Puebla: Tres oficinas simulan proteger a periodistas y personas defensoras de DDHH
Collage: Karen Rojas

En junio del 2018, Radio Xalli sufrió un ataque a sus instalaciones cuando un par de sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada de esta radio comunitaria, ubicada en San Miguel Xaltepec, en el municipio de Palmar de Bravo, el corazón del llamado “Triángulo Rojo”, una región integrada por seis municipios que se hizo famosa por el huachicol, como se le conoce al robo de hidrocarburo mediante la “ordeña” de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), a 70 kilómetros de la capital del estado de Puebla. 

Hilario Cruz, fundador de Radio Xalli, sostiene que la agresión fue una amenaza porque se atrevió a tomarle una foto a los “halcones” del huachicol que rondaban la zona: “Yo siempre les he dicho ‘por favor, se van a otro lado, aquí no’. Y no me hacían caso, y se me ocurre a mí, una estupidez también, tomarles una foto y para colmo de males se ve el flashazo, y se van. Y yo dije: ‘van a regresar’”.

Así fue. Ese mismo día, después de las 10 de la noche escuchó los balazos hacia la estación, instalada en una casa al lado de la suya. “Cuando salí ya no había nadie, obviamente. Sí me preocupé. Y dije: ¿a quién le hablo?”. A sugerencia de algunas periodistas a las que consultó, contactó con la organización Artículo 19 y a partir de ahí ingresó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Poco tiempo después el Mecanismo de Protección Federal colocó unas rejas alrededor de la propiedad, pero considera que “no son seguras, son muy vulnerables”. En efecto, a simple vista es notable que sería fácil trepar por ellas para entrar a la propiedad, o tumbarlas con un impacto potente, como el de un auto. 

De hecho hasta noviembre del 2021, refiere Hilario, “la gente del Mecanismo no era muy confiable ni puntual, tú les hablabas y nunca te contestaban, te veían respondiendo a los 15 días, y cuando había una persona responsable duraba un mes, dos meses y ya la cambiaban”.

Afirma que esa situación cambió desde diciembre del 2021, con la asignación de nuevo personal “que ha estado muy puntual, porque ahorita le llamo y me contesta, o si no me contesta, al minuto ya me contestó. O si le mando un mensaje, inmediatamente me lo contesta (…), pero a nadie le importaba antes”.

También tiene botón de pánico, que es un chip geolocalizado, asociado a un número de teléfono, que emite una señal de alerta al Mecanismo de Protección Federal para advertir de algún peligro. Sin embargo, se ha comprobado que no siempre funciona, y en eso coincide Hilario: “no sirve esa chingadera, no sirve, márcales y verás cuánto se tardan en contestar, tardan hasta una hora, ya para qué. Ahorita ya contestan, se ve que les llamaron la atención”.

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Botón de asistencia de Hilario Cruz, integrante de Radio Xalli, en Palmar de Bravo, Puebla. Crédito: Cortesía de Hilario Cruz.

A pesar de que cuando Radio Xalli sufrió la agresión ya existía la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Puebla, ni entonces ni ahora ha habido algún tipo de contacto de dicho organismo y esta radio comunitaria. “Nunca se han acercado a nosotros, ni siquiera para saber cómo estamos, si nos está dando atención el mecanismo federal, o que quieran documentar lo nuestro para dar seguimiento”, señala   Hilario. Por eso, agrega, “al mecanismo local no le confío. (…) No hay una voluntad realmente de la gente que está en el gobierno del estado para hacer las cosas”. 

Tres años antes de la agresión que sufrió en 2018, Radio Xalli ya había recibido una amenaza. Ocurrió después de la transmisión de un programa donde mencionaron los nombres de personas supuestamente involucradas con el huachicol. Esa vez unos sujetos llegaron hasta la radio, se asomaron por la ventana y uno de ellos advirtió: “o callas a esos hijos de la chingada o mando por ellos”, recuerda Hilario.  

En los 12 años de existencia de Radio Xalli, Hilario ha procurado dar espacio a todas las voces, denuncias e inquietudes de la comunidad, de modo que se aborden problemas de salud, gobierno, derechos humanos, música y arte. Su compromiso social no le ha impedido tener claro que no vale la pena arriesgarse o arriesgar a otras personas.

