El Paro Nacional de Colombia y el gobierno llevarán su disputa ahora al Congreso

Las movilizaciones ciudadanas del Paro Nacional lograron desafiar al Covid-19 en paralizar la rutina, imponer la agenda y repensar las prioridades de Colombia. Empezaron el 28 de abril convocadas por el Comité Nacional de Paro (CNP), una organización formada por sindicatos y centrales obreras, aunque las calles fueron tomadas por una masa de ciudadanos, afiliados o no a alguna agrupación, que estaban hartos de tanta desigualdad y una pobreza que alcanza a cuatro de cada 10 de ellos. 

Hoy ya no nos llegan imágenes de calles tomadas por las protestas engalanadas con la bandera amarilla, azul y roja. El 9 de junio, el CNP llamó a una suspensión temporal de las movilizaciones. “El gobierno no está interesado en un diálogo social y se acentuó de manera muy fuerte la represión”, explica a La-Lista uno de los voceros, Francisco Maltés. “Acordamos por unanimidad un cambio de táctica”, añade. 

Con este cambio de estrategia, el colectivo quiere seguir conquistando victorias que se sumen a los logros que, de forma inédita e histórica, ya se puede apuntar el Paro Nacional.

Los logros

A los cinco días de movilizaciones, llegó el primero. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, presentaba su renuncia. Él fue el artífice de la reforma tributaria que derramó el vaso del hartazgo ciudadano, al aumentar los impuestos a las clases medias y bajas. Con él, cayó su proyecto y acto seguido, también lo hizo una propuesta de reforma de la ley de salud que integrantes del sector criticaban por privatizar la sanidad pública.

Colombia, además, estuvo en la mira internacional porque el paro puso en evidencia la disfuncionalidad del sistema policial y la brutal represión del gobierno. A las movilizaciones que se dieron en más de 800 municipios del país, se sumaron las que protagonizaron compatriotas y simpatizantes en grandes ciudades del mundo, como la Ciudad de México o Nueva York, pidiéndole a Duque que parara la “masacre”, como se leía en pancartas.

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Organismos internacionales y diversos países condenaron la violencia de la fuerza pública contra los ciudadanos. La última fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 7 de julio presentó el reporte Observaciones y recomendaciones: Visita de trabajo a Colombia.

“La CIDH ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”, asegura el informe, y ello, a pesar de que solo una de cada 10 movilizaciones fue violenta. 

No hay claridad sobre la cantidad de víctimas de la represión policial y las movilizaciones. Hasta el 26 de junio, la Organización No Gubernamental (ONG) Temblores había registrado 44 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, además de otros 29 aún bajo investigación; 228 víctimas de disparos de arma de fuego; 28 de violencia sexual, y más de 2,000 detenciones arbitrarias, entre otras.

En el documento, la CIDH hace 41 recomendaciones al gobierno de Iván Duque. Y estas recomendaciones ponen en evidencia que la lucha ciudadana sigue vigente.

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Los pendientes

A inicios del paro, Duque anunció la inauguración de unos “espacios para escuchar a la ciudadanía”, en los que se reunirían con todos los sectores, instituciones, activistas para decidir cómo el país tenía que afrontar los grandes retos del presente: reactivación económica, vacunación y pacificación del país, entre otros.

Pero participantes de estos encuentros aseguran que fueron insuficientes e infructuosos. Lo primero, lo prueba el hecho de que la recomendación número uno de la CIDH es esta: “diálogo”. La insuficiencia de discusiones entre sectores con intereses confrontados se nota en que no hay un acuerdo en las reformas que necesita el país. 

“Sostuvimos una conversación de una tarde completa con el presidente, todos tuvimos el espacio para hablar, pero no fue una reunión que condujera a planes de acción ni a más reuniones”, explica un integrante del encuentro que Iván Duque tuvo con más de 50 jóvenes, el analista político Fernando Posada. “Fue más una jornada de diálogo que de negociación”, añade.

Posada critica que el presidente no haya condenado de forma contundente las cargas policiales y su polémico Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). El gobierno sostiene que usó la fuerza de manera “excepcional” y con apego a la ley, y ha sido enérgico en condenar los actos vandálicos y bloqueos que se dieron en algunas protestas. 

El sistema policial es otro de los rubros en los que gobierno y sociedad civil discrepan. El CNP y parte de la sociedad civil quieren que la Policía Nacional deje de formar parte del Ministerio de Defensa. El gobierno anunció que el 20 de julio presentará una propuesta de reforma “integral” y de “modernización” del cuerpo que contará con la participación ciudadana. Pero no incluye esta demanda social, que lleva años vigente.

Ese mismo día, Duque también presentará un nuevo paquete de medidas de carácter social y tributario. A diferencia de lo que sucedió en la fallida reforma fiscal, esta no aumentará la base de la declaración de la renta de los colombianos, dijo. Las medidas alargan la vigencia de programas sociales y demandas de la sociedad civil, sobre todo, con miras a la continuidad de la crisis económica derivada de la pandemia. 

Por ejemplo: seguirá la matrícula gratuita en las universidades públicas, se extiende un ingreso solidario para 3.5 millones de familias hasta agosto y subsidios a las nóminas de nuevos empleos para jóvenes y mujeres de hasta el 25% del salario mínimo legal mensual. 

Pero si bien sectores de la sociedad celebran estas reformas, les resultan insuficientes. El ingreso solidario es de poco más de 40 dólares al mes, explica Maltés. “Es muy diferente de lo que nosotros pedimos: una renta básica universal de 261 dólares mensuales, por siete meses, y para 10 millones de personas”, añade.

El CNP está preparando su paquete de reformas legales que incluyen sus peticiones más urgentes. También lo presentará ante el Congreso y parte de ellas, coinciden con las recomendaciones de la CIDH. Por ejemplo, en la necesidad de regular el ejercicio del derecho a la protesta, lo cual, puede evitar que en movilizaciones futuras se repita la cifra de víctimas.

“El paro nacional comienza como un punto de encuentro de ciudadanos distintos y pliegos de peticiones muy distintos. Con una naturaleza tan diversa, es imposible llegar a soluciones para todo”, reflexiona Posada, siendo él mismo crítico con la respuesta de Duque y con algunas posturas del CNP. “Creo que es el paro que más cambios ha traído en la política y aún así, no se han solucionado ni satisfecho las solicitudes”, concluye.