La Auditoría Superior de la Federación dijo que hay incoherencias entre las vacunas de Covid-19 recibidas y las distribuidas a los estados
27/12/2020. Foto: José Pazos/EFE.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el plan del gobierno federal para adquirir, recibir, almacenar y distribuir las vacunas contra el Covid-19.
El órgano auditor alertó que hay incoherencias entre el número de vacunas de Pfizer que entraron y salieron del Instituto Nacional de Cancerología, donde eran resguardadas al principio de la emergencia sanitaria. En el caso de las vacunas de AstraZeneca no hay uniformidad en los registros de distintas dependencias del gobierno.
“Respecto del almacenamiento de la vacuna Pfizer, se observaron diferencias en el registro del número de dosis de las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología que fue el encargado de resguardar las dosis de la vacuna”, señaló la ASF en su auditoría de cumplimiento 2020-5-12R00-19-0237-2021.
“De la vacuna AstraZeneca existen diferencias en los números de dosis y de lote de la vacuna al comparar la información proporcionada por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) contra la de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y del número de lote contra la de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex)”, añadió el informe.
La Auditoría también advirtió que en el proceso de la distribución de las vacunas hay irregularidades en las cifras que presentaron los coordinadores de la Brigada Especial de Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Sonora.
“Respecto de la distribución de las dosis de vacunas a las entidades federativas, existen incongruencias entre la información proporcionada por 10 Coordinadores de la Brigada Especial Estatales en el registro del ingreso de lotes de dosis de vacunas, ya que se reportan cantidades de más, de menos, o sin registrar, conforme a lo distribuido por Birmex”, indicó el informe.
Estos señalamientos fueron hechos por la ASF como parte de los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, correspondientes al segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los hallazgos fueron dados a conocer el pasado domingo 20 de febrero.
Además de detectar anomalías en los registros de vacunas recibidas y distribuidas en el país, la ASF cuestionó que el Censia no dio seguimiento a las acciones que realizó Birmex en cuanto al transporte, almacenamiento, acondicionamiento y destino de la vacuna de AstraZeneca.
El Censia es una dependencia de la Secretaría de Salud y está encargada del Programa de Vacunación Universal. A pesar de esto, la ASF detectó que el Censia tampoco tuvo un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología para resguardar las vacuna de Pfizer.
“De la distribución de las dosis de la vacuna Pfizer a las entidades federativas, al 31 de julio de 2021, (corte de información de la auditoría) no se proporcionó la totalidad de la información de dichas salidas por parte del Censia”, señaló el informe del órgano auditor.
Durante la emergencia sanitaria de Covid-19 el Censia ha sido una dependencia de bajo perfil. El 18 de enero del 2021, Miriam Esther Veras Godoy, la titular de esta institución, presentó su renuncia por motivos personales.
Esto ocurrió justo tres semanas después de haber arrancado el plan de vacunación. Incluso Veras Godoy inauguró la segunda jornada de inmunización el 27 de diciembre en el 81 Batallón de Infantería de la capital.
A las fallas del plan de recepción y distribución de vacunas se suman los problemas que hubo en el proceso de adquisiciones de insumos médicos, contratación de personal, establecimiento de hospitales temporales y otras acciones relacionadas con la pandemia.
La ASF estimó que durante el 2020 hubo una afectación de más de 3 mil 500 millones de pesos en México por el mal manejo de los recursos públicos que habrían hecho por lo menos cinco dependencias federales.
Las instituciones que incurrieron en las anomalías son el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
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