Radio Xalli, además de ser la primera radio comunitaria de Puebla, es un proyecto que aloja un taller de serigrafía y una biblioteca pública, en uno de los municipios más peligrosos del estado, Palmar de Bravo, con apenas 50 mil 226 habitantes.

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Fachada de Radio Xalli, en Palmar de Bravo, Puebla. Crédito: Mely Arellano.

La simulación

En julio de 2017, se creó la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Puebla. Un mes después se instaló, en medio de críticas de periodistas y organizaciones que defienden la libertad de expresión, por la falta de transparencia sobre su integración y operación.

Artículo 19, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), ForreporterosMx, la Red Libre de Periodismo, el Nodo de Transparencia, la Red Puebla de Periodistas y otras organizaciones defensoras de la libertad de expresión cuestionaron que no se hubiera realizado una consulta pública para elegir a los integrantes de la Comisión.

“No sabemos cómo se decidió, qué personas van a participar y en calidad de qué, cómo y por qué fueron elegidas, a partir de cuándo comenzará a operar, con qué recursos materiales y humanos va a operar”, cuestionaron las organizaciones en un pronunciamiento que se hizo público unos días después de la instalación de la Comisión.

Además, en ese documento criticaron que el nuevo organismo dependiera del gobierno del estado, cuando ese año fue identificado como el segundo agresor de periodistas, de acuerdo con los registros de la organización internacional Artículo 19 y la Red Puebla de Periodistas, según consignó La Jornada de Oriente.

Pero eran tiempos de Antonio Gali como gobernador y, fiel a la línea morenovallista (grupo político asociado al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas), las críticas fueron ignoradas. 

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El entonces gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, anuncia la creación de la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Puebla. Crédito: Gobierno de Puebla.

Aquella primera Comisión estuvo encabezada por el propio Gali; y la integraban el entonces secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco; Marcelo García Amaguer, en su calidad de Coordinador General de Comunicación y Agenda Digital; Ricardo Gutiérrez Loyola, entonces Director General de Puebla Comunicaciones; María Eugenia Calderón, Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE); Jesús Migoya Junco, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, y como representantes de los medios de comunicación, Angélica Rosales Urrusquieta, directora de Imagen Poblana, un medio digital tradicional; y la periodista Patricia Estrada Sánchez, quien en ese entonces conducía un noticiero en Puebla FM, estación del sistema oficial de información del gobierno del estado.

Una comisión de papel

Aunque el Acuerdo de creación establece que la Comisión debe sesionar ordinariamente cuando menos tres veces al año, desde su instalación sólo ha sesionado dos veces: en mayo del 2018, y en febrero del 2022.

Por cierto, en esta última –la primera realizada en el gobierno actual– fue instalada nuevamente la Comisión con el gobernador Miguel Barbosa como presidente honorario; la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, como presidenta ejecutiva; la subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, Raquel Medel Valencia, como secretaria técnica, quien es en todo caso la única persona con algún antecedente de trabajo con y desde organizaciones de la sociedad civil. 

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Toma de protesta de los nuevos integrantes de la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Puebla. Crédito: Gobierno de Puebla.

Además, la Comisión tiene seis vocales: la coordinadora General de Comunicación y Agenda Digital, Verónica Vélez Macuil –quien ha sido denunciada por bloquear a medios y periodistas al impedirles el acceso a las ruedas de prensa del gobernador–; el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, Ulises Sandal Ramos; el director del Sistema Estatal de Comunicaciones, Fernando Luis Sánchez Mejorada; una representante de la sociedad civil, Leticia García, presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla AC, y como representantes de los medios de comunicación, los reporteros Álvaro Ramírez y Jorge Castillo.

Una vez más la selección de integrantes en la sesión del 2022 de la Comisión fue discrecional y no se ha dado a conocer aún el plan de trabajo que debe elaborarse en la primera sesión, según el Acuerdo de creación. Tampoco hay evidencia pública de que el plan de trabajo del 2018 se haya desarrollado.

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Protesta por las agresiones contra periodistas en el estado de Puebla. Crédito: Olga Valeria Hernández, para LADO B.

Un laberinto de dependencias

Para Itzia Miravete, Coordinadora de Prevención de Artículo 19, no se tienen que generar más ventanillas para la atención de periodistas o personas defensoras como ocurre en Puebla al existir varias dependencias ( Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Dirección para la Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos) , porque les pueden mandar a una y luego otra dependencia, sino que “tienen que ser (mecanismos) complementarios, coordinados, con presupuesto suficiente”.

Por su parte, en entrevista para esta investigación, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, considera que en los estados debe haber cuerpos colegiados con representación de periodistas, y personal calificado que pueda garantizar la atención psicosocial y el apoyo jurídico necesario. “No queremos comisiones ni mecanismos a modo de los gobernadores”, como es el caso de Puebla, “tienen que estar sujetos a las normas y protocolos del Sistema Nacional (de Protección), tienen que cumplir los mismos patrones y protocolos desde su integración hasta el establecimiento de las medidas de protección”.

Según el Acuerdo de creación de 2017 y su Plan de Trabajo 2018, uno de los objetivos de la Comisión es prevenir agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en coordinación con el Mecanismo de Protección Federal, pero en la práctica no hay evidencia de que esta vinculación ocurra. Además, la Comisión ni siquiera tiene un presupuesto asignado y quienes la integran no reciben un sueldo. 

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Reunión de la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Puebla con periodistas. Crédito: Gobierno de Puebla.

Por otra parte, desde 2018 hay una Dirección para la Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación estatal y está conformada por solo dos personas y tiene un presupuesto asignado de un millón 742 pesos al año, del cual  60 por ciento es usado para pagar el salario de sus colaboradoras, de acuerdo con una solicitud de información.

Además, esas dos personas no tienen experiencia en protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, como lo confirman sus síntesis curriculares disponibles en la página web de la Segob. Es el caso de la directora Rosa Isela Molina Velázquez, quien percibe un sueldo mensual bruto de 35 mil 14 pesos, Maestra en Administración Pública, y antes de ocupar el cargo fue capacitadora en la Academia de Policía Ignacio Zaragoza y directora de capacitación en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (ITAIPUE).

Mientras que Araceli Martínez López, jefa de departamento de seguimiento y reacción inmediata de la Dirección, es médica de profesión, Maestra en Administración de Servicios de Salud, con experiencia laboral administrativa en los Servicios de Salud del estado, y percibe un sueldo mensual de 14 mil 727 pesos.

En 2018, la Dirección ya referida atendió a 42 personas; en 2019 a 30; en 2020 a 41 y en 2021 únicamente a 3, aunque más personas pudieron haber solicitado la atención ese año sin éxito, como fue el caso del periodista Augusto Simón Valencia, a quien le dijeron que “luego lo buscaban”, y cuando lo hicieron sólo le recomendaron que denunciara ante FGE. 

Uno de los problemas es que no hay claridad sobre la función, objetivos u operación de esta Dirección para la Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, ni sobre la manera en que se coordina con la Comisión. 

En el mejor de los casos, esta Dirección recibe y monitorea agresiones en tiempo real a través de redes sociales, y canaliza los casos hacia la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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 Una de las agresiones contra el periodista Pedro Alonso en el estado de Puebla. Crédito: Cortesía Pedro Alonso.

Esta Unidad debe investigar las agresiones a periodistas, así como de verificar el cumplimiento de las medidas que notifique la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas o autoridad enlace con la misma. Dicha Unidad fue creada en 2020, ese año atendió 28 casos, y en 2021 fueron 61. Para su operación tiene un presupuesto de alrededor de 93 millones de pesos, y está integrada por cinco personas bajo la dirección de  María del Carmen Verónica Mora López, Maestra en Juicios Orales, quien percibe un sueldo de 30 mil 370 pesos mensuales.

Tampoco está claro en el reglamento qué casos la Dirección refiere las denuncias a la Unidad, si lo hace a sugerencia o supervisión de la Comisión, o en qué casos al Mecanismo Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, hasta abril del 2021, había emitido 47 medidas de protección, lo que coloca al estado de Puebla en octavo lugar nacional en número de personas beneficiarias. 

En algunos años, la Red Puebla de Periodistas ha documentado más agresiones a periodistas de los que reporta la Dirección. Tan sólo hasta mayo de este 2022 daba cuenta de 20 agresiones a periodistas; 23 en 2021, cuando dicha dependencia sólo atendió a 3; 18 en 2020; 20 en 2019; 46 en 2018, contra 42 de la Dirección y 23 en 2017, el año en que la Comisión apenas nacía. 

La Red también ha denunciado casos como el de las amenazas contra Hilario así como  la ineficacia de la Comisión, porque periodistas “fueron objeto de agresiones por parte de funcionarias y funcionarios públicos del mismo partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), o vinculados con los gobiernos estatales durante 2017 y 2018, que no recibieron ningún apoyo o contacto por parte de la Comisión”. 

Este mismo colectivo señala que “a partir de la llegada de la nueva administración estatal, no tenemos conocimiento sobre casos de periodistas que hayan sido apoyadas o apoyados por parte de la Comisión, aunque sí hemos documentado múltiples agresiones, sobre todo por parte de funcionarios públicos”.

Este aparente abandono del trabajo de la Comisión es evidente también en sus redes sociales, su cuenta de Twitter @CP_Puebla empezó a funcionar en agosto del 2017, pero su  última actividad fue en marzo del 2021. En Twitter, además, era el lugar en el que daba “atención” a los casos que se reportaban.

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De hecho ante el vacío informativo sobre su trabajo, y para efectos de esta publicación, el 12 de enero de 2022, esta reportera realizó una solicitud a través de la Plataforma de Transparencia para saber quiénes integraban ahora ese organismo. Coincidentemente, el 8 de febrero el gobierno estatal instaló la nueva Comisión y otra vez, como ya se dijo, de manera discrecional y opaca al no haber convocatorias ni consulta con periodistas y sociedad civil. 

El principal agresor: el Estado

Desde hace 12 años Augusto Simón es reportero para Periódico Central en el “Triángulo Rojo” de Puebla, una región integrada por seis municipios que se hizo famosa por el huachicol y que poco a poco se ha convertido en una zona de silencio. 

Desde 2019, Augusto ha presentado tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por agresiones relacionadas con su ejercicio periodístico. Dos de ellas han sido archivadas, la otra está en curso. 

La primera denuncia que presentó fue por privación ilegal de la libertad contra la ex presidenta municipal de Tlanepantla, Eloína Celis Téllez y su esposo, el ex regidor de Gobernación, Guillermo Sánchez Pérez; sin embargo, esa denuncia  finalmente fue archivada. Policías ministeriales le confesaron que fue por falta de personal.

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Imagen de un vehículo de la Fiscalía de Puebla. Crédito: Cortesía Augusto Simón.

En 2021, presentó una segunda denuncia por amenazas recibidas por parte del ex presidente municipal de Tochtepec, José Gregorio Julio Aguilar Andrade, y dos funcionarios de su gobierno, a quienes responsabilizó de un ataque a su domicilio con explosivos y armas de fuego. También en este caso la FGE no ejerció  acción penal contra las personas señaladas. 

Augusto recuerda que hubo tres audiencias a las que nunca se presentó Aguilar Andrade, porque la ex coordinadora de la Dirección de Atención a Periodistas de la Segob estatal, Olivia Pérez, enviaba el citatorio con errores. Algo que en su opinión era más bien una táctica intencional para entorpecer el proceso, porque “posteriormente a esta situación tuve contacto con el abogado del presidente y de sus dos servidores públicos, y él fue quien me dijo: sabes qué, nunca se presentó el alcalde, porque la señora Olivia mandaba los oficios con los apellidos erróneos, así no se va a presentar mi cliente”. Y así fue, nunca se presentó. 

