El crimen organizado es un actor político presente en las elecciones

Las elecciones a nivel local pueden poner en riesgo las redes de protección del crimen organizado en México, que de facto es quien gobierna en varios municipios del país.

Guillermo Trejo y Sandra Ley han estudiado desde la ciencia política los niveles de violencia en México y cómo han aumentado a partir de la alternancia política a nivel federal y estatal.

En su libro “Votos, drogas y violencia. La Lógica Política de las Guerras Criminales en México” (Debate, 2022) comparten hallazgos que permitirían corregir la politización de la estrategia de seguridad que se ha seguido desde el gobierno de Felipe Calderón y que permanece en la actualidad.

En los últimos 20 años se ha intensificado la violencia en cada año electoral en México con el registro de agresiones y asesinatos de políticos y funcionarios. Y este año se llevan a cabo elecciones ordinarias para elegir a las personas que estarán al frente de seis gubernaturas en Hidalgo, Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes y Quintana Roo.

Todos estos estados son gobernados por un partido opuestpo al del gobierno federal y algunos de ellos enfrentan serios niveles de violencia y presencia de grupos del crimen organizado.

Los hallazgos de Trejo y Ley permiten saber que las alternancias partidistas en México han dado pie a una incertidumbre en las redes de protección a grupos del crimen organizado y los grandes carteles empezaron a generar sus propios brazos armados como una forma de autoprotegerse.

“La alternancia partidista en México, la democratización misma en México se entrelaza con la violencia porque genera estas redes de protección que nunca se desmantelaron del pasado autoritario o un presente de democracia electoral, una democracia muy endeble, mínima, e iliberal como la llamamos”, explicó Sandra Ley en entrevista con La Lista.

¿Por qué pasa esto?

La profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) explica que nuestra democracia mexicana tuvo una transición que no estuvo acompañada de una reforma de Estado a nivel de las fuerzas del orden y sólo se enfocó en la alternancia partidista sin estar acompañada de la construcción de instituciones.

Para el 2006, año en el que México tuvo la elección presidencial más cerrada de la historia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, hubo una escalada de violencia. La estrategia se basó en una militarización de la estrategia de seguridad en la que se trabajó de la mano con los gobiernos estatales que eran afines al gobierno federal y que buscaba la legitimidad de su mandato, mientras que en los estados gobernados por la oposición  sí hubo presencia de fuerzas federales pero no hubo el mismo nivel de coordinación con las fuerzas de seguridad a nivel local.

“Nosotros lo que encontramos es una politización de esta proceso de la guerra contra las drogas muy permeado por incentivos electorales y pacifista. (…) Mientras que la violencia se pudo contener e incluso reducir en aquellos estados gobernados por gobernadores panistas, la violencia, por el contrario, se exponenció en aquellos municipios de gobernados por el PRD no así en el paso el PRI”, comentó Ley.

Tal fue el caso de los altos niveles de violencia que se registraron en Guerrero, Zacatecas y Michoacán, entonces gobernados por el PRD, opositor al PAN, en el gobierno federal.

Esto nos dice que se politizó la política de seguridad y tuvo consecuencias para la violencia criminal, agregó. Y estas condiciones de polarización siguen estando presentes.

Bajo este análisis, la centralización de las labores de seguridad, como ha sido la creación de la Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas implica que pueden ser designadas esas fuerzas del orden para apoyar a los copartidistas y no en la misma medida a los gobiernos de la oposición.

“El crimen organizado está operando a nivel local y es a ese nivel en donde tiene información, protección y si la política pública está a nivel, concentrada, centralizada nivel nacional sin esa capacidad de entender lo que ocurre en lo local, entonces no puede permear de la manera”, comentó la investigadora del CIDE.

En el análisis que hicieron de los niveles de violencia, Trejo y Ley hallaron que en cada ciclo electoral se ven picos de violencia de ataques del crimen organizado contra candidatos políticos y funcionarios.

Pero a diferencias de hace 20 años, la violencia criminal no solamente busca redes de protección para sus actividades ilícitas, los grupos del crimen organizado han evolucionado y en los últimos años se han vuelto actores politicos no ideológicos que buscan el control político y económico de los territorios a través de las y los candidatos que llegan a ser elegidos.

Por ello, dijo Ley, “es importante prestar atención no solamente en este punto de las elecciones que tendremos este verano, sino también después de las tomas de posición que también es un momento e importante para el río un organizador para empezar muchas de estas negociaciones”.