‘En El Salvador hay periodistas incómodos y no se les expulsa’, dice su vicepresidente

La expulsión del periodista mexicano Daniel Lizárraga de El Salvador fue la última polémica que rodea el gobierno de Nayib Bukele. Parte de la opinión pública leyó el gesto como una evidencia más de la concentración de poder que está acumulando el presidente y de su intolerancia a la crítica.

A esta le antecedió la renovación de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y la Fiscalía General, en la noche del 1 de mayo. Fue lo primero que hizo la Asamblea Legislativa resultante de las elecciones de febrero y que le dieron mayoría aplastante al partido del presidente, Nuevas Ideas. Con ello, Bukele ya no tendrá enfrentamientos con el poder legislativo como pasó en febrero de 2020, cuando irrumpió en el parlamento rodeado de militares para que le aprobaran un préstamo. 

Bukele ha dado de qué hablar desde que asumió el cargo, en junio de 2019. Su mano dura contra la violencia, a través del Plan Control Territorial, le ha permitido presumir de cifras como la de solo tener siete homicidios en el primer semestre de 2021 y en varias encuestas, su gestión no baja del 80% de aprobación ciudadana. 

La-Lista habló con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sobre cómo el país centroamericano se plantea abordar la crisis migratoria hacia la frontera de Estados Unidos; qué pasara en septiembre, cuando se presente una propuesta de reforma constitucional; sobre la comentada Ley Bitcoin, y sobre los señalamientos de autoritarismo que rodean al presidente del país, Nayib Bukele.

La-Lista (L-L): ¿Puede detallar qué se va a modificar de la Constitución?

Félix Ulloa (FU): La reforma constitucional la dividimos en cuatro grandes áreas. La primera se refiere a los derechos fundamentales, individuales y colectivos. Hemos incorporado derechos de colectivos invisibilizados o ignorados tradicionalmente: los pueblos indígenas, los colectivos LGBT, derechos nuevos que ahora están considerados de los pueblos, como el derecho a la alimentación, al agua, al aire, a una muerte digna.

La segunda se refiere al sistema político y régimen económico. Ahí hemos introducido el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandato, estas instituciones de democracia directa que no existían. En el régimen económico, hemos ampliado el concepto de que se garantice la propiedad privada con función social y, hemos agregado, con estricta armonía con el medio ambiente.

L-L: ¿Van a ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años?

FU: Sí, pero no es ampliar sino hay que leerlo como ordenamiento de los ciclos electorales, que van a ser con múltiplos de tres. Va a haber elecciones cada tres, seis y nueve años, porque hoy tenemos cada tres años y cada cinco años, y esto te hace una distorsión.

L-L: ¿Se van a permitir que se reelija al presidente de forma inmediata?

FU: En el modelo que estamos presentando no hay reelección para el presidente que está en funciones, tendría que esperarse a que termine un mandato para que pueda presentarse de nuevo.

L-L: ¿Cómo ven el plan del presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, de invertir 4 mil millones de dólares en la región para erradicar las causas de la migración forzada?

FU: Lo vemos con entusiasmo y optimismo. De hecho, yo mismo le envié una carta hace 10 días a la vicepresidenta Kamala Harris felicitándola porque le han designando esta tarea e informándole que en El Salvador nos congratulamos con esa visión.

Lo que yo le planteo en mi carta es que salimos al encuentro de su proyecto con nuestro plan de reactivación agropecuaria. Consiste en recuperar el campo, que fue abandonado durante las últimas tres décadas por los gobiernos de Arena y el FMLN, y la gente del campo solo tuvo dos opciones: o venirse a las ciudades o irse para Estados Unidos. Hay un fideicomiso que se aprobó hace un mes en la Asamblea Legislativa de mil 200 millones de dólares para reactivar la actividades agropecuarias y, especialmente, la renovación de 50 mil hectáreas de café.

L-L: ¿Esto está relacionado con el programa de México, Sembrando Vida?

FU: Es diferente. El programa de Sembrando Vida de México tiene un fondo de 30 millones de dólares y va destinado a promover a pequeños agricultores en particular, es decir, a estimular productos no tradicionales, etc. 

