‘Juicio político no es mecanismo al servicio del Gobierno’: Jufed a FGR

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respaldó el trabajo del juez de Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, y expuso presuntos errores que ha cometido la Fiscalía General de la República (FGR) en casos contra presuntos integrantes del narcotráfico.

Al responder al Gobierno de México por la denuncia de juicio político contra el juez de Tamaulipas, Contreras Martínez, por supuestas acciones irregulares que han favorecido a grupos criminales; la Jufed aseguró que la autoridad judicial actuó con apego a la ley y acusó intimidación.

“La solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del Gobierno en turno para controlar o acechar al Poder Judicial porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras”, mencionó la Jufed en un comunicado.

En el documento, los jueces y magistrados detallaron que la FGR cometió varias irregularidades al momento de presentar pruebas contra presuntos delincuentes; uno de ellos estaría vinculado con el secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas.

“La imputación de la FGR se encuadró a los ilícitos encontrados en el inmueble cateado (dos armas largas, 257.8 gramos de clorhidrato de cocaína) y con ello se resolvió la situación jurídica, en el que no superó ni el estándar bajo el que se encuentra la representación social para vincular a proceso a una persona”, aseveró la Jufed.

Además, mencionaron que la FGR actuó contra el debido proceso porque el acusado no tuvo una defensa adecuada y ésta solicitó un receso por más de dos horas para poder comunicarse con su representado y acceder a la carpeta de investigación.

Entre otras presuntas inconsistencias, la Jufed mencionó la falta de documentos para vincular a proceso al presunto integrante del grupo criminal.

“El único indicio encontrado en el domicilio cateado (licencia de conducir), documento que resultó ser apócrifo con la información de la autoridad que expide dichos documentos y, con ello, afirmar que ahí vivía o habitaba en el inmueble, sin que haya realizado actos encaminados para acreditar la residencia… la Fiscalía no recabó dato de prueba que corroborara su dicho”, aseveraron los jueces y magistrados.

Por ello, la Jufed reiteró que el juez de Tamaulipas actuó apegado a los principios constitucionales.