La ASF se hace de la vista gorda: caen auditorías, montos y denuncias
Desde que David Colmenares comenzó su gestión frente al órgano de fiscalización, el número de auditorías, montos observados y denuncias ha ido disminuyendo.
Desde que David Colmenares comenzó su gestión frente al órgano de fiscalización, el número de auditorías, montos observados y denuncias ha ido disminuyendo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuvo un rol central en el combate a la corrupción en el sexenio pasado, pero desde que David Colmenares Páramo comenzó su gestión frente al órgano de fiscalización, en marzo de 2018, el número de auditorías, montos observados y denuncias ha ido disminuyendo.
Bajo su administración, en junio de 2020 durante la pandemia, no se presentó por primera vez un informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, desde que en 2016 se establecieron tres entregas parciales anuales. Y el pasado junio de 2023 se presentó la cifra más baja de informes de auditoría individuales, 86, y el monto observado fue de apenas 61.5 millones de pesos en 2022.
Para Muna D. Buchahin, investigadora forense, responsable de la investigación sobre el desvío de recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el esquema conocido como la “Estafa Maestra”, la falta de fiscalización es simplemente consecuencia de “un pacto de impunidad” desde el momento que nombraron a Colmenares como auditor superior en el gobierno pasado.
“Si bien la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de revisar en toda la administración, estatal, federal y municipal, pues únicamente se ha centrado en desarrollar a modo muy pocas auditorías y de baja calidad”, dice Muna D. Buchahin en entrevista con La-Lista.
La doctora en derecho comenta que no solamente bajó la fiscalización sino que las escasas auditorías que se realizan se hacen con la finalidad de no observar nada y muestra de ello es el “monto insignificante” del más reciente informe.
Con el paso de los años el número de auditorías fueron disminuyendo. Por ejemplo, en junio de 2018, la primera entrega de la fiscalización de la cuenta pública incluyó 344 informes indivuduales; en junio de 2019 fueron 268; en junio de 2020 no se entregó por la pandemia, y en 2021 fue ya de 125 y 2022 de 207.
Mientras que los montos observados por irregularidades en las entregas anteriores de los mismos periodos eran de miles de millones de pesos, tan solo en junio de 2018 fue de 11 mil millones de pesos y en el mismo mes de 2019 de 10 mil millones. Pero a partir de 2021 cayó el monto, que fue de 466 millones y en 2022 de 920 millones de pesos.
Pero la exdirectora de la Dirección General de la Auditoría Forense de la ASF apunta también a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, “que legitima todos estos actos indebidos, y al no haber quién castigue, quién sancione, porque son los mismos, pues evidentemente todos esos malandros en la cueva están de fiesta, ya lo he dicho”.
Para muestra, Buchahin cuenta que hace 2 años y tres meses presentó una denuncia administrativa ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) y la Comisión de Vigilancia contra Colmenares y una serie de funcionarios por irregularidades, como falsificación de documentos y uso indebido de recursos, pero no ha caminado porque los titulares le respondieron que no querían meterse en “una cuestión personal”.
“La negativa de investigar que tienen por supuesto los diputados, las complicidades, el encubrimiento, todo eso que tiene que ver con beneficios y las prebendas, y todos ganan, porque los gobernadores, los gobiernos, prefieren no decir las cosas, a mí me han dicho, es cierto todo esto, pero así no nos auditan, no los queremos encima”, revela.
Añade que el resultado de estas complicidades es que “no hay investigación, no hay auditorías forenses, no hay mapeos, no hay señalamientos, no hay denuncias de hechos, han prescrito millones de pesos de sexenios anteriores”.
“El nivel máximo fue cuando no entregó la Cuenta Pública, el informe, en plena pandemia. Eso era de una inmediata remoción de él y todo el primer nivel”, acusa. “Se pusieron de acuerdo para decir que no hay informe, pero se gastaron el dinero del presupuesto”.
En cuanto a las denuncias, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 204 denuncias penales en este sexenio, pero solo 14 son contra dependencias federales por posible quebranto a la Hacienda Pública en el gobierno actual. De las 190 restantes 186 son del sexenio pasado y cuatro de gobiernos locales.
Con corte al 31 de marzo de 2022, el ente fiscalizador había presentado un total de mil 112 denuncias de hechos que involucran las Cuentas Públicas de 1998 a 2018, así como 85 relacionadas por la Simulación de Reintegros. Sin embargo, solo 20 de ellas habían derivado en una sentencia y 32 se habían judicializado, de acuerdo con la Unidad de Evaluación y Control (UEC), órgano de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados.
Las 14 denuncias que la ASF ha presentado contra esta administración son por el desfalco multimillonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y su filial Diconsa, y ocurrieron hasta 2022. Lo anterior, pese a que las irregularidades fueron detectadas por la Auditoría desde 2019 y siguieron durante 2020 y 2021.
El monto total de esas querellas es de 15 mil millones de pesos por un posible daño patrimonial que suma el doble detectado en el caso conocido como la Estafa Maestra, que fue de 7 mil millones de pesos.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a finales de junio pasado que se trata de la trama de corrupción más “escandalosa” de su gobierno. Aunque defendió al extitular de la dependencia, Ignacio Ovalle, en cuya gestión la ASF detectó el fraude.
La degradación de la Auditoría es tal, de acuerdo con Muna Dora Buchahin, que no duda en afirmar que debería de desaparecer para dar paso a una nueva institución.
“Porque ya está rebasada y corrompida. Tendría que ser una nueva con las mejores prácticas, asegurando que quien esté a cargo de esto tenga la ética, y tendría que tener otro método de fiscalización, ¿por qué otro método? Porque ya se quedó en la prehistoria, tendría que fiscalizar en cualquier momento”, opina.
Lo anterior en referencia a los tres informes al año que tiene que entregar la ASF, pues según la investigadora, eso sólo partidizó los informes de auditoría y la planeación se tendría que hacer basada en riesgos, hechos y denuncias, “porque sería un contenedor de la corrupción”.
“El día que esta nueva institución nazca y se vaya creando, la historia puede ir cambiando”, remata.