En la última reunión que tuve con el embajador de México (en El Salvador), están cubriendo poco más del 30% de las metas propuestas. Es un proyecto que va caminando despacio porque se tenían que hacer censos de los beneficiarios. Me decía que la meta era cubrir a 10 mil familias y llevaban unas 3 mil. 

L-L: Además del tema económico está la corrupción, señalan desde EU, como causas de la migración forzada. ¿Hasta dónde están dispuestos a trabajar con EU para este fin?

FU: No solo es EU, esta es una demanda que tiene la comunidad internacional en su conjunto. La corrupción no es exclusiva de un solo estado o país, y la corrupción llega a los EU porque los dineros que pasan del narcotráfico, del tráfico de personas, de todas las acciones de crimen organizado y de la corrupción misma de los países, se deposita en bancos que no son los nacionales. 

Nosotros hemos identificado que la mayor corrupción en nuestro país no está en los funcionarios. Tenemos los tres últimos presidentes procesados por corrupción: Uno murió estando procesado y se le acusaba de corrupción por 80 millones de dólares. El otro, está preso y se le acusa de 301 millones de dólares y el otro, está refugiado en Nicaragua y se le acusa de 350 millones de dólares. Entre los tres, en 15 años, no llegan a 800 millones de dólares. Según el Global Financial Integrity, cada año, en El Salvador se pierden 2 mil millones de dólares por la evasión de los grandes contribuyentes que no pagan. 

L-L: La congresista demócrata Norma Torres pidió hacer pública la lista Engel, con funcionarios y políticos del Triángulo Norte sospechosos de corrupción. Entre ellos, figuraba la jefa del gabinete de Nayib Bukele, Carolina Recinos.

FU: ¿Dónde están las evidencias? Yo creo que esa lista tiene un carácter político porque no las han enviado. Mencionar a las personas sin presentar evidencias es irresponsable y tiene el sentido de incidir políticamente. En el caso de El Salvador todavía más, porque es el único de los tres países al que se le señala a funcionarios del gobierno actual. No hay ninguno del gobierno de Honduras ni del gobierno de Guatemala. ¿Qué te indica eso? Esa lista no es seria. 

L-L: El nombramiento del fiscal general por la asamblea fue visto como un gesto más hacia la concentración del poder de Nayib Bukele. ¿Cree que esta asamblea y la nueva fiscalía tienen credibilidad en la lucha contra la corrupción?

FU: La credibilidad se da porque tienen una persona que está en sintonía con los esfuerzos que el gobierno ha planteado. Anteriormente, por el sistema de representación proporcional, ningún partido, desde 1964 hasta 2021, había alcanzado 40 diputados en la Asamblea. Entonces, tenían que negociar entre los partidos mayoritarios, Arena y FMLN, que son ahora los que están sentados en el banquillo de los acusados por casos de corrupción. 

El 28 de febrero de este año el pueblo da al partido del presidente no 40 ni 43 diputados, que son suficientes para mayoría simple, le dan mayoría calificada, con lo cual, puede cambiar al fiscal y los magistrados de la Corte Suprema sin necesidad de estar negociando con otras fuerzas. Actúa en consecuencia porque lo que él ofreció al pueblo para que le diera ese respaldo era combatir la corrupción y acabar los arreglos del bipartidismo. 

L-L: ¿Por qué expulsaron al periodista mexicano Daniel Lizárraga?

FU: Yo no creo que se le expulsó. Él estaba aquí de turista. Si vienes de turista a un país y te pones a trabajar sin el permiso, estás violando la ley del país. Este es un derecho de los estados de tener a quien quieran en sus países.

L-L: Lizárraga explicó que estaba tramitando su permiso de trabajo, uno de los argumentos que le dieron fue que no pudo acreditar que es periodista y que su rol en El Salvador podría interferir en asuntos internos del país. ¿Puede explicar esto?

