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Derechos Humanos

Se va el Quédate en México, queda el Título 42

El derecho al asilo en EU no será libre hasta que la administración de Joe Biden deje de aplicar un precepto de la ley de salud que permite expulsar a inmigrantes en la frontera por razones de salud pública, aseguran expertos.

Foto: Estuardo Cifuentes.

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No hubo diferencia entre estar secuestrado en manos del crimen organizado de México y estar detenido en las llamadas hieleras (jaulas) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos: “una tortura”, recuerda Estuardo Cifuentes, un guatemalteco de 33 años que llegó a Texas bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

También conocido como Quédate en México (Remain in Mexico, en inglés), el programa obligaba a los inmigrantes indocumentados que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos a permanecer en el país vecino hasta que los tribunales resolvieran sus solicitudes de asilo.  Cifuentes huía de la violencia de su país por su orientación sexual. Estuvo 19 meses esperando en Matamoros.

Este martes, esta polémica política migratoria llegó a su fin de forma definitiva, como resolvió el titular del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La resolución llega más de cuatro meses después de que el presidente estadounidense Joe Biden suspendiera el MPP mediante uno de los primeros decretos que firmó horas después de jurar su cargo. 

Con ello, acaba a uno de los vestigios que quedan de la criticada gestión de la inmigración en la frontera sur del expresidente estadounidense Donald Trump. Organizaciones de derechos humanos y activistas catalogaron el MPP de ilegal y causante de una crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos. 

Crisis humanitaria

“Leyeron una conversación con mi pareja y cuando se dieron cuenta de que soy gay me dijeron: ‘esto es más caro. Tienes que pagar 75 (dólares)’”, recuerda Cifuentes. Esta era la cuota que semanalmente daba a sus extorsionadores cuando la patrulla fronteriza lo regresó a México, una vez inscrito en el MPP. 

El Quédate en México empezó a operar el 25 de enero de 2019 y, hasta su suspensión, unas 68,000 personas fueron devueltas al país, según el memorando que firmó Mayorkas para argumentar la derogación de la política. 

En febrero de 2021, la organización Human Rights First había documentado 1,544 casos de asesinato, violación, tortura y secuestro, entro otros ataques violentos en contra de los solicitantes de asilo inscritos en el MPP y forzados a permanecer en México. Cifuentes se encontraba en Tamaulipas, calificado en alerta 4 de viajes por el gobierno de Estados Unidos, el máximo. 

Un 44% de las órdenes de deportación se decretaron en ausencia de los interesados. La organización Human Rights Watch documentó casos de familias que no pudieron acudir a sus citas en los tribunales porque habían sido secuestrados en México o porque el gobierno mexicano los había enviado al sur del país, lejos de donde tenían programadas sus audiencias. 

“Estados Unidos, de manera irresponsable, los devolvía a México y México no se hacía cargo de ellos ni las instancias internacionales, porque no eran solicitantes de asilo en ese país”, explica Soraya Vázquez, abogada y subdirectora de la organización Al Otro Lado, radicada entre Tijuana y San Diego.

En febrero, cuando se empezó la desarticulación de la política, comenzaron a entrar los primeros migrantes con casos activos. Había 25,000 y pasaban entre 200 y 300 al día. De estos, 11,490 ya fueron procesados en Estados Unidos, según la última cifra de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). El organismo es el encargado de gestionar la entrada a Estados Unidos de los inscritos al MPP en México.

Campamento de migrantes afuera de El Chaparral, Tijuana, Baja California, de marzo de 2021. (Foto: Guillermo Arias / AFP)

Alegría contenida

Durante su estancia en México, Cifuentes creó la organización Rainbow Bridge, para apoyar a los migrantes de la comunidad LGBT en la frontera. Ahora ya está en Texas y, desde ahí, celebra la abolición del MPP. Pero la suya es una alegría contenida. “No nos dieron una solución”, explica. 

Él coincide con activistas y organizaciones que trabajan con los más perjudicados por las políticas migratorias de Estados Unidos en señalar al llamado Título 42. Hace referencia al apartado de una ley de salud estadounidense que, desde marzo de 2020, permite la expulsión de quienes entren de forma irregular al país, sin darles opción de solicitar asilo, por razones de salud pública.

Este es el otro remanente de la gestión migratoria de Trump, aunque la medida se implementó con el pretexto de la pandemia de Covid-19. Biden ha recibido críticas por mantener esa política, toda vez que siguen operando vuelos a Estados Unidos y los llamados viajes esenciales transfronterizos están permitidos. 

¡No cambió nada!”, se queja Cifuentes. “Al contrario, es peor, porque en MPP tenías la opción de ver a un juez y presentar tu caso. Pero con el Título 42, simplemente te devuelven a México”. 

Mientras no se dé de baja esta medida, Estados Unidos seguirá siendo un país sin un derecho al asilo efectivo. “Todavía no se accede de manera libre, solo en casos excepcionales”, explica la abogada Vázquez.

En abril de 2021 se aprehendieron a 178,622 personas en la frontera sur, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. De estos, un tercio se amparan en el Título 42, explica Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de la organización Washington Office for Latin America.

Los niños (no acompañados) no son expulsados y para las familias es como ir al casino”, dice. “En Tamaulipas están aceptando familias con menores de 7 años”.

El analista publica cada semana una actualización de las cifras que resumen la situación migratoria en la frontera de México y Estados Unidos. Para él, lo más urgente ahora es reconstruir una administración migratoria que tenga capacidad de procesar todos los casos que les llegan. 

Y ello exige aumentar el personal en las cortes migratorias, para reducir la demora de los procedimientos de asilo. “Hay unos 1.3 millones de casos por resolver, la mitad, de asilo. Algunos llevan desde 2014 esperando”, dice. 

El Departamento de Seguridad Nacional, junto con el de Justicia, anunciaron la puesta en marcha de un procedimiento rápido para la resolución de los casos de asilo. Las familias detenidas desde el 28 de mayo en adelante, en alguna de las 10 ciudades designadas, podrán tener resueltos sus proceso de deportación en un máximo de 300 días. Estas ciudades incluyen El Paso y San Diego.

Lo que más consuela a Cifuenes es pensar que ya nadie más será inscrito en ese programa que a él lo tuvo siete días bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza. 

“Dormía en el suelo, no podía lavarme los dientes, las luces estaban encendidas 24 horas, el aire acondicionado también, no había horarios para las comidas. Realmente, perdías la noción de lo que sucedía ahí adentro”, recuerda, de su estancia y de la del resto de la generación de inmigrantes de Quédate en México. “Al final, vamos a ser MPP toda la vida porque así fuimos ingresados”.

Eduardo Cifuentes forma parte de la generación MPP de inmigrantes del sur en EU. Foto: Estuardo Cifuentes.

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