La lucha contra el huachicol subió los niveles de extorsión en Guanajuato
Por: Alejandra Crail
Hasta la puerta del negocio de Humberto V. una persona desconocida llevó una nota con un mensaje simple: “Favor de llamar a este número o aténgase a las consecuencias”. El hombre que se había mudado de la Ciudad de México al estado de Guanajuato para montar un negocio propio en 2013 supo en ese instante que no hacer esa llamada podría costarle la vida. Rememora a grandes rasgos los detalles de una conversación corta:
—¿Sabe para qué le buscamos? —recuerda escuchar al otro lado de la línea telefónica.
—Sí —respondió sin tapujos.
No era la primera llamada que atendía con la misma finalidad, pero durante al menos un año, Humberto V. logró evadir el acoso telefónico y, por ende, la cuota mensual por “derecho de piso” que personas auto identificadas como integrantes o del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) o del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscaban obtener del pequeño empresario. En esta, la última llamada recibida ya en 2018, le dijeron: “La cuota es de 10 mil pesos mensuales”.
A decir del hombre de voz pausada, su respuesta fue: “Mira, francamente, no lo puedo pagar. Desde hace meses aquí no se para nadie”. No era mentira. El negocio ubicado en un tramo de la carretera 45D —la misma que el gobierno canadiense recomendó recientemente evitar como parte de una alerta de viaje—, dentro del municipio de Celaya, había padecido con mayor claridad la pugna por el territorio entre miembros del crimen organizado a partir de 2017, cuando el CJNG comenzó a tener operaciones en la entidad y el CSRL respondió de forma violenta. “Los vamos a sacar a la mierda de aquí, de nuestro estado, culeros”, se escucha en un video en el que presuntamente aparecen integrantes del cartel local para luego disparar sus armas al aire. Este cartel era liderado entonces por “El Marro”, José Antonio Yépez Ortiz, y tenía como principal fuente de recursos económicos el robo y la venta ilegal de combustible, una práctica conocida popularmente como huachicol.
Aquella disputa comenzó a incrementar los índices de inseguridad en el estado que es gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) desde la década de los 90. Los homicidios se fueron a niveles nunca antes vistos, particularmente los dolosos. La tendencia al alza se magnificó. Si en 2017 hubo mil 84 homicidios dolosos, en 2018 el año cerró con dos mil 609, la mayoría de ellos fueron cometidos con arma de fuego. Desde entonces las estadísticas marcan una tendencia al alza, cerrando el 2020 con tres mil 359 homicidios dolosos en medio de una pandemia. Con el narcomenudeo pasó algo similar, pero el incremento exponencial comenzó desde 2015, cuando hubo tres mil 60 denuncias por este delito, esta cifra se quintuplicó hasta llegar a las 14 mil 932 averiguaciones previas al cierre del año pasado. En ambos casos el estado ocupó el primer lugar a nivel nacional. Los altos índices de inseguridad comenzaron a golpear a los negocios de forma indirecta: bajaron las ventas porque los consumidores no querían acercarse a zonas de alto riesgo.
“Desde el trabajo con las víctimas, hemos visto incrementar los homicidios, incluyendo el que se comete contra niñas, niños y adolescentes, así como las desapariciones. La escalada de violencia se nota también en el crecimiento de colectivos de víctimas. En el camino, el tejido social ha quedado fracturado”, señala Jaime Rochín, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en Guanajuato.
Rochín se refiere a que los colectivos han tenido que presionar al gobierno porque de las 2 mil 399 personas desaparecidas o no localizadas que hay oficialmente en Guanajuato, más de la mitad (52.3%) desaparecieron a partir del 1 de diciembre de 2018, según el último informe anual de la Secretaría de Gobernación (2020).
La extorsión también comenzó a hacerse más frecuente, pero esto no se tradujo en carpetas de investigación porque, a decir de especialistas en seguridad, es un delito con una altísima cifra negra, por eso los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) apenas suman entre cuatro y ocho denuncias anuales entre 2015 y 2017.
Pero a partir de 2018, en medio de la elección presidencial y estatal –se eligió un gobernador, 36 legisladores y 46 presidentes municipales en Guanajuato– los datos oficiales marcan una tendencia al alza en este delito, subiendo para ese entonces a 12 y escalando de ahí en adelante, hasta romper un récord en los primeros diez meses de este 2021: 209 averiguaciones previas por el delito de extorsión, un incremento del mil 129% respecto al año pasado.
