Apuntes para evitar mala revocación de mandato

En 2019 se ajustó el artículo 35 constitucional para incorporar la figura de revocación de mandato como un derecho general, tanto para el ámbito local como el federal, que permite promover y en su caso votar si debe o no interrumpirse de manera anticipada la gestión de alguna o algún gobernante electo. Es una herramienta de democracia participativa presente en el mundo y en varios países de América Latina (en Colombia, por ejemplo, que no gobierna la izquierda, está desde 1991) y permite que exista una ruta legal, legítima, democrática y pacífica para que opositores a un gobierno o quienes le apoyaron al inicio, pero han perdido confianza o están inconformes con su gestión, puedan expresarlo de forma vinculante en las urnas para dar por terminado el mandato.

La base general de la figura ya es vigente en ese texto constitucional. Requiere que 3% de lista nominal de votantes (2.8 millones) pidan iniciar el proceso, que acudan a votar al menos el 40% del total de electorales (más de 37.6 millones) y si eso se cumple, puede revocarse un mandato si la mitad de quienes van a votar así lo decide.

Aunque no tiene ley secundaria aprobada, existen precedentes recientes, por ejemplo, el derecho de réplica, en donde un mandato constitucional sin ley secundaria el Tribunal electoral lo consideró aplicable de manera directa para hacer valer la base constitucional ante la omisión legislativa. Obviamente una revocación es asunto más complejo por las consecuencias implícitas que puede tener y lo deseable es que tenga una ley específica aprobada para que en caso de concretarse su estreno sea en condiciones justas y sin vicios de origen.

Pero no cualquier ley es buena para este caso. Si solo se permite que recaben firmas y que de ese universo que participa, más de la mitad vote por revocar mandato para que se interrumpa una gestión presidencial electa previamente) a quienes han perdido confianza en el gobierno se cierra el derecho a promover revocación para quienes sí confían en el presidente. Sin embargo, es otra razón la que les motiva a someter a las urnas su permanencia, y eso incluye a quienes apoyan esa permanencia, pero quieren que darle oportunidad a opositores de revocarlo en un canal democrático o sencillamente normalizar la votación de cualquier sexenio a la mitad del encargo.

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La frase “a partir de la pérdida de la confianza” es clave en esta historia, porque está en la pregunta que propone la iniciativa del senador Ricardo Monreal presentada el 29 de julio pasado en la Comisión Permanente. Se lee en el artículo 33 de la iniciativa que la pregunta a votar con “sí” o “no” sería: “¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza?”.

Esa redacción retoma lo dicho en artículo tercero transitorio del decreto con el que se publicó la reforma original el 20 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, estableció que esta figura “debe entenderse” como instrumento para que la ciudadanía que pierde confianza en gobiernos locales o en la presidencia de la república, pueda solicitar “la conclusión anticipada en el desempeño” de esos encargos, dispuestos para periodos que son habitualmente sexenales y siempre con prohibición tajante a reelección que refrendó el constituyente de 1917 subrayando que, las o los presidentes de México “nunca” podrán ser reelectos. El real nerviosismo o una estrategia de discurso político respecto a que abrir las urnas y colocar otra vez en la boleta a López Obrador sería una llave a la reelección es un debate entendible, pero por momentos parece que se trata de forzar una pelea con molinos de viento, porque la constitución prohíbe la reelección y nadie ha solicitado reforma en esa parte, incluso, el presidente firmó un compromiso para no reelección y ha repetido muchas veces que es maderista y no es esa su intención. No se trata de creer o no, porque la supuesta reelección necesitaría reforma constitucional con dos terceras partes. La revocación es una buena figura, democrática, no es reelección y es importante que tenga una buena ley.

No sería congruente recibir firmas de simpatizantes y presentarlas a la población como firmas de detractores y tampoco llevar a la práctica el derecho sin difusión de periodo electivo. Sería absurdo repetir el error de la consulta popular en donde se dio tratamiento de periodo ordinario en radio y televisión por una interpretación favorable a las televisoras. Una votación que puede interrumpir un mandato y no tenga difusión en tiempos oficiales necesita información, difusión y presupuesto, además de un diseño legal consecuente: Si quienes recaban firmas son simpatizantes no tienen por qué redactarse la pregunta como si fueran decepcionados que han perdido confianza.

El día de la jornada electoral del 6 de junio, cada señal de las principales televisoras estaba obligada a difundir 96 spots, pero en la consulta popular de agosto fueron solo tres spots en cada señal de y tv comercial al día, eso ocurrió por la ambigüedad con que se redactó la ley federal de consulta popular, ahí quedó abierta la posibilidad para una interpretación favorable a las empresas (pautar los menos spots posibles en horarios estrictos) y esa fue la posición que asumió el INE sin que nadie, ningún partido, la impugnara. Si se replica la redacción de la ley de consulta popular en la nueva ley de revocación de mandato (es una calca el apartado de difusión que empieza en el artículo 30 de a iniciativa Monreal), la participación será sin difusión ni información suficiente, se asumirá como tiempos ordinarios lo que debiera de ser tiempo electivo en radio y televisión.