Opinión

Los mercados olfatean que los cambios en el sector eléctrico no ocurrirán

Una cosa es el qué y la otra es el cómo: si bien la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica parece no tener ningún freno para ser aprobada en el Congreso, del firmado al ejecutado pueden pasar muchos juicios (y mucho tiempo).

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“Los participantes del mercado (financiero) están esperando es que va a ser una ley que si buena puede ser aprobada por el Senado, va a estar sujeta a litigio mucho tiempo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso, los mercados están tranquilos, no hay movimiento en el tipo de cambio porque en el fondo se piensa que no va a ser aplicada”, me explica Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico y relación con inversionistas de Grupo Financiero Banorte. 

De cierta manera los fondos de inversión dan por descontado que nunca va a ponerse en vigor por la enorme catarata de juicios, amparos y paneles de controversias que le esperan. 

Este cambio que impulsa el Presidente, como atenta desde el arranque contra muchos tratados internacionales (desde el T-Mec al TLC con la UE) se la pasará de litigio en litigio y a la mera hora no se va a poder instrumentar. 

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“Muchos decían que la depreciación bancaria que vimos en el peso en los últimos días se debía a la Reforma, pero en realidad es por que EU va a crecer tanto en su economía que puede haber un brote inflacionario y puede subir las tasas la Reserva Federal”, agrega Casillas. 

Justo ayer, el diario El País entrevistó a César Hernández, ex titular de la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria (Conamer), quien renunció en mayo del año pasado ante los enormes avances de la Sener en estos espacios. 

Él también opina de que esta Reforma tiene 100% de probabilidades de aprobarse, pero que  “gran parte se va a frenar en los tribunales a través de los amparos de las empresas. Va a ser objeto de controversias constitucionales y de los acuerdos internacionales. En el caso de los arbitrajes Estado-Estado, si EU o Canadá decidieran iniciar ese procedimiento puede haber una decisión en un año” y agrega que el gobierno “va a tener un caos en la ejecución política y va a perder un año litigándola e intentándola aplicar” . 

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“Lo primero que puede ocurrir si se aprueba, es que la Cofece ponga una controversia constitucional -como ya lo hizo con la política de confiabilidad de la Sener, la Ley Nahle, que hace unos días se canceló por dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-. También los estados, los gobernadores afectados pueden presentar acciones de inconstitucionalidad. Como sea, esta Reforma va a terminar en la SCJN y mientras tanto todas las empresas nos vamos a amparar”, me comenta un empresario dedicado a la generación de energías limpias en el país. 

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Las grandes empresas privadas internacionales con inversiones en este sector también analizan elevar el caso a la Cámara de Comercio Internacional de París y al Tratado de Protección de Inversiones, en el caso de las empresas españolas -como Iberdrola- con inversiones fuertes en este sector.

Pero antes de hacer efecto directo en el negocio de la electricidad, esta Reforma afectará a la confianza. 

Los inversionistas buscan certeza en estos momentos de incertidumbre, buscan reglas claras y que se honren los contratos. 

Tal vez solo con eso, con dar señales de ser un gobierno serio que respeta lo que ya dice su propia Constitución sería un cambio de 180 grados en la posibilidad de dejar de perder Inversión Extranjera Directa y también inversión nacional. 

Y con inversiones privadas (porque el gobierno está aferrado a su austeridad espartana) se puede dinamizar la economía y generar empleos, luego de la mayor destrucción de puestos de trabajo de la que se tenga registro que ha generado esta pandemia. 

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