Pagar, bajar la cortina o ser asesinado
Humberto fue testigo de la escalada de violencia. Al llegar a Guanajuato y elegir Celaya para establecer su negocio de fabricación y mantenimiento de cocinas industriales, los únicos consejos –o advertencias– que recibió fueron evitar arrendar un local en las avenidas principales y que su negocio fuera discreto, nada de pancartas ni infraestructura que pudiera llamar la atención de los cobradores de piso. Fuera de eso, la extorsión estaba lejos de los locales pequeños, enfocada en los grandes empresarios, principalmente aquellos del ramo automotriz.
“De pronto empezó a haber muchos muertos por todos lados, levantones y desapariciones. La gente dejó de venir al negocio, mis ventas bajaron y comenzaron las llamadas”, cuenta en entrevista bajo la promesa de anonimato. Durante un año, entre 2017 y 2018, recibió alrededor de cinco llamadas en donde lo citaban en ciertos lugares para tener una “junta” y así acordar el pago por “derecho de piso”. Se excusaba diciendo que los dueños del negocio no estaban presentes y no podían acudir, pero cuando llegó la nota ya no pudo evadir la orden.
—Pues pagas o cierras —escuchó antes de colgar el teléfono y a partir del día siguiente el negocio en el que había invertido todos sus ahorros no volvió a abrir.
“Cuando escuchas eso, sabes que tienes tres opciones: pagar, bajar la cortina o ser asesinado”, dice con una voz nerviosa y un tinte de tristeza.
Sin opciones, sin respaldo
Si Bibiana Mendoza regresara el tiempo, en la localidad Refugio Munguía en Irapuato se le vería jugando con los niños del barrio en los cerros. Pero en aquella ranchería que nunca ha tenido más de 200 habitantes, los niños ya no juegan en las calles porque la inseguridad, dice, les ha robado la paz en todo el estado.
“Guanajuato era seguro, era un buen lugar para vivir. Aquí la gente moría en una riña o atropellados. Ahora es normal que todos los días haya un embolsado, asesinados, bombas, tiroteos, bloqueos de carretera, secuestrados, muertos, desaparecidos”, dice la joven activista de 31 años, una de las fundadoras del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte.
El parteaguas para ella fue 2017. Recuerda el impacto que sintió con la noticia sobre una pareja que fue “levantada” (un secuestro que no tiene como fin pedir rescate) junto con su hija, en el que días después aparecieron los cuerpos de los padres, pero nunca la niña de tres años. El asesinato de Jesús Salgado Martínez, secretario de Seguridad Pública del municipio Apaseo el Grande. El asesinato de tres jóvenes que viajaban en autobús, luego de que un automóvil le cerrara el paso al camión y abriera fuego contra los pasajeros en San Francisco del Rincón. Los seis fallecidos dentro del centro nocturno “La Cabaña” en Apaseo El Grande, luego de un enfrentamiento. Pero, sobre todo, la llamada que su hermano mayor, Manuel, le hizo a mediados de aquel año y que ella replica con estas palabras: “Oye Bibi, me dejaron una nota con un número de teléfono en la granja. Llamé y me dijeron que a partir de la siguiente semana iban a empezar a guardar huachicol aquí. ¿Pero cómo lo van a guardar si yo no soy el dueño? Mi patrón no quiere venir, le da miedo. No sé qué voy a hacer”.
“Yo no sabía qué era el huachicol y le dije que se saliera de trabajar, pero ya no supe nada, ya nunca le pregunté”. Aquella llamada telefónica fue la antesala a una segunda llamada, ahora de su cuñada, y que recibió en enero de 2018: “Bibiana, tu hermano fue a trabajar y no ha vuelto”. Las noticias que sus conocidos difundían en esa época en redes sociales sobre desaparecidos, “levantados” y fosas clandestinas parecieron entonces una premonición. “Pensé ‘yo ya no voy a volver a ver a mi hermano’ y colgué el teléfono“.
Desde entonces Bibiana busca a Manuel. Cada noticia sobre un cuerpo tirado en algún lugar del estado la moviliza hasta el punto para verificar si es su hermano. Ha buscado en morgues y funerarias en Celaya, León, San Miguel Allende. La última vez que fue a Munguía un grupo de personas le apuntó con un arma y le dijo que tenía que dejar de buscar. No ha vuelto a la tierra donde creció. Un conocido le confesó que unos hombres armados citaron a Manuel en su casa, bajo amenazas, y que se lo llevaron entre golpes con una bolsa negra en la cabeza. “Le habían obligado a guardar huachicol y cuando entró el otro grupo lo vieron como un rival y se lo llevaron. Me da coraje porque a mi hermano nadie le dio a elegir. Ahora el Fiscal me lo vende como huachicolero, pero él no era eso. Si se hubiera negado ante el primer grupo también lo hubieran desaparecido”.