Para conocer la versión oficial de esta y otras quejas por su desempeño, solicitamos entrevistas a Ana Lucía Hill, titular de la Segob estatal a través de su correo oficial, así como a Geovanni Caramillo vía mensaje de texto. Ninguno de los dos ha respondido aún. También se buscó la versión de Verónica Vélez y María Pineda, de la coordinación de Comunicación social estatal, y a Cristina Ortiz, de Comunicación social de la Fiscalía poblana, vía telefónica y por correo. Sin embargo, hasta el momento no hemos obtenido respuestas.

Otro ejemplo de agresiones por parte de las autoridades fue lo que vivió el periodista Pedro Alonso, quien escribe en Proyecto cinco, su propio medio de comunicación en San Martín Texmelucan. En julio del 2020, Pedro fue detenido arbitrariamente por el entonces secretario de Seguridad Pública del municipio de San Martín Texmelucan, Jorge Alberto Ramos Cruz. 

“Lo tuve que valorar, pero ahí sí la manera de protegerme era denunciarlo, por cualquier cosa que me pudiera pasar, porque era de los famosos chiapanecos (un grupo de políticos que llegó con el gobierno de Miguel Barbosa, originarios de Chiapas), de los que estaban sembrando droga, incluso cuando me estaba golpeando y lo cansé, porque no me doblegué, dio la orden a los policías de hacer lo que ya sabían, ahí fue cuando comprendí que posiblemente era sembrarme algo, afortunadamente por las alertas que salieron de las organizaciones, Artículo 19 y la Red (Puebla de Periodistas), se contuvo”. Sin embargo, la denuncia no sirvió de mucho, “porque pienso que tienen que proporcionarnos un abogado o un asesor legal para que nos esté guiando en el tema, porque yo no tuve ningún abogado. Sabía que debía tener un abogado, un estudio médico, un estudio psicológico, y todo eso no me lo dieron”

Cuando estaba presentando la denuncia, la Ministerio Público le sugirió que no mencionara al secretario, que sólo diera señas de los policías, “di que era alto, chaparro, negro y ya con eso lo detenemos”, le dijo. Pero Pedro nunca vio a los policías, “y al que sí vi, al que identifiqué, fue al comisario, porque cuando me estaba golpeando me decía ´no rezongues al comisario, los otros elementos estaban encapuchados”. 

Finalmente, poco menos de un año después de la denuncia, en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, le informaron que no podían proceder contra el comisario, porque no había evidencias (video) de cuando golpeó a Pedro, dentro de las instalaciones de Seguridad del municipio. Esta Unidad Especializada es la misma que archivó dos de las tres denuncias que había presentado el también periodista, Augusto Simón. 

Para Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, quien ha sido víctima de acoso judicial por parte del gobierno de Puebla, tanto la Comisión, la Dirección de Atención a Agravios y la Unidad Especializada están “completamente supeditadas al gobernador”, por lo que recurrir a este tipo de mecanismo estatal, afirma, “nada más es perder el tiempo”. 

Puebla sigue siendo uno de los focos rojos de violencia contra la prensa, de acuerdo con la organización Artículo 19, que documentó 75 agresiones contra periodistas en el 2020, y tan sólo en el primer semestre de ese año emitió siete alertas de agresiones perpetradas por funcionarios públicos en el estado.

En 2021, con 46 casos documentados, Puebla ocupó el tercer lugar con más agresiones contra periodistas, sólo después de Ciudad de México, con 100 ataques y Guerrero, con 52, como lo dio a conocer la misma organización  en su más reciente reporte “Negación” donde consigna, además, que en Puebla los principales responsables de esas agresiones siguen siendo autoridades estatales y municipales con 20 casos registrados en el mismo año.

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Manifestación en Puebla por el asesinato del periodista Javier Valdez. Crédito: Marlene Martínez, para LADO B.

El Colectivo Desde Provincia está conformado por Mely Arellano, Alfonsina Ávila, Patricia Mayorga, Camelia Muñoz, Samantha Páez, Raúl Fernando Pérez, Elizabeth Rivera, Karen Rojas, Sandra Segura y Bryam Torres.

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Colectivo Desde Provincia y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 

La investigación ha sido publicada originalmente en LADO B: https://www.ladobe.com.mx/comisiones-de-papel/.