SFP inhabilita a Alfredo Castillo 10 años por ocultar cuentas bancarias
El funcionario cercano a Enrique Peña Nieto y también ex comisionado para la Seguridad en Michoacán "faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial"
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a Alfredo Castillo, ex director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto.
La sanción, que le fue notificada, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.
Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.
Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.
Durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada. El también excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge con más de 18.3 millones de pesos.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros aseveró que las declaraciones patrimoniales son una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito. En los dos primeros años de la actual administración se han abierto 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa.