Tribunal de Guanajuato revoca freno a la transferencia de la GN a Sedena

Un tribunal de Guanajuato revocó la suspensión provisional para detener el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito revocó la suspensión que otorgó Karla Macías, jueza novena de distrito en Irapuato, que especificaba que el control de la Guardia Nacional se debe mantener en la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), como señala el artículo 21 de la Constitución Política; además, que se debía devolver a la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez.

En caso de que la jueza conceda la suspensión definitiva, el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena sería aplazado por tiempo indefinido debido a que la revisión tardaría algunas semanas.

El 13 de octubre, la jueza otorgó una suspensión provisional a un grupo de organizaciones para frenar la transferencia operativa y administrativa de la Guardia Nacional. Y se dio a organizaciones como Uniendo Caminos México, Unión Cívica 1, Firma Jurídica AC&AC Asociados, Toril, EeK y otras. 

El mismo día, la Cámara de Diputados de México aprobó en los primeros minutos de este jueves el dictamen que mantendrá hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aprobado en lo general y en lo particular con 339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones el proyecto decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto que deroga diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia de Guardia Nacional”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

El pasado 10 de septiembre, el mandatario mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asume el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

Mientras, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó también su preocupación por la aprobación de esta reforma y consideró que es un “retroceso” para la seguridad pública basada en los derechos humanos.

La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha causado polémica en México por afrontar acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza.