Valentina Peralta: Hay 80 mil personas en fosas comunes y 115 mil desaparecidos, ahí podrían estar a quienes buscamos
La coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos lo tiene claro: es crucial atender y resolver los problemas en el ámbito forense para dar respuesta a la realidad de las desapariciones.
María del Rosario buscó a su hija Guadalupe desde su desaparición en marzo de 2016 en Tlajomulco. Aunque solicitó repetidamente una confronta de ADN al Servicio Médico Forense (Semefo) de Jalisco, siempre le fue negada. En 2024, le informaron que el cuerpo estuvo en el Semefo durante ocho años. Este periodo fue una pesadilla, pero darle sepultura le ofreció paz. Las autoridades atribuyeron la omisión a una “mala gestión previa”.
Un cuerpo sin vida debería ser entregado a sus seres queridos, pero una serie de eslabones rotos en el sistema mexicano impiden que esto sea una realidad, dice Valentina Peralta Puga, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos y activista que acompaña a familias buscadoras desde hace casi 14 años.
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El camino está marcado, dice en entrevista con La-Lista, pero pocas veces se sigue, ya sea por omisión, ignorancia o falta de recursos. La exconsejera del Sistema Nacional de Búsqueda afirma que las fosas comunes son la respuesta al fenómeno de la desaparición.
“México atraviesa una crisis forense que tiene a 80 mil personas en fosas comunes y de resolverse traería luz para las miles de familias que buscan a sus desaparecidos”, afirma.
¿Por qué seguimos escuchando historias de desaparecidos que estuvieron ocho años en el Servicio Médico Forense hasta que fueron entregados a su familia?
Porque nuestras instituciones no funcionan como deberían hacerlo.
Al descubrirse una fosa clandestina –en una cueva o en un paraje– el Ministerio Público debería acudir a hacer el levantamiento de los cuerpos o los restos. En teoría, debería iniciar una investigación por los hechos y depositar los hallazgos en el área forense para la necropsia de ley.
En algunas entidades, el área forense está adscrita al Poder Judicial, en otras queda a cargo de las fiscalías y en lugares como la Ciudad de México existen dos sitios para cumplir este fin. Uno, envía al otro el cuerpo desnudo y en el camino, el primero se queda con la ropa o las identificaciones que portaba el cuerpo.
Idealmente, junto al cuerpo llegaría un cuadernillo con la síntesis de la carpeta de investigación y la descripción de sus pertenencias, pero no siempre se envía. Los espacios forenses practican la necropsia solo si tienen suficiente personal y en ese caso deberían incluir detalles sobre si la persona llegó envenenada o el tipo de municiones que la causó la muerte. Todos los detalles, pero a veces se omiten algunos.
Los cuerpos o restos se resguardan durante un periodo, pero la Ley General de Salud -que fue escrita hace cuarenta años- dice que deben depositarse en la fosa común al tercer día. En algunos lugares hay capacidad para retenerlos un periodo más largo, pero en otros no.
Y si en el trayecto hubo errores u omisiones, el rastro de los cuerpos se pierde y la familia, por más que busque no va a hallar a su desaparecido o desaparecida.
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¿Quiénes son responsables de este problema estructural?
Hay quienes consideran que son aspectos disociados los registros de investigación criminal, la búsqueda con vida y sin vida y la atención a víctimas. Lo ponen en cajones diferentes cuando no debería ser así. Esta disociación conceptual es la que lleva a que muchas personas que están siendo buscadas como desaparecidas realmente se encuentren en las fosas comunes de los gobiernos, creadas por sus propias áreas forenses y sus áreas ministeriales.
Las familias que insisten en los servicios forenses, a quienes le toca la suerte de tener un ministerio público un policía de investigación con más iniciativa y con más compromiso es probable que encuentren a su familiar antes de que sea enviado a una fosa común, pero esos son los menos. Hay lugares donde después de 48 horas son enviados a la fosa común y otro sitios donde pueden pasar dos años sin que llegue a la fosa común.
