Mariana Vieyra Vladez, la nueva jueza del caso “huachicol fiscal” en sustitución de Nancy Selene Hidalgo; ¿quién es y cuál es su trayectoria?

Mariana Vieyra Valdez será la nueva jueza encargada de conducir el proceso judicial del llamado caso del “huachicol fiscal”, una de las investigaciones más delicadas en materia de contrabando de combustible en México. La jueza Tercero de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, Estado de México, sustituye a Nancy Selene Hidalgo Pérez, quien hasta ahora llevaba el juicio contra 14 presuntos integrantes de esta red criminal.

Vieyra Valdez asumirá la responsabilidad de juzgar a los imputados señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una estructura que presuntamente operaba incluso dentro de la Secretaría de Marina, entre ellos Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante en retiro y sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

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¿Quién es Mariana Vieyra Valdez, la nueva jueza del caso “Huachicol fiscal”?

Mariana Vieyra Valdez es jueza Tercero de Distrito en Materia Penal, con más de 16 años de trayectoria en el Poder Judicial, de los cuales 11 los desempeñó como secretaria de juzgado mixto. Su perfil fue considerado idóneo tras ser insaculada por los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Participó en la primera elección judicial para defender su puesto, compitiendo bajo el número 14 de la boleta amarilla, aunque no logró el respaldo suficiente en las urnas. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos en tribunales unitarios, juzgados de distrito en materias de amparo, juicios civiles federales y penales, así como secretarías de juzgado y de tribunal colegiado.

Desde septiembre de 2024, se desempeña como secretaria en funciones de jueza de Distrito en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.

¿Cuál es la formación académica y experiencia judicial de la jueza?

En el ámbito académico, Vieyra Valdez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, donde obtuvo promedio de 9.7 y el primer lugar de su generación. Cuenta con dos maestrías: una en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y otra en Derechos Humanos y Democracia por la Flacso México, con una tesis enfocada en la valoración de pruebas con perspectiva de género.

Realizó además un intercambio académico en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y posee una especialidad en Derecho Penal. En el ámbito docente, ha colaborado como auxiliar en la Universidad Autónoma de Guanajuato.
Uno de los antecedentes más conocidos de su carrera fue la orden de liberación de Israel Vallarta Cisneros, quien pasó 19 años en prisión acusado de integrar la banda de “Los Zodiaco”, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.

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¿Por qué hubo un relevo en la conducción del juicio?

Antes de dejar el expediente, la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez giró órdenes de aprehensión dentro de la causa penal 325/2025. En su resolución advirtió que la organización dedicada al contrabando de combustible “probablemente cuenta con numerosos miembros, armamento, poder económico y auxilio de diversas autoridades locales, estatales y federales que les brindan protección y seguridad”.

El relevo judicial ocurre en un momento clave del proceso, cuando el caso comienza a perfilarse como uno de los mayores escándalos de contrabando energético de los últimos años, tanto por el volumen de combustible asegurado como por los presuntos vínculos institucionales de los involucrados.

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¿En qué consiste el caso del “Huachicol Fiscal” que ahora deberá resolver?

El caso salió a la luz el 19 de marzo de 2025, tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, Tamaulipas. La embarcación, que declaraba transportar aceites petrolíferos, ocultaba en realidad 10 millones de litros de diésel, valuados en más de 200 millones de pesos, mediante la alteración de documentos aduanales para evadir impuestos.

Además del buque, las autoridades aseguraron 92 contenedores, 29 tractocamiones, vehículos, armas, municiones y documentación clave. La FGR sostiene que la red utilizó rangos castrenses y vínculos familiares para manipular procesos de descarga en instalaciones bajo control de la Armada.

Ahora, será Mariana Vieyra Valdez quien continúe con el análisis y resolución de este expediente, considerado estratégico para dimensionar el impacto del contrabando de combustible en México, un delito que genera fuertes pérdidas fiscales y riesgos para el mercado energético nacional.