La determinación fue tomada por Karla María Macías Lovera, jueza Noveno de Distrito, con residencia en Guanajuato.
Elemento de la Sedena durante el desfile militar del 16 de septiembre. Foto: Gobierno de México.
Una jueza federal rechazó revocar la suspensión definitiva que organizaciones civiles obtuvieron para evitar que la Guardia Nacional pase al control operativo y administrativo del Ejército.
La determinación fue tomada por Karla María Macías Lovera, jueza Noveno de Distrito, con residencia en Guanajuato.
Hace unos días, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) interpuso un recurso de revocación a la suspensión definitiva que un juez había otorgado a organizaciones, en octubre de 2022, para detener el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército.
La solicitud se sustentaba en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había avalado el acuerdo presidencial con el que se ampliaba la presencia de las Fuerzas Armadas en áreas de seguridad pública.
Pero, la jueza determinó que la petición no era aplicable, pues la resolución de la SCJN no en torno a un hecho superveniente, para modificar o revocar la decisión.
Además, recordó que la Corte, en la ponencia de Margarita Ríos Farjat, no analizó “ni la validez ni la pertinencia de dicha reforma constitucional, tampoco la decisión le constituyente permanente de permitir que las fuerzas militares auxilien durante ese periodo de la consolidación de la Guardia Nacional, sino la validez o invalidez del acuerdo”.
El pasado 13 de octubre, la jueza Macías Lovera otorgó una suspensión provisional a un grupo de organizaciones para frenar la transferencia operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Sedena.
Con la suspensión provisional, la Guardia Nacional quedó bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y no de la Sedena, y en caso de que ya se hayan destinado ruchos para el cambio, estos deberán ser restituidos a la dependencia al mando de Rosa Icela Rodríguez.
Las organizaciones que promovieron el amparo fueron Uniendo Caminos México, Unión Cívica 1, Firma Jurídica AC&AC Asociados, Toril, EeK, entre otras.
Posteriormente, en un comunicado aseguraron que los militares no cuentan con la formación necesaria para llevar a cabo tareas de seguridad pública.
El pasado 10 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asume el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
Mientras, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó también su preocupación por la aprobación de esta reforma y consideró que es un “retroceso” para la seguridad pública basada en los derechos humanos.
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