El problema es que en esos dos años no se busca a la familia, no se no se hace investigación para saber si esa persona está siendo buscada. Inclusive, ha habido casos donde las personas tienen credenciales, documentos de identidad, o pertenencias y con una investigación inicial se podría dar con el paradero de sus familiares, pero no se hace.
Tú has dicho en algunos espacios que de resolverse la crisis forense, se resolvería una buena parte de la crisis de personas desaparecidas, ¿podrías explicar por qué?
Sí, al menos hasta el momento en el que nos encontramos. La crisis de desaparecidos no se va a resolver de un día para otro, pero seis años serían suficientes para disminuir, en una medida muy importante, este fenómeno que atravesamos.
En la Fiscalía de desaparición forzada hay un pequeño grupo de personas, a cargo de la fiscal Marta Lidia Pérez Gumersindo, que impulsó como una de las medidas de investigación criminal el actualizar la información forense. Dijo: ‘necesitamos saber ¿cuántas personas han enviado los estados a una fosa común? Necesitamos los registros’.
Y hasta hace tres meses cuando todavía faltaban 10 entidades federativas por enviar la información, ya llevábamos 80 mil personas. Entonces, si estamos buscando 115 mil y tenemos 80 mil metidas en las fosas comunes, más las que faltan de notificar, así a ojo de buen cubero te puedo decir que cuando menos hallaríamos a la mitad de esas 80 mil personas a las que están buscando.
Hay miles de personas con nombre y apellido en las fosas comunes que no se quieren identificar porque eso implicaría la obligación de explorar la fosa completa, sacar a 400 personas sepultadas, resguardar los restos y clasificarlos.
Necesitaría el Estado encabezar una búsqueda generalizada masiva y decir ‘voy a abrir a esta fosa, voy a sacar a todas las personas que están ahí, a todas las voy a periciar y a todas las voy a resguadar y entre ellas seguro voy a encontrar a estas tantas que tenían nombre y apellido’.
Si esta premisa es verdad, ¿por qué el tema forense no ha recibido la atención que merece?
Yo diría que el tema de la crisis forense se ha intentado ocultar a todos los niveles, porque tiene un costo político altísimo y porque sabíamos que este sexenio era decisivo para quienes deseaban un proyecto político. A nadie le gusta esa papa caliente.
¿Qué pedirían las familias para avanzar en la identificación de personas?
Llevamos años planteando la necesidad urgente de construir un repositorio nacional.
El objetivo sería que las instituciones responsables de tomar bajo su custodia los cuerpos sin vida –o las partes de un cuerpo humano– puedan depositar la información del mismo en un solo lugar, en donde las otras instituciones, que están buscando una persona de la que se ignora su paradero, puedan cruzar información de manera sistemática. En ese lugar, podrían darse cuenta de si la persona reportada como desaparecida ha sido encontrada sin vida en algún otro lugar de la República o en la misma entidad federativa donde se hizo el reporte.
Eso no existe a la fecha. A veces, no existe ni siquiera en la misma entidad federativa mucho menos a nivel nacional y sería clave para atender la crisis que atravesamos.
¿Qué se necesita para construir un sistema como el que necesitan? ¿Solamente recursos y voluntad?
Se necesita antes que nada capacitación. Todas las piezas que conforman estos sistemas necesitan conocer las leyes de la desaparición. Se necesita invertir dinero para tener equipos que técnicamente puedan compartir información. A veces no es falta de voluntad de los gobiernos, sino que ellos empezaron a hacer su base de datos en un software que no es compatible con el software de la autoridad del estado colindante. No se pueden compartir nada porque es como si hablaran dos idiomas distintos.
El primer paso es homologar los sistemas tecnológicos que las instituciones están usando, porque tienen que estar homologados para que haya posibilidad de intercambio de datos.
El segundo paso es que se reconozca que las instituciones tienen una disfunción intrínseca –desde el principio de los tiempos– y que esa disfunción tiene mucho que ver con la poca cantidad de recursos humanos que tienen destinada para realizar las funciones relacionadas con la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.
