¿Qué cambia para la radio y la TV en México? Sheinbaum abre consulta pública sobre nuevas reglas para los medios

El gobierno federal de México presentó los nuevos lineamientos dirigidos a garantizar los derechos de las audiencias en transmisiones de radio y televisión abierta y de paga. La propuesta estará sujeta a consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto, un periodo en el que concesionarios, académicos y la ciudadanía podrán enviar sus observaciones antes de su entrada en vigor definitiva.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que las normativas fueron desarrolladas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. El objetivo es hacer efectivos los derechos estipulados en la ley del sector y evitar interpretaciones discrecionales en los medios comerciales, públicos y sociales.

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¿Cuáles son las nuevas obligaciones para los medios de comunicación?

Los nuevos lineamientos establecen reglas claras sobre cómo los concesionarios deben presentar la información a su público. Entre los puntos más destacados se encuentra la obligación estricta de diferenciar la información noticiosa de la opinión, así como distinguir la publicidad de los contenidos editoriales.

Para evitar la desinformacióndesinformación, las estaciones de radio y canales de televisión deberán abstenerse de difundir datos falsos, descontextualizados o presentar hechos históricos como si fueran noticias de actualidad. Cuando un programa emita opiniones personales, los medios estarán obligados a advertirlo a los usuarios a través de elementos visuales o sonoros.

“Se busca definir con precisión los conceptos previstos en la ley para evitar interpretaciones discrecionales y establecer con claridad las responsabilidades de los medios de comunicación”, puntualizó Luisa María Alcalde Luján.Entre los derechos fundamentales que busca proteger esta normativa destacan:

• Información veraz y oportuna: Garantizar noticias comprobadas para la ciudadanía.
• Separación de opinión y noticiosa: Identificación clara mediante mensajes, plecas o cortinillas.
• Distinción publicitaria: Transparencia para identificar cuándo un contenido es pautado o comercial.
• Derecho de réplica y accesibilidad: Mecanismos para la aclaración de datos e inclusión para personas con discapacidad.

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¿Cómo funcionarán los códigos de ética y las defensorías?

Cada concesionario de radio y televisión deberá elaborar un código de ética público que incluya los procedimientos para recibir quejas, sus criterios editoriales y las reglas para nombrar a un defensor de la audiencia.

La figura de la defensoría de la audiencia será obligatoria y deberá actuar bajo principios de imparcialidad, independencia y transparencia. En los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, la persona nombrada deberá pertenecer a la misma comunidad para asegurar la representación adecuada.

Cualquier ciudadano podrá presentar una queja formal ante la defensoría si considera que sus derechos fueron vulnerados. El organismo tendrá 20 días hábiles para emitir una resolución. En caso de que el medio de comunicación ignore la recomendación, el asunto podrá ser remitido a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, instancia facultada para aplicar sanciones e imponer multas en casos graves.

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¿Aplica esta regulación para periódicos y redes sociales?

Durante la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la normativa aplica exclusivamente para los servicios de radio y televisión, dejando fuera a los periódicos impresos y las plataformas digitales de internet.

“En todo caso tendría que revisarse si es necesario o no, o las plataformas que tampoco están en esta regulación; son temas que están también a discusión de la sociedad”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al alcance del proyecto.

La mandataria enfatizó que el documento base contó con la participación inicial de especialistas y empresas del sector, pero reiteró la importancia del periodo de 20 días de consulta pública para escuchar todas las voces de la sociedad civil antes de fijar la versión final del marco regulatorio.