderán más focos rojos en la entidad.

La lenta estrategia judicial

El 23 de junio del 2021, Santo Domingo Latani logró un hecho histórico como agencia municipal al obtener un fallo a favor para que se le otorgaran recursos municipales, negados por la autoridad municipal de Santiago Choapam, Oaxaca, en este caso, el síndico municipal.

El agente municipal Adolfo Álvarez Bartolo promovió un amparo ante la sala indígena del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, con fundamento a los artículos 24 de la Ley de la Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca, 59 de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y los acuerdos emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. En su fallo, los magistrados ordenaron al síndico municipal entregar provisionalmente y de manera directa la parte proporcional correspondiente a los ramos 28 y 33.

Por esto, Víctor Ruiz, Jefe de la Auditoría de la Unidad Técnica de vigilancia del Órgano  Superior de Fiscalización de Oaxaca, sostiene que estos casos son muestra de que, aunque es tardado, en los tribunales se ha logrado los recursos se entreguen y destinen a las agencias municipales, siempre y cuando se inicie a tiempo el proceso.

“Es importante que los legisladores atiendan el tema de la aplicación de los recursos, en donde se establezca para los presupuestos municipales los porcentajes que deban destinarse a las agencias de acuerdo a criterios previamente analizados”, reiteró.

Para que esto se logre es clave, dijo, que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ejecute las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del estado en contra de servidores públicos que no hayan aclarado las irregularidades observadas y no quede impune el mal manejo y la aplicación del dinero público.