El millonario y opaco negocio de la salud pública

Ninguna empresa farmacéutica en el mundo publicó el precio real de las vacunas para atender la crisis sanitaria mundial por Sars Cov 2 o COVID-19, y México no fue la excepción. Incluso, las farmacéuticas hicieron uso de las herramientas judiciales disponibles para que dicho costo no fuera público. 

En México, por ejemplo, sólo podemos saber el costo tentativo, de dos de los ocho contratos que el país había firmado hasta 2022. No obstante, gracias al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés), podemos saber que el costo tentativo de las vacunas adquiridas por este mecanismo oscila entre los 3.9  y 3.12 dólares. Sin duda, esa era la ruta más transparente. Sin embargo, a pesar de la voluntad de los mecanismos internacionales, el cálculo real no puede realizarse con todas las fórmulas adquiridas, es decir las privadas, que por lo general son las más costosas, tampoco podemos saber el motivo del por qué, para estas empresas, algunas de sus fórmulas resultan más costosas que otras.

Las cifras oficiales. Hasta el 14 de marzo del 2021, el Gobierno Federal había invertido 40 mil millones de pesos (mdp) en vacunas para atender la crisis sanitaria por Covid-19. Un año después, el mismo gobierno aseguró que México ya había adquirido 243 millones 930 mil de dosis de vacunas. Sin embargo, la suma revelada por las autoridades no contempla otro tipo de gastos relacionados a la aplicación como el traslado, el almacenamiento, los insumos (jeringas, algodón, etcétera), gastos en campaña de vacunación y personal operativo por lo que los costos reportados únicamente reflejan la transacción.

El primer dato fue revelado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una conferencia de prensa efectuada en el municipio de Tequila, del estado de Jalisco. Sobre la cantidad de dosis, fue público gracias a la página de datos abiertos del Gobierno Federal referente a COVID. Respecto al cálculo de costo de vacuna, luego de solicitar vía transparencia acceso a las versiones públicas de los contratos realizados entre el gobierno de México, y las farmacéuticas o intermediarios, que realizaron los procesos de compra/venta en todo el mundo, se pudo dividir el monto total adquirido contra el costo total, sólo de los contratos realizados vía Covax.

El problema es, que hasta ese momento, no existía (ni existe aún) algún método público para verificar dicha información de compra ocurrida en los seis contratos restantes que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos. En el más reciente informe realizado por PODER, El negocio de las vacunas, es posible conocer detalles sobre algunos de los contratos publicados por la SRE, documentos adquiridos por las unidades de transparencia, así como los acuerdos que emiten los organismos de comunicación pública. Empero, esta información en un origen tampoco era pública. 

Los contratos se habían solicitado por la sociedad civil desde 2020 pero el Gobierno Federal, respaldando los intereses de las farmacéuticas, reservó la información hasta por cinco años. Recién este 2023 se puso a disposición algunas de las versiones públicas de los contratos, que sin embargo, ocultan información importante como el monto total y el costo por unidad de las vacunas.

En el trabajo publicado en junio de 2022 por PODER, se puede leer toda la información respecto a los costos de vacunas COVID-19, que el área de investigación, logró sistematizar y desclasificar. Y advierten sobre la opacidad del proceso:

“Actualmente están disponibles las versiones públicas de 5 contratos entre farmacéuticas, el mecanismo COVAX y el gobierno de México. Todos los contratos fueron solicitados mediante solicitudes de acceso de la información sin recibir respuesta positiva, sin embargo, al ser información de interés público el INAI liberó las versiones públicas con restricciones de confidencialidad y reserva de datos”, cita el documento.

AstraZeneca firmó contrato el 12 de octubre de 2020 con el gobierno mexicano por 77.4 millones de dosis (Gobierno de México, 2020b), por el cual México pagó 309 millones de dólares (mdl). Respecto a Pfizer, México firmó contrato el 30 de noviembre de 2020 con el gobierno mexicano por 34.4 millones de dosis (Gobierno de México, 2020e) y el 11 de diciembre de 2020 recibió autorización de uso de emergencia por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  (Cofepris).

Sobre la fórmula de CanSino Biologics Inc., México firmó contrato el 08 de diciembre de 2020 con el gobierno por 35 millones de dosis de la vacuna Ad5-nCov. El contrato especifica que es LATAM Pharma la que nombraría a una filial como su representante para llevar a cabo la fabricación (llenado y acabado) desde el producto a granel hasta el producto terminado, incluyendo la obtención de las aprobaciones necesarias del producto en el territorio.

