¿Qué cambia con la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos? Estos son los 8 ejes de la iniciativa

Este lunes 29 de junio, el Gobierno de México marcó un hito histórico al presentar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca consolidar, tras más de 200 años, un marco jurídico integral para estas comunidades.

El proyecto, coordinado por la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), busca beneficiar a más de 25.8 millones de personas, lo que equivale al 20.5% de la población nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la convocatoria ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dando inicio a un proceso de diálogo nacional.

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¿Cómo será el proceso de consulta para esta nueva ley?

El gobierno federal ha diseñado una hoja de ruta dividida en 5 etapas para asegurar que la ley sea mejorada con las voces de las comunidades. Tras el lanzamiento de este lunes, el proceso continuará de la siguiente manera:

• Etapas 2 y 3: Se llevarán a cabo fases informativas y deliberativas que incluyen 82 asambleas regionales.
• Etapa 4: Se realizará el estudio y adecuación de la iniciativa basándose en los planteamientos y sugerencias recibidas.
• Etapa 5 (Meta): El objetivo es entregar la propuesta final al Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre, fecha significativa que hoy se conmemora como el Día de la Resistencia de los Pueblos.

En este ejercicio participarán 69 pueblos indígenas, el pueblo afromexicano y más de 16 mil 728 comunidades registradas.

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¿Cuáles son los ocho ejes fundamentales de la iniciativa de ley?

La propuesta destaca por reunir derechos que históricamente se habían discutido de forma fragmentada. La estructura de la Ley se divide en ocho libros principales que garantizan una protección integral:

1. Sujetos de derecho público: Reconocimiento de personalidad jurídica y patrimonio propio.
2. Libre determinación y autonomía: Regulación de decisiones comunitarias, tierras y propiedad intelectual.
3. Pueblos y comunidades afromexicanas: Acciones específicas para evitar la discriminación.
4. Grupos vulnerables: Protección de derechos para mujeres, niñez y juventudes.
5. Inclusión social: Medidas para personas migrantes, adultos mayores y con discapacidad.
6. Consulta y consentimiento: Procedimientos obligatorios para decisiones que impacten territorios.
7. Competencias institucionales: Coordinación entre Federación, estados y municipios.
8. Justicia y defensa: Creación del juicio de amparo indígena y mecanismos contra violaciones de derechos.

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¿Por qué esta ley representa un cambio para los pueblos originarios de México?

Más allá de lo cultural, esta legislación pretende transformar la relación entre el Estado y los pueblos originarios mediante la asignación directa de recursos públicos y una estructura legal que blinda la participación política de las comunidades.

Adelfo Regino, titular del INPI, subrayó que el esfuerzo es el resultado de meses de trabajo conjunto, que incluyó 148 reuniones con 35 dependencias federales y el respaldo del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Con este avance, México busca pasar de una visión asistencialista a una de reconocimiento pleno de los derechos colectivos, estableciendo reglas claras para proteger el patrimonio, la identidad y la vida comunitaria de los sectores más representativos de la historia nacional.