Cada ministerio público tiene una carga de trabajo, que sería razonable para que la atendieran diez ministerios públicos. No hay suficientes peritos ni policías de investigación, tan solo la Fiscalía de búsqueda de personas a nivel federal, solamente contaba con 20 policías de investigación y ellos tenían a su cargo alrededor de 3 mil carpetas.
¿Y qué provoca eso? Desatención, errores, omisiones, renuncias, entre muchas otras cosas.
¿Hay algún esfuerzo actual para cambiar esta situación?
Se están empezando a generar vínculos para compartir información, pero el esfuerzo es incipiente. Al menos en estos 14 años que yo he estado al pendiente del tema, hemos insistido con las distintas autoridades en la creación de un sistema nacional que nos ayude a dar con nuestros seres queridos.
La administración anterior de la Comisión Nacional de Búsqueda había realizado acciones iniciales importantes para ir cerrando este gran vacío, pero sabemos que hubo un cambio abrupto. Carla Quintana y Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos) fueron una dupla que –con todo lo que se les pudiera señalar– construyeron una estructura institucional. Y seguía en obra negra, pero ya empezaba a mostrar sus frutos.
El problema es que los cimientos que dejaron ya no existen. Todo se detuvo con su salida.
¿Te refieres al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF)?
Sí, a los esfuerzos del Mecanismo Extraordinario y a los del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que quedaron truncos y fueron desmantelados. A mí me parece que detener esos proyectos fue una muestra de ignorancia y desdén de la Comisión Nacional de Búsqueda, y particularmente de su actual titular (Teresa Reyes Sahagún).
En ese entonces, yo era todavía integrante del Consejo Ciudadano de búsqueda a nivel nacional y teníamos la facultad de interactuar directamente con los integrantes del Sistema, y sabemos que no se entendió que el CNIH era un espacio indispensable. Se confundieron los objetivos de ambos proyectos y no se quiso hacer el esfuerzo de diferenciarlos. Aunque el Presidente dijo que no habría tope de recursos, sí lo hubo. Ese fue otro obstáculo.
Al inicio hubo voluntad, se necesitaba tiempo, era como meter un pastel al horno. Por más que abras la puerta del horno y le soples al fuego, no se va a cocinar. Lo que hicieron fue quemarlo. Se acusó al CNIH de ser un cascarón, le nombraron un titular que no tenía experiencia ni la confianza de las familias, eso por un lado.
Y en cuanto Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense tampoco se entendió su cometido. El CNIH iba a poner directrices, homologar cuestiones tecnológicas y protocolos de actuación pericial, el MEIF iba a atender los casos de todos aquellos que fueron enviados a una fosa común antes del 5 de diciembre de 2019, por eso era extraordinario. Pero ya no se quiso invertir dinero, tiempo y esfuerzo en ninguno.
Eran esfuerzos complementarios que en un punto coincidían, pero echándose a andar iba a ser posible perfeccionarlos, fusionar ciertas tareas o cederlas, solo ya no hubo manera de hacerlo.
Finalmente, ¿qué se le puede exigir a la nueva administración federal?
Si queremos creer que esta nueva administración va a atender con humanismo y seriedad este terrible fenómeno de las desapariciones –que es peor que la muerte– tendremos que ver los primeros signos tangibles de voluntad mediante la asignación de recursos para la construcción de centros de resguardo temporal (de cuerpos sin vida y restos humanos).
También, queremos ver que a las autoridades, cuando menos de la misma filiación política, se les exija la construcción de sus programas locales de exhumación. Serían dos pasos a corto plazo, dos acciones a las que podría comprometerse la presidenta electa (Claudia Sheinbaum) desde este periodo de transición sin ningún problema.
Y ya una vez que tome el mando, podría comprometerse a modernizar los espacios forenses, los espacios ministeriales y los espacios de investigación policial. Con esos tres elementos ejecutados, en un mismo sexenio se resolvería casi en su totalidad la crisis. Pero habrá que ver la disposición que muestre.