Armando Hernández Cruz busca llegar al TEPJF pese a señalamientos por tráfico de influencias
En 2016 se le denunció por presuntamente utilizar su influencia como magistrado para beneficiar a su hermano Omar Hernández Cruz.
Armando Hernández Cruz, exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) y actual funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aspira a convertirse en magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pese a haber sido acusado en 2016 por presunto tráfico de influencias.
Desde noviembre de 2024, Hernández Cruz funge como coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos en la CNDH. Además, se desempeña como profesor de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su postulación al máximo tribunal electoral se da en medio de cuestionamientos sobre su conducta en el pasado.
¿Cuáles son las acusaciones contra Armando Hernández Cruz?
En 2016, Ana Juana Ángeles Valencia, entonces diputada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentó una denuncia en su contra por presuntamente utilizar su influencia como magistrado para beneficiar a su hermano Omar Hernández Cruz, quien fungía como asesor “A” en la Contraloría del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Según la legisladora, Omar representó un caso derivado de las elecciones de 2015, pese a estar impedido legalmente para litigar.
La denuncia se originó a raíz de otra presentada el 9 de mayo de ese año por Eunice Sierra Ocampo, ex candidata del Partido Humanista, quien acusó a Omar Hernández de acoso sexual. De acuerdo con Sierra Ocampo, Armando Hernández, quien había sido su asesor de tesis en la maestría, le sugirió contratar a su hermano como abogado sin advertirle que estaba imposibilitado para ejercer debido a su cargo en el IEDF.
Ante estos hechos, Ángeles Valencia pidió investigar si el entonces magistrado mantenía vínculos con el despacho de su hermano, y si existieron otros casos electorales manejados bajo el mismo esquema. Argumentó que había elementos suficientes para configurar el delito de tráfico de influencias, conforme al artículo 271 del Código Penal del Distrito Federal.
En 2017, Hernández Cruz también enfrentó cuestionamientos durante el proceso para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). La organización INCIDE Social manifestó su preocupación por la negativa del entonces aspirante a hacer públicas su trayectoria, así como sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
La misma organización recordó que, en junio de 2016, Hernández Cruz promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de evitar la obligatoriedad de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, lo que generó dudas sobre su compromiso con la transparencia.