FU: Aquí hay periodistas incómodos, críticos, incluso, que insultan cada día al presidente, y no se les expulsan, porque cumplen los requisitos. Hay uno que escribe columnas en El Diario de Hoy que se llama Paolo Luers. Es un alemán que critica, insulta, llega a mentir, y ahí está. Pero, ¿por qué no se le expulsa o no se le impide escribir? Porque esto es una democracia. Si no tuviera los requisitos para estar en el país, ya se le hubiera sacado. 

L-L: Hay medios salvadoreños que han denunciado hostigamiento por parte del gobierno. Un presidente que goza de más de un 80% de aprobación de los ciudadanos, ¿qué necesidad tiene?

FU: Aquí lo que hay son periodistas que tienen una agenda contra el gobierno. Están los medios tradicionales, que se han visto afectados porque el presidente, desde que era candidato, dijo que les haría pagar impuestos. Fue la primera ley que aprobó esta Asamblea Legislativa. 

Luego hay medios alternativos, financiados por Open Society, que más que ser incómodos, creo que andan buscando mantener las fuentes de financiamiento y para eso, necesitas cierta notoriedad y perfil. Entonces, tienes que hacerte la víctima y el perseguido para llamar al atención. Pero aquí no hay persecución ni contra periodistas de El Faro, ni contra la revista Factum, que son críticos del gobierno. Nunca se les ha cortado las conexiones de internet ni se les ha ido a amenazar a sus oficinas. Incluso El Faro denunció que contra él se hacía acoso fiscal porque se le montó una investigación en vista de que, como cualquier sociedad o empresa que recibe fondos, tienen que declarar. 

L-L: ¿Entiende por qué hay miedo de que El Salvador esté en el camino de convertirse en una autocracia o en una nueva Nicaragua?

FU: Me da risa porque la gente afuera se lo cree. Le dije a (José Miguel) Vivanco, (director ejecutivo de las Américas) de Human Rights Watch, cuando decía que se estaban violando los derechos de los periodistas en El Salvador, que viniera a comprobar que no era cierto. 

L-L: El presidente irrumpió en la asamblea con militares para que le aprobaran un préstamo; se destituyó a los cinco magistrados de la sala Constitucional de forma expedita; a Lizárraga no se le dio el permiso de trabajo con una justificación débil, ¿no son evidencias suficientes?

FU: Si lo leo así, desde luego. Cuando el presidente entró al salón Azul de la Asamblea estaba vacío y no entró a amenazarlos (a los diputados). Yo estaba ahí y estaban los (diputados) que le apoyaban a él. Por eso él llegó a convocar a la Asamblea fuera del recinto, que se lo permite la Constitución, porque los diputados decían que no se reunían. El presidente no entró con los militares con armas de guerra a amenazar a los diputados que estaban adentro. 

L-L: Entonces, ¿para usted es normal llevar a los militares a la sede de la soberanía?

FU: No es normal. Fue un error que los militares le siguieran a él, no es que él los llevó. Le invitó el vicepresidente de la Asamblea, le ofreció la silla para que se sentara y hablara con los diputados que estaban adentro. La escolta militar lo siguió, ese fue el error, debía haberse quedado afuera. La imágenes y las fotos son impactantes, claro. Es más, dijeron que era un golpe de Estado, que había entrado a tomar el parlamento. Esto son lecturas tendenciosas. 

L-L: La semana pasada El Faro publicó que la Ley Bitcoin forma parte de un plan del gobierno para crear una moneda digital nacional, el colón digital. ¿Es cierto?

FU: No lo sé. Lo que sí sé es que el bitcoin va a ser moneda de curso legal en El Salvador, es decir, podrás hacer operaciones financieras en esa moneda. No quiere decir que será la moneda, porque por ley, tenemos el colón y el dólar de EU, esas son las dos monedas de curso legal. Pero el dólar no lo hacemos nosotros, lo mandamos a traer de la Reserva Federal de EU y pagamos para ello. Entonces, traer el bitcoin es como traer el dólar, es una moneda más.

L-L: ¿Pagará sus impuestos con bitcoins?

FU: Todavía no he usado mi wallet, supuestamente tengo 30 dólares para gastar ahí.