Garantizar la igualdad sustantiva

Esta semana, 36 senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios, presentaron una iniciativa para reformar siete artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género en los órganos jurisdiccionales federales y locales. Con esta reforma, se busca que la paridad sea una realidad en el Poder Judicial.

Si bien hace unos días, se publicó el paquete de reformas a las leyes secundarias en materia judicial, quedó pendiente reforzar desde la Constitución el principio de paridad de género.

Es una realidad que la situación laboral de las mujeres en los órganos jurisdiccionales de nuestro país es preocupante. El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020 del INEGI señala que en la distribución porcentual de las 4,828 magistraturas y juzgados según instancia y sexo, en los órganos jurisdiccionales de primera instancia, el 57.4% son hombres y el 42.6% son mujeres. En cuanto a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia predomina el 66.5% de hombres, en contraste con el 33.5% de mujeres.

No puede decirse que no existen mujeres preparadas para acceder a puestos de Magistradas o Juezas, ya que dicho Censo señala que existen 68,624 servidoras y servidores públicos adscritos a los Poderes Judiciales Estatales, donde el 59.3% son mujeres y el 40.7% son hombres.

Sin duda, no puede pasar desapercibido que, por primera vez en la historia de nuestro país, tres mujeres –de manera simultánea– ocupan los cargos más altos en el Poder Judicial de la Federación con las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Yasmin Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat quienes representan el 27.3% de los integrantes del Máximo Tribunal de la Nación y han llegado a cambiar los paradigmas en la impartición de justicia. Incluso, gracias a sus aportes, se ha emitido el nuevo Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

A pesar de que los tiempos han cambiado y son más favorables para las mujeres, la exclusión en los asuntos públicos sigue siendo una realidad lastimosa. Por ello, se debe continuar trabajando para eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres accedan a los cargos más altos del Poder Judicial.

La inclusión de mujeres y hombres en el quehacer diario de la vida pública en igualdad de condiciones y sin obstáculos, genera mejores condiciones de vida en el país. Ese debe ser el compromiso de todas las instituciones.

No se trata de si una iniciativa proviene de la oposición o de la bancada oficial, se trata de que las mujeres han pasado por una larga y tortuosa lucha por el reconocimiento de sus derechos y se debe tener la altura de miras para acompañar las propuestas que busquen la protección más amplia de los derechos de las mujeres. La lucha feminista no tiene ideología política, su estandarte es garantizar la igualdad sustantiva.