Exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a cumplir su promesa para localizar a los jóvenes.
Familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Foto para EFE de Isaac Esquivel.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, y activistas peregrinaron este martes a la Basílica de la Virgen de Guadalupe para pedir justicia y denunciar la impunidad del caso pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los miles de manifestantes marcharon durante “La 111 acción global por Ayotzinapa” por algunas de las principales calles de Ciudad de México (CDMX), donde portaban una gran manta roja con la palabra “impunidad” mientras gritaban “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
“A la fecha, se tiene la esperanza de que vuelvan, de que regresen los 43 compañeros con su familia”, dijo uno de los portavoces de la marcha de Ayotzinapa hacia la Basílica a través de un altavoz mientras los participantes portaban fotografías de los desaparecidos.
La marcha ocurre tras cumplirse, el 26 de septiembre pasado, 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en el sureño estado de Guerrero en 2014, un caso que sigue sin resolverse.
El aniversario se dio en medio de tensión con el Gobierno, pues las familias piden que el Ejército entregue información que todavía no ha remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), pero el presidente López Obrador ha defendido a las Fuerzas Armadas, lo que ha creado roces con los activistas.
Al llegar a la Basílica, el obispo Raúl Vera, conocido por ser defensor de los derechos humanos, ofició una misa en la que les pidió “ser valientes” y “no cansarse de luchar”.
“Son personas que están buscando un México distinto, de paz, no de desigualdad”, manifestó.
La resolución del caso de Ayotzinapa es uno de los grandes pendientes del presidente López Obrador, quien ha reconocido que es una de sus promesas incumplidas pese a defender los avances en la investigación.
La Comisión de la Verdad del Gobierno reconoció el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles de Gobierno, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado.
La polémica creció este año tras la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación por el rol que tuvieron los militares.
-Con información de EFE.
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