En cuanto a SINOVAC, PODER reporta que el 4 febrero de 2021, la Secretaría de Salud de México, a través del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y la empresa Sinovac Life Sciences Co. Ltd., filial de la empresa Sinovac Biotech Ltd., a través de su director general, Qiang Gao, firmaron un acuerdo de compra y suministro para obtener 10 millones de dosis de la vacuna CoronaVac. Además el 12 de marzo de 2021 se firmó un acuerdo complementario por 10 millones de dosis más

Finalmente, el reporte de PODER explica sobre el contrato de COVAX que se firmó el 18 de septiembre de 2021 con el gobierno mexicano por 51.5 millones de dosis, por el cual México pagó 159.8 millones de dólares equivalente a 3.1 dólar por dosis. Este último es el más transparente de todos. Y según lo revela la plataforma de comunicación social del Gobierno de México, con todos esos contratos, se han vacunado  83 millones de personas.

La SCJN da razón a farmacéuticas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) da la razón a las autoridades y resolvió que por motivos de seguridad nacional se debía reservar la información referente a los contratos que ha hecho el Gobierno Federal para la compra de vacunas contra COVID-19, al menos por cinco años. Gracias a ese resolutivo, a las y los mexicanos nos resulta imposible conocer los costos reales de la pandemia.

Para el especialista en salud pública y director del colectivo CeroDesabasto y #Nosotrxs, Andrés Castañeda, lo que permea durante la crisis sanitaria es la opacidad: “Específicamente en el apartado de COVID, no tuvimos muchos reportes de desabasto y eso en general es una buena noticia. En las grandes ciudades, cuando ya estaba implementada la política de vacunación que por cierto -llegó tarde-, es decir, una vez que se estableció a quién, cómo y cuándo, no hubo mayor problema y eso sí hay que celebrarlo.

“Pero todo depende de como evaluemos la estrategia (…) Por ejemplo, nunca hubo una política sobre cómo se iba a inmunizar al sector salud de la industria privada. En el proceso de cómo se decidía, si se autorizaba o no un fármaco y cuál se compraba, eso fue un proceso muy cerrado. A la fecha sigue protegida (la información) sobre los costos y demás. Y si bien no es un problema solo de México, aquí se replicó el modelo. Creo que esa crítica sigue vigente porque es anteponer los intereses políticos, a lo que sería mejor en términos de salud”, explica el especialista.

Las quejas del director de #Nosotrxs se deben al resolutivo 17/2022, en manos de PODER, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un recurso de revisión en materia de Seguridad Nacional respecto de la clasificación de información contenida en contratos y comprobantes de pago de vacunas contra el virus Sars-Cov-2.

Los magistrados resuelven en dicho documento que “la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país”, cita el documento.

Empresa de almacenamiento y traslado, no pudo con su oficio

Para el Gobierno de México, los sistemas de almacenamiento y traslado de las vacunas, tampoco fueron transparentes. Según los reportes de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el apartado de Contratos de obras, bienes y servicios correspondientes a Birmex (empresa del estado encargada de almacenar y distribuir insumos para la salud como medicamentos), la paraestatal subcontrató a la firma Almacenadora y distribución universal S.A.P.I. de C.V. (ADUSA) para cumplir con el servicio de distribución de logística para transporte de vacunas COVID-19.

El contrato fue realizado el 01/04/2021 por adjudicación directa y se entregó un monto de 13 millones 920 mil pesos (impuestos incluidos), sin embargo, a pesar de que dicho acuerdo se encuentra en el repositorio de obligaciones fiscales, el documento simplemente no existe o la plataforma de datos abiertos de Birmex no funciona. 

Según el discurso del propio presidente: “El plan de distribución de la última milla y con la ayuda de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Birmex, han distribuido en 16 estados en lo que va del año (2022) 15 millones 872 mil 740 piezas para abastecer mil 408 unidades estatales de salud”, comentó Andrés Manuel López Obrador. Y aunque subcontratar empresas para realizar proyectos que las instituciones deberían cumplir, no es ilegal, la irregularidad radica en que los contratos con dicha empresa no son públicos.

Es decir, Birmex en realidad no repartió vacunas, sino que contrató empresas para hacerlo, además de ocultar información sobre los contratos (o simplemente no cumplieron con la Ley de Acceso a la Información) que debería ser pública.

Según lo reportado en la plataforma QuiénEsQuién.wiki desarrollada por PODER, entre 2010 y 2021 este es el único contrato realizado por el Gobierno de México a la firma ADUSA que contempla entre sus clientes a OfficeMax, PartyCity, Pepe Jeans, pero ningún servicio de traslado de medicinas. PODER solicitó entrevista a la empresa para conocer los pormenores de la adjudicación pero hasta el momento del cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Debido a todas estas anomalías, principalmente de transparencia, resulta imposible conocer a fondo los costos operativos y contractuales de las vacunas para controlar una pandemia que a México ya le costó 334.506 vidas.

Este es un reportaje de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Palta) –coordinada por OjoPúblico (Perú), y en la que participaron Perfil (Argentina), Repórter Brasil (Brasil), LaBot (Chile), La Silla Vacía (Colombia), Ojoconmipisto (Guatemala), Poder (México) y La Diaria (Uruguay).