Lo acusan de secuestro exprés.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) confirmó que el alcalde de Toluca, Raymundo Martínez, está prófugo.
Las autoridades estatales lo buscan desde la madrugada del 25 de noviembre por presuntamente ordenar el secuestro exprés de su suegro, identificado con las iniciales O.E.R.C. y quien se desempeñaba como servidor público del ayuntamiento de Toluca.
“El pasado 12 de abril, por instrucciones de Raymundo “N”, policías municipales del ayuntamiento de Toluca, habrían ingresado sin mandamiento judicial alguno o causa justificada, a las oficinas particulares de O.E.R.C. y lo habrían privaron de su libertad para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal”, mencionó la fiscalía mexiquense en un comunicado.
La expareja del alcalde de Toluca, Viridiana Rodríguez, denunció el hecho ante el Ministerio Público. Además, hizo pública la información a través de un video en redes sociales.
El funcionario supuestamente amenazó a su expareja para que le entregara información personal a cambio de la libertad de su padre.
“Al mismo tiempo que la víctima se encontraba privada de su libertad, Raymundo “N” estableció comunicación con la denunciante para exigirle, mediante amenazas y uso de lenguaje ofensivo, la inmediata devolución de documentos de carácter personal condicionando la libertad de la víctima a esta exigencia. Ante la gravedad de las amenazas, D.V.R.R. entregó la documentación”, aseguró la dependencia.
Por ello, desplegaron un operativo para detener a Raymundo Martínez. Sin embargo, después de tres cateos en Toluca y Metepec, así como en el Palacio Municipal, no localizaron al alcalde. Horas más tarde, las autoridades mexiquenses solicitaron la ayuda de la Interpol y el Instituto Nacional de Migración para detener al servidor público.
“Cabe señalar que toda persona que brinde refugio, oculte o facilite la fuga de algún probable responsable de delito diverso con el propósito de que este no enfrente la justicia, estaría cometiendo el ilícito de encubrimiento, el cual será sancionado en términos de lo establecido en el artículo 149 del Código Penal vigente en la entidad, pena que se agrava hasta en una mitad en caso de que sea cometido por un servidor público.
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