Violencia deja cientos de desplazados de comunidades indígenas: ong
La presencia de grupos armados obligan a comunidades en Chiapas, Michoacán y Chihuahua a abandonar sus hogares.
La presencia de grupos armados obligan a comunidades en Chiapas, Michoacán y Chihuahua a abandonar sus hogares.
La violencia en México obligó a al menos 361 habitantes de comunidades indígenas en Michoacán y Chihuahua a desplazarse de sus hogares, advirtieron organizaciones encabezadas por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).
Detallaron que en Michoacán hay alrededor de 110 personas a la espera de ayuda humanitaria, mientras que en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el número asciende a 251.
En Chiapas, los continuos enfrentamientos entre grupos del narcotráfico han obligado a ocho mil 190 personas a abandonar sus hogares en Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo.
Además, la Red TDT y otras organizaciones registraron un homicidio en la comunidad de Cinco Llagas de Chihuahua, otro en Chenalhó, Chiapas; dos en la comunidad de El Coire, Michoacán; así como siete personas desaparecidas, entre las que se encuentran dos jóvenes.
La organizaciones detallaron que documentar la situación de las y los desplazados por la violencia en México es difícil porque quienes dan información reciben amenazas de muerte. A la par, reclamaron la falta de respuesta gubernamental ante la petición de seguridad de las comunidades.
“Hemos acompañado a las comunidades en su solicitud para que se fortalezca la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas para que puedan inhibir de manera suficiente la comisión de delitos. Sin embargo, hemos visto con preocupación una omisión sistemática de estas fuerzas para coordinarse con quienes valientemente han solicitado su presencia”, mencionaron en un comunicado.
Por ello, exhortan a las autoridades a:
- Proteger a la población civil con medidas preventivas que garanticen los derechos humanos de los pueblos indígenas bajo asedio.
- Construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia.
- Poner en marcha rutas para el desarme de los grupos armados.
- Articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y presenten avances en las investigaciones que garanticen el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general.
- La búsqueda en vida de las personas víctimas de desaparición, con protocolos específicos para la búsqueda de menores de edad.
- Que en aquellas comunidades indígenas en las que la presencia militar ha sido solicitada, las autoridades de los tres niveles de gobierno respeten el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, así como los canales, protocolos y procedimientos definidos por cada comunidad, respetando sus instituciones jurídicas y leyes tradicionales.
- Que se generen medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos que han tenido la valentía de denunciar lo ocurrido y que están trabajando en la atención de las emergencias humanitarias.