Pese a la crisis de inseguridad, Carlos Zamarripa Aguirre, el Fiscal General del Estado de Guanajuato, aseguró en su último informe que han logrado localizar a personas desaparecidas en “márgenes superiores al 90%”. En la presentación ante el congreso local, acusó que la inseguridad es consecuencia de los “cárteles peleando por la plaza” y que tienen un interés particular en el robo de combustible. Pese a las cifras que oscurecen su gestión, él asegura que la impunidad ha bajado en Guanajuato.
Zamarripa es el funcionario que más tiempo ha permanecido en el mismo cargo en la historia de todo el país. Llegó en febrero de 2009 a dirigir a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cuando gobernaba el panista Juan Manuel Oliva Ramírez y permaneció en el puesto durante todo el sexenio de Miguel Márquez Márquez. La llegada de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no significó un cambio. Pese a los altos índices de violencia, optó por ratificar a Zamarripa en el cargo y el 20 de febrero de 2019, tras la reforma que transformó la PGJE en la Fiscalía, el funcionario fue ratificado para permanecer en el cargo hasta 2028.
El ahora Fiscal declaró recientemente que más del 90% de las extorsiones que se registran en el estado son de personas que simulan ser parte de un grupo delictivo, pero acusó que éstas eran falsas y que el 80% proceden del penal de Matamoros, Tamaulipas, y de otros penales del norte del país. La-Lista solicitó la versión de la Fiscalía del estado sin que al cierre de esta edición haya dado respuesta.
Combate a huachicol: la expansión de la extorsión a gran escala
Recién había rendido protesta el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como gobernador del estado, comprometiéndose a “regresar la seguridad, la paz y la tranquilidad a las familias de Guanajuato” y también el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en 2018. Sinhue dijo entonces que la inseguridad en el estado era producto del robo de combustible. “La mayoría de los homicidios están relacionados con el asunto del huachicol. Pemex es parte de este problema”. La llegada de López Obrador a la presidencia instauró, a su vez, una política que busca combatir el robo de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las fuentes importantes de ingreso para los grupos criminales con presencia en el estado.
En todo el territorio nacional se contabilizaron 14 mil 894 tomas clandestinas en 2018, principalmente en el estado de Hidalgo, Puebla y Guanajuato. Por eso, una de las primeras acciones que implementó el gobierno federal fue cerrar los ductos de la segunda planta productora de gasolinas, diésel y otros derivados del petróleo más importante del país: la de Antonio M. Amor ubicada en Salamanca, Guanajuato.
Para el 31 de enero del 2019, los trabajadores de la refinería fueron desalojados por una amenaza de bomba, pues se encontró una camioneta con explosivos y una narcomanta firmada por el cártel de Santa Rosa de Lima.
Humberto no había abandonado el estado cuando esto ocurrió, estaba en proceso de trasladar sus objetos y mientras el número de homicidios iba al alza, notó que sus conocidos, dueños de pequeños y medianos negocios como él, comenzaron a ser víctimas de extorsión. “Tortillerías, papelerías, talleres mecánicos… Así como acabaron con mi negocio, los próximos meses muchos otros bajaron la cortina”, señala.
Fabián R. Gómez, especialista en seguridad pública, explica en entrevista que el combate al huachicol que se instauró desde el gobierno federal marcó un nuevo parteaguas para el estado. Si en 2017 la pugna entre cárteles había aumentado los homicidios, los feminicidios, y las desapariciones, el combate al huachicol hizo de la extorsión el método para que los cárteles sobrevivieran económicamente.
Ante el cierre de los ductos petroleros, el CSRL —cuyo origen se puede rastrear desde 2010 en el estado de Guanajuato, de acuerdo con el especialista— y otros con presencia en el estado, tuvieron que transformar la forma en que obtenían recursos.
“Esto se llama mutación definitiva. El gobierno pone en jaque al negocio directriz, pero los grupos tienen armas, conocimientos y un nombre que da terror. La salida más sencilla es la extorsión como una fuente importante de ingresos: es un delito sencillo de cometer porque juegas con la psicología de la gente, es sumamente grave porque aniquila la paz social”, recalca.
