Lo que rige a los funcionarios es la ley, no el mandato popular: organización salvadoreña Cristosal

Desde que el 1 de junio de 2019, Nayib Bukele juró el cargo de como presidente de El Salvador y ha logrado llamar la atención de la comunidad internacional repetidas veces. La última, el 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general, Raúl Melara. 

El acto fue condenado por parte de la sociedad civil salvadoreña y de la comunidad internacional como un golpe de Estado. Primero, porque desde las elecciones legislativas de febrero de 2021, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, tiene 56 de los 85 diputados de la cámara legislativa. Y segundo, por los argumentos en los que se basó para hacerlo. 

Para el fiscal general, sustentaron que tiene vínculos con el partido de la oposición Arena. Diputados aseguraron que en el listado de inversionistas privados de Arena de 2014 aparece el ya exfuncionario, según tuiteó la diputada de Nuevas Ideas Suecy Callejas. 

Para los magistrados, argumentaron que atentaron contra la vida de los ciudadanos, porque durante el 2020, declaró inconstitucionales algunas medidas para combatir el Covid-19 que adoptó el gobierno de Buekele.

La CSJ consideró inconstitucional la medida y horas después, los magistrados renunciaron y fueron sustituidos por otros. El acto fue condenado por organizaciones como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y países como Estados Unidos.

“Tenemos profundas comunicaciones sobre la democracia de El Salvador, en vistas a la votación de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la corte. Un poder judicial independiente es básico para una democracia sana — y una economía fuerte”, tuiteó la vicepresidenta y encargada de las relaciones de Estados Unidos con Centroamérica, Kamala Harris. 

El presidente Bukele respondió desde su tribuna favorita: Twitter.

La-Lista habló con una de las decenas de organizaciones que condenaron e impugnaron el acto, Cristosal. Su director de Litigio Estratégico, Abraham Ábrego, explicó que el conflicto no está en qué se aprobó, sino en cómo. Y recordó que la democracia se sustenta en la mayoría, pero no puede ser abusiva. 

La-Lista: ¿Cómo resumiría lo que sucedió el 1 de mayo en El Salvador?

Abraham Ábrego: Fue una ruptura del orden democrático y del estado constitucional de derecho, un golpe de Estado.

¿Por qué?

Por haber hecho un procedimiento inconstitucional de destitución del fiscal general y de los magistrados de la CSJ, sobre todo, porque son los de la sala de lo Constitucional, el máximo tribunal en esa materia. No pueden ser destituidos de forma arbitraria, solo por causas específicas en la ley.

Lo que pasó es que no ha habido ninguna ley que las especificara pero si revisa las causas de la Asamblea Legislativa, básicamente es descontento del gobierno con las sentencias emitidas por el tribunal en la pandemia de Covid.

Hay mayoría de Nuevas Ideas pero la comunidad internacional y parte de la sociedad civil lo condenan, ¿cómo resuelven esta tensión?

El tema es si tener la mayoría justifica hacer cualquier cosa con la minoría. Nadie niega la legitimidad de Bukele. Lo que se cuestiona es si eso le da un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. 

Democracia es soberanía del pueblo que da la representación a los funcionarios, pero lo que rige a los funcionarios es la ley, el Estado de derecho, no el mandato popular. Esa es la garantía de que no se va abusar del poder.

¿Qué rol han tenido ustedes en esta crisis?

Condenamos el acto de la Asamblea Legislativa porque implica una cooptación por parte de la gestión de Bukele de concentrar el poder judicial.

El gobierno de Bukele tiene el órgano ejecutivo y con las elecciones legislativas, este año ha ganado la mayoría absoluta en el Congreso. Por tanto, tiene el control en el legislativo y con este acto del primero de mayo tendrá el control del judicial. 

En el caso de Cristosal, lo que hemos hecho es documentar las violaciones que surjan del acto del primero de mayo, porque no reconocemos la validez ni de la actual corte ni de la fiscalía. Por tanto, consideramos que todos sus actos son nulos. Ya hicimos la primera acción de litigio contra uno de los primeros decretos de la Asamblea Legislativa.

¿Qué dice ese decreto 7?

Establece la inmunidad del personal médico y el personal involucrado con la compra de medicamento y proceso de vacunación, para que no pueda ser perseguido judicialmente y tiene efecto retroactivo. Eso involucra a los señalamientos que ha habido sobre irregularidades en los procesos de compra y que ya se presentaron avisos a la fiscalía por esas irregularidades. Esa ley pretende generar impunidad e imposibilidad de perseguir esos delitos. 

¿Con qué fin lo disputan?

