El gobierno federal propone congelar plazas para 2023
La medida incluye que no se crearán más plazas excepto las que sean resultado del cumplimiento de reformas jurídicas o casos de emergencias.
Como una de las medidas de austeridad, el gobierno federal propone en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF) 2023 congelar plazas para el próximo año fiscal.
En su capítulo sobre austeridad, precisa que esta disposición no incluye las plazas que sean resultado de reformas jurídicas o aquellas que tengan como fin atender situaciones de carácter emergente.
Esta salvedad incluiría las plazas necesarias para poner en marcha la reforma laboral, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana o la eventual aprobación de la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“No crear plazas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada para tal fin en este Presupuesto de Egresos, o que sean resultado del cumplimiento de reformas jurídicas; por determinación de la Secretaría en los supuestos en que las mismas generen los ingresos para cubrir su gasto respectivo, o bien, que tengan como finalidad atender situaciones de carácter emergente o contingente. Asimismo, la Secretaría podrá autorizar modificaciones al presupuesto para la creación de plazas para prestar los servicios de salud”, señala en el artículo 9, fracción I, incluidos en el capítulo de las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria.
Con excepción de los casos previstos en ese apartado, las dependencias y entidades no se crearán plazas en nivel alguno, señala la propuesta de PEF 2023 presentada este jueves ante la Cámara de Diputados.
Con respecto a los rubros de educación y salud, el mismo proyecto indica que los recursos del Ramo 25 de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, incluyen las medidas económicas que se requieran para la cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema educativo.
Lo mismo ocurre con las previsiones incluidas en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), las cuales incluyen los recursos para cubrir las medidas económicas que se requieran para la cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema de salud.
Freno a estímulos por término de encargo y lupa a las nóminas
El proyecto señala que los ejecutores del gasto federal deberán reportar en el informe de la Cuenta Pública sobre los tabuladores y las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos a su cargo y, en los casos correspondientes, al personal militar; personal de enlace; así como personal operativo de base y confianza, y categorías, especificando los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.
Además, las dependencias y entidades deberán reportar a la Secretaría la información sobre las plazas ocupadas de su plantilla autorizada, para tener un control presupuestario de los servicios personales.
En tanto, señala que los Poderes Legislativo y Judicial, las dependencias y entidades, así como los entes autónomos (INE, CNDH, Banxico, Inegi, entre otros), deberán abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos a su servicio, con motivo del término de su encargo, o bien por el término de la administración correspondiente.
También prevé que con motivo de reestructura en la Administración Pública Federal sí se podrán traspasar las plazas necesarias de las dependencias y entidades, que asuman funciones de otras que se transformen, compacten, eliminen o sean creadas, bajo la autorización presupuestaria de la Secretaría, conforme al mecanismo presupuestario que establezca para dichos fines;
La propuesta pone especial atención a la ocupación de plazas en toda la administración pública, pues indica que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil del mes de febrero, la estructura con la desagregación de su plantilla total, incluidas el personal operativo, eventual y el contratado bajo el régimen de honorarios, en el que se identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social que se otorguen.
A esta medida estarán sujetos los los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, quienes deberán dar a conocer en ese mismo plazo, el manual que regule las remuneraciones para los servidores públicos a su servicio, incluyendo a los diputados y senadores del Congreso de la Unión; ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; magistrados y jueces del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura Federal; Presidentes y miembros de los órganos de gobierno de los entes autónomos.