La defensa de Rosario Robles recurrirá a la Suprema Corte

El caso de Rosario Robles alcanzó este viernes las características necesarias para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción y la resuelva, afirmó su defensa.

El magistrado del Noveno Tribunal Colegiado había ordenado al juez de control Ganther Alejandro Villar revisar el caso para ver si el delito de omisión aún es vigente para acusar a Robles, ya que supuestamente éste se derogó de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en 2015.

Villar Ceballos dijo que el artículo 214 del Código Penal Federal tiene vigencia y no se contrapone con el artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues una es de materia penal y la otra en materia administrativa e hizo mención a la Constitución para validar sus argumentos.

El juez de control determinó en la audiencia de este viernes que no está derogado el tipo penal de omisión en el servicio público en el Código Penal Federal, por lo que resulta improcedente el ejercicio del control difuso que promovió su defensa. En consecuencia, deberá permanecer en prisión.

“Ya tenemos hoy una herramienta importante para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que el pronunciamiento que hace el juez de control es incorrecto para la manera en valorar la Constitución. Hoy me parece que la Corte tiene facultades ya y nosotros así lo vamos a solicitar para que ejerza la facultad de atracción, pues la interpretación que hace ya es de un precepto de la Constitución”, declaró Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, al salir de la audiencia.

A partir de esto, la defensa interpondrá un amparo indirecto, por lo que la etapa de juicio oral de Robles, en donde se le dictará sentencia, quedó suspendido hasta que se resuelva la impugnación.

A Rosario Robles se le han negado otros siete recursos para salir de prisión, en uno de ellos alegó tener síntomas de Covid-19, pero el juez de control Ganther Alejandro Villar le negó la prisión domiciliaria por presunto “riesgo de fuga”.