El mecanismo que se usó el 1 de mayo es la figura que se llama dispensa de trámite, significa que los proyectos de ley no pasan por un proceso ordinario (iniciativa de un diputado, el pleno lo asigna a una comisión, discuten y debaten la propuesta, se regresa al pleno para la aprobación). El 1 de mayo no pasaron la iniciativa de destituir a los magistrados y de sustituirlos a las comisiones.

Eso parece que va a ser una constante en la actividad legislativa porque lo hicieron con el decreto 7. No hubo ninguna discusión de esa propuesta de ley. La idea es atacar esa figura que a nuestro juicio es excepcional y normalizarla implica un atentado a la forma en que debe haber discusión de los proyectos legislativos.

¿Por qué dice que el presidente ahora tiene el control de los poderes legislativo y judicial?

Cuando dio la explicación al cuerpo diplomático dijo que “nosotros” hemos elegido a los nuevos magistrados. Si ve el perfil de los mismos, hay una vinculación clara con el gobierno y con Nuevas Ideas.

El magistrado Luis Javier Suárez trabajó en el ejecutivo, tenia un puesto en la Comision Hidroeléctrica Nacional. Luego fue parte del Instituto de Acceso a la Información, nombrado por el presidente para ser comisionado. Entonces, vemos una clara evidencia de que hay una invasión del órgano ejecutivo a través de la Asamblea Legislativa. 

¿Cómo entiende este acto en relación con la historia de El Salvador?

El proceso de transición democrática fue muy doloroso. Fue salir de una cuestión histórica de dictaduras militares. Murieron más de 80,000 personas por buscar un cambio hacia una democracia. En estos últimos años, que han habido transición de gobiernos, sí se ha respetado las reglas de separación de poderes. Es decir, no había pasado un hecho como el del 1 de mayo. Sí hubo atentados y conflictos, pero no una toma del órgano judicial tan descarada porque no es solo la elección. Fue en la madrugada y la toma del edificio del órgano judicial y de la fiscalía por miembros de la policía y del ejército.  

¿Este pasado los hace especialmente sensibles a estos actos?

No entendemos el acto del 1 de mayo. Teniendo un partido la mayoría absoluta de la Asamblea, la primera vez que pasa en la historia, ¿por qué no hicieron las cosas bien? Nada les costaba seguir el proceso que establece la constitución. 

Además, había elecciones de magistrados en junio. Si tengo la mayoría absoluta, ¿qué necesidad de romper el orden con estos actos? Igual el fiscal, terminaba su período en diciembre. 

Entonces, ¿nunca hubo magistrados partidistas en El Salvador y los fiscales eran independientes?

Siempre ha habido acusaciones, sobre todo con la figura del fiscal, pero eso ha sido histórico. Igual con los magistrados. Pero nunca se han desarrollado procesos judiciales para establecer si había vínculos partidistas. Nosotros estamos haciendo evaluación a medio termino del fiscal actual. Había cosas positivas y cosas negativas pero eso no le da derecho a quitarlo de tajo. 

¿Qué impacto tiene que Kamala Harris condenara el acto? 

No se sabe qué eficacia va a tener pero si a nivel nacional se trata de normalizar este tipo de actos y todas las instituciones de control están coptadas, es difícil que a nivel nacional se pueda revertir. La presión internacional señala la preocupación.  

Él dijo: “Estamos limpiando nuestra casa”, ¿se tiene que limpiar la casa?

Hay que ver qué significa eso. Si lo vinculo con la sustitución (de magistrados y fiscal general), es quitar a los que me están investigando o dictado sentencias que no comparto y poner a otros que sí me van a dar sentencias o van a hacer investigaciones con las que estoy de acuerdo.

¿Qué balance hacen del gobierno de Bukele?

Ha habido un regreso al autoritarismo. Se habían logrado avances en transparencia, en acceso a la información. En esta gestión hubo secretismo y abuso, al declarar reservada información, por ejemplo, del plan de vacunación o información que tiene que ver con las estadísticas del Covid. 

También, en medidas del año pasado que son violatorias de derechos humanos. Por ejemplo, la decisión de sancionar con confinamiento a las personas que supuestamente violentaban la cuarentena. La CSJ la declaró ilegal porque lo hicieron vía decreto, pero ya hubo miles de personas detenidas. 

Con la mayoría que los salvadoreños dieron a Nuevas Ideas, ¿cree que avalan la mano dura del gobierno de Bukele?

Es claro, el voto popular lo tiene por ese discurso y siempre lo han tenido los gobiernos que han tenido el discurso de mano dura. Hay que decir que encuestas de 2019 o 2020, muestran variaciones, porque si les preguntas si apoyan que se violen los derechos humanos de personas en cárceles, hay gente que no esta de acuerdo.