Guerra Sucia: gobierno reclasifica delitos y SCJN ordena a FGR investigar
Agregaron el delito de desaparición forzada.
El gobierno de México incluyó la desaparición forzada en los delitos a investigar por la llamada Guerra Sucia, referente a violaciones graves a derechos humanos cometidas por las autoridades contra disidentes políticos entre 1965 y 1990.
Las carpetas de investigación por crímenes cometidos en esos periodos estaban iniciadas por secuestro, privación ilegal de la libertad o abuso de autoridad.
Las autoridades realizaron desde marzo “la traslación de tipos penales para que se juzgue a personas por delitos cometidos por la llamada Guerra Sucia, sin que el transcurso del tiempo sea impedimento para sancionarlos”, mencionó la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de un comunicado.
⭕#GobernaciónInforma | Reclasifica @GobiernoMX delitos cometidos en el periodo de la guerra sucia; se seguirá impulsando la justicia y el derecho a la verdad.
— Gobernación (@SEGOB_mx) June 12, 2024
•Por décadas, las denuncias de personas desaparecidas por la guerra sucia se iniciaron por secuestro, abuso de… pic.twitter.com/tpFk3XNz2j
La dependencia agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha radicado 244 expedientes; mientras que el Comité para el Impulso de la Justicia, integrado por la Segob, FGR, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda; trabaja en la verificación documental, análisis de contexto por patrones, búsqueda e inhumación.
A la par, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas, así como a Flavia Cabañas Gómez; familiares del guerrillero Lucio Cabañas y quienes denunciaron ser víctimas de tortura y detención por parte de integrantes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).
El proyecto avalado por cuatro votos, y elaborado por el ministro Juan Luis González Alcátara Carrancá, considera “imprescriptibles” los delitos cometidos durante la Guerra Sucia ante posibles crímenes de lesa humanidad.
El fallo ordena a la FGR investigar los delitos de dicho periodo en 12 meses. Además, la dependencia deberá informar cada dos meses a un juez los avances de las mismas.