La prensa local y nacional reportaron en jornadas de violencia en todo el estado durante 2019. El asesinato de Jorge Cisneros, subdirector de la policía de Pénjamo; el atentado contra el delegado del Centro Nacional de Inteligencia, Juan José Olvera; un ataque a las instalaciones de la FGJE en Celaya, y el homicidio de siete agentes y cinco custodios del Centro de Readaptación Social de Valle de Santiago. El tiroteo que dejó 15 muertos en un bar de Salamanca. El coche bomba que explotó en la colonia 5 de septiembre en Irapuato. Los 10 jóvenes secuestrados en un anexo. Y más historias.
Para 2020 la tensión que instauró el gobierno federal arreció con la captura de José Antonio Yépez “El Marro”, presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima. “Su detención potencializó la violencia. En México la estrategia de capturar a un supuesto líder no ha funcionado en ningún territorio, porque detrás de él hay 100 más que, además, para legitimar su liderazgo recurren a la violencia”, advierte Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP),
Detalla que muchas de las ganancias de las organizaciones criminales a través del huachicol se usaban para financiar otro tipo de actividades delictivas. “Cuando se cierra la llave desde el gobierno, les cierran el financiamiento, entonces se reajustan las formas de generar recursos a través de la extorsión o de fraudes”.
La extorsión se transformó
Una concesionaria de automóviles, Ford Montes, cerró sus puertas tras ser atacada a balazos por presuntos extorsionadores. En la tortillería “La Indita” un comando armado asesinó a tres mujeres: Virginia, la dueña del negocio, y Dalinda y Martha, empleadas. Apenas es 2019 y en el estado de Guanajuato, más que en cualquier otro momento de su historia, las extorsiones crecieron a la par que los homicidios.
Fabian R. Gómez explica que la extorsión se ha sofisticado y es progresiva: va de menos a más. Si las víctimas –previamente estudiadas a profundidad– ignoran las llamadas, el siguiente paso es dejar una nota de forma presencial. Si la exigencia del pago de recursos vuelve a ignorarse, es altamente probable que la amenaza se concrete.
“Todavía no alcanzamos a medir la gravedad. En lugares como Guanajuato la extorsión debe tomarse en serio porque este delito se está transformando de formas que no tenemos identificadas. Estamos siendo superados”, enfatiza.
En 2020, tras la detención de “El Marro”, que provocó que el Cartel Santa Rosa de Lima se fraccionara y abriera paso al CJNG, apenas se registraron 17 denuncias por extorsión en todo el estado. Pero en los primeros diez meses de este año el incremento fue de 1,129%, con un total de 209 denuncias.
Salamanca, el municipio que alberga la refinería que cerró el gobierno de AMLO en 2019, encabeza la lista (44), seguido de Celaya (30) –que por cuarto año consecutivo fue catalogada como la ciudad más violenta del mundo, según el Ranking 200 de las 50 ciudades más violentas del mundo–. Siguen Irapuato (29), Dolores Hidalgo (10) y San Miguel Allende –uno de los atractivos turísticos internacionales más importantes del país– (7).
Sapién explica que actualmente la denuncia conlleva un riesgo extra para la persona afectada, quien puede poner en riesgo su seguridad. “Lo primero que se debe trabajar es una estrategia preventiva. Luego, garantizar a las víctimas su seguridad e implementar una fuerte campaña para sensibilizar a la sociedad para tener una cultura de la denuncia”.
Jaime Rochín, titular de la CEAV Guanajuato, dice que la zona sur del estado, en los límites con Michoacán y Querétaro, es donde se ha incrementado mayormente la criminalidad. “Hoy estamos trabajando específicamente —acompañamiento en el proceso de denuncias, reparación integral del daño— en esas zonas”, señala.
Perderlo todo
La palabra que para Humberto V. representa toda su experiencia con el crimen organizado es dolor. Primero, porque llegó a Guanajuato con la ilusión de posicionar un negocio que le permitiera tener una vejez digna y, segundo, porque cuando su inversión comenzaba a rendir frutos fue el momento en que tuvo que cancelar el proyecto.
“Te desanima porque lo invertí todo. Fue un duro golpe a mi economía, a mi espíritu emprendedor”. Actualmente Humberto habita en la Ciudad de México, vive de la renta de un local y busca crear un centro de desarrollo y bienestar.
De lo que está seguro es que la mejor decisión que pudo haber tomado es bajar la cortina y salir del estado en 2019. Cuando volvió por las cosas que aún conservaba en su vieja casa de Celaya, se encontró que, al igual que su caso, papelerías, tiendas, tortillerías, ferreterías cerraron. Le dijeron que entre los muertos estaban muchos de los locatarios y entonces supo que, dentro de todo, al menos él salvó la vida.