Ordenan iniciar otra investigación contra Bolsonaro, ahora por difundir noticias falsas
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE/ Joédson Alves/Archivo

En octubre pasado, el presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que, en Reino Unido, las personas que recibían las segunda dosis de la vacuna anticovid estaban desarrollando SIDA “mucho más rápidamente de lo previsto”. Por esta declaración que fue retirada por Facebook, YouTube e Instagram, un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó iniciar una investigación en su contra.

La decisión del juez Alexandre de Moraes es en respuesta a una petición de la comisión del Senado que acusó en octubre a Bolsonaro de graves delitos durante la pandemia, y se suma a otras cinco investigaciones que el presidente tiene abiertas en la máxima corte y en la justicia electoral.

La actuación de Bolsonaro “hace uso del modus operandi de esquemas de divulgación en masa en las redes sociales, revelándose imprescindible la adopción de medidas que diluciden los hechos investigados”, escribió el juez en su decisión.

En agosto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió investigarlo por los delitos de “calumnia” e “incitación al crimen”, en un caso relacionado con sus cuestionamientos sin pruebas del sistema de votación electrónica en Brasil.

Además, tiene abiertas investigaciones en la máxima corte para determinar si interfirió en la Policía Federal en investigaciones relacionadas con sus familiares, si prevaricó al no denunciar una intento de compra fraudulenta de la vacuna india Coxavin y si infringió la ley al divulgar en las redes sociales un informe policial sobre un supuesto ataque al sistema electoral, que estaba bajo secreto de sumario.

Si la fiscalía encuentra pruebas contra Bolsonaro en algunas de esas investigaciones, deberá pedir al Supremo Tribunal Federal de Brasil que abra una causa contra el mandatario. Pero para hacerlo, la máxima corte deberá obtener la aprobación de dos tercios de la Cámara de Diputados. En ese caso, Bolsonaro sería separado de sus funciones durante seis meses, mientras se realiza su juicio.

Pero ese escenario parece poco probable, pues el mandatario ultraderechista es considerado cercano al fiscal general, Augusto Aras, y cuenta con una base de apoyo consistente en el Congreso.

Con información de AFP.

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