La ONU condena la represión violenta de las protestas en Colombia, tras la muerte de por lo menos 18 personas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó la represión violenta de las protestas en Colombia, después de que los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes dejaron al menos 18 muertos y 87 personas desaparecidas.

En una semana de desconcierto en el país, la policía antimotines arrasó con las calles llenas de humo, disparándole a los manifestantes a quemarropa y arremetiendo contra las multitudes en sus motocicletas.

Al menos cinco personas murieron en Cali entre la violencia del lunes por la noche. La ciudad del sureste, que tiene una gran población afrocolombiana, ha sido el escenario de la violencia desde que las protestas pacíficas comenzaron un paro nacional el miércoles pasado.

“Estamos profundamente alarmados por los sucesos en Cali durante la noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, y un gran número de personas fueron asesinadas y lesionadas”, dijo un portavoz de derechos humanos de la ONU el martes.

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El ministro de defensa de Colombia, Diego Molano, se enfrenta al crecimiento de los llamados que piden su renuncia, pero el martes insistió en que la conducta de los oficiales de la policía “se encuentra dentro de la ley”.

“Nuestro deber es proteger a los que protestan, y a los que no, de quienes se disfrazan y sacan ventaja de las multitudes para aterrorizar a los colombianos”, dijo.

Pero testigos afirman que la policía parece haber exacerbado las tensiones. “Es como si la policía se esperara a que caiga la noche para desplegarse y comenzar a disparar indiscriminadamente”, dijo un líder comunitario en un barrio pobre de Cali, donde la policía realiza operativos constantemente. “Estamos acumulando cuerpos, muertos encima de más muertos”.

El líder dijo que cada noche llega un nuevo alboroto: el estruendo de los helicópteros policiales en el aire mientras las sirenas, granadas aturdidoras y el gas lacrimógeno dominan las calles. Los manifestantes, buscando bloquear la entrada de los escuadrones antimotines a sus comunidades, establecen bloqueos con escombros incendiados.

“La orden era militarizar la ciudad, y eso es lo que sucede”, dijo el líder. “Esperamos que la comunidad internacional preste atención, porque hasta ahora nadie más lo hace”.

Videos grabados desde celulares circulan en las redes sociales y muestran escenas que recuerdan a una zona de guerra. En una, un cuerpo sangriento, aparentemente sin vida, es rodeado por una multitud desesperada. Se escuchan los gritos de testigos: “¡Le dispararon, hijo de puta!”. En otro se ve a un civil colapsando sobre el suelo después de que un policía sobre una motocicleta lo golpeara en la nuca.

Temblores, una organización local que monitorea la violencia policial, recomendó a los manifestantes de Cali volver a casa, porque no había garantías de seguridad. “La vida prima sobre todo lo demás y el Estado está deliberadamente atacándola”, tuitearon.

Las autoridades investigan los reportes de miembros de una misión humanitaria de la ONU que fueron amenazados y atacados. El aeropuerto de la ciudad, desde el cual despegan 25 vuelos diarios, se encuentra cerrado. Los bloqueos de carreteras en las afueras de la ciudad, y en camino a un puerto marítimo cercano en Buenaventura, también se reportaron desde el martes por la mañana.

Jim McGovern, diputado demócrata de Massachusetts, tuiteó: “Esta (violencia) es parte de un patrón inquietante de uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de derechos humanos”.

El presidente derechista de Colombia, Iván Duque, ha enfrentado tres protestas nacionales desde que comenzó su periodo en 2018, y todas han sido reprimidas con violencia policial. En septiembre del año pasado, iniciaron protestas antipolicía después de que oficiales de Bogotá mataron a un hombre con un arma eléctrica Taser.

Las protestas actuales comenzaron un paro nacional sobre una reforma tributaria mal recibida, aunque muchos protestantes marchan contra un gobierno profundamente polarizante, en defensa de los líderes de derechos humanos amenazados, por un incremento en las redes de seguridad social durante la pandemia, y por reformas policiales.

Incidentes aislados de saqueo y vandalismo se han reportado en todo el país, con daños a centrales de autobús y estaciones de policía.

La economía de Colombia ha sido devastada por la pandemia de Covid-19, que hasta ahora ha reclamado más de 75,000 vidas, la cifra diaria de muertes rompió el récord nacional durante la semana pasada.

Duque canceló la reforma tributaria el domingo por la tarde, 24 después de aceptar la renuncia de Alberto Carrasquilla, su ministro de finanzas, pero estas acciones no calmaron el descontento.

La violencia policial es desalentadora para quienes tenían esperanzas en un futuro pacífico para Colombia cuando el país firmó un acuerdo de paz histórico con el grupo guerrillero de izquierda, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

Muchos esperaban que el acuerdo, junto con la finalización formal de cinco décadas de una guerra civil que mató a 260,000 personas y obligó a más de 7 millones a huir de sus casas, abriera un nuevo espacio para la izquierda en el espectro político colombiano.

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En su lugar, desde que Duque llegó al poder en 2018, los manifestantes han sido constantemente acusados de actuar como cubierta para grupos disidentes rebeldes que no han querido bajar las armas.

“El gobierno sigue criminalizando las protestas sociales y estigmatizándolas por estar infiltradas por guerrilleros”, dijo Pedro Piedrahita, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Medellín.

“Los organismos de seguridad pública de Colombia todavía operan bajo las doctrinas anacrónicas del anticomunismo, del enemigo interno, y como tales protestas no se consideran como ciudadanas sino como objetivos militares legítimos que necesitan ser eliminados, sin importar las consecuencias”.