#3AñosDeGobierno | El sector energético de la 4T

El actual gobierno federal ha puesto como parte de las prioridades de su agenda pública al sector energético, en los tres años se ha ocupado de presentar una narrativa nueva respecto a la industria con los ojos puestos en el pasado, remembrando la historia de un desarrollo conducido desde el Estado. Esto, sin embargo, en lugar de construir un sector preparado para los retos del futuro, lo ha paralizado principalmente por el cambio de rumbo. 

A partir de diciembre de 2018, la política cambió y se centró en las empresas del Estado, so pretexto de fortalecerlas, se han concedido caprichos, sin pedir nada a cambio, plasmados en pliegos petitorios para que sean Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otra vez monopolios del Estado. Hemos visto desfilar recursos millonarios para “rescatarlas”, apoyos para ayudarlas a recuperar mercado y bloqueos a la inversión privada. Todo esto, primero de forma silenciosa y casi pasiva, pero después incluso promoviendo cambios a la Constitución.

La inversión privada fue frenada pero la inversión pública también cambió de prioridades.

Por ejemplo, se abandonaron proyectos como los de almacenamiento de gas natural y de fortalecimiento y expansión de la red de transmisión, para dar prioridad a la compra de carbón con precios de garantía y a la construcción de una nueva refinería.

Los resultados son obvios, no tenemos redes de transmisión fuertes y redundantes para hacer frente a eventos como el del apagón de 28 de diciembre pasado, tampoco para mantener nuestras centrales operando en situaciones como la crisis de precios en Texas en febrero de este año. Además, durante el sexenio van varios momentos con apagones en la península de Yucatán, Baja California y Baja California Sur que podrían ser mitigados con una verdadera política de fomento a la generación distribuida, subastas eléctricas y expansión y refuerzos de las redes de transmisión y distribución. Pero nada es esto está en la prioridades de la agenda pública.

La cancelación de rondas petroleras y contratos de asociación con Pemex para favorecer los campos prioritarios de Petróleos Mexicanos no han producido los resultados esperados. Las reservas probadas se encuentran en uno de sus niveles más bajos, mientras que la producción se ha mantenido a la baja, los accidentes se han incrementado –como el fuego en el Golfo– y se han operado de forma deficiente campos como Xanab y Ku.

Mientras el gasto público se orienta a la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, el resto de las refinerías padecen con accidentes que se han multiplicado en los últimos tres años por falta de inversión en mantenimiento. En lugar de crear valor fortaleciendo la infraestructura de logística y almacenamiento, se busca procesar más en el país. Esto ha tenido como resultado mayor inventarios de combustóleo, lo que en el largo plazo se ha traducido en pérdidas sobre pérdidas para la empresa productiva del Estado.

En otras palabras, de ser considerada una futura palanca de desarrollo, Pemex se empieza a convertir en el freno al país, sin que se vea cómo pueda revertirse esta condición en el mediano o largo plazo, considerando la enorme cantidad de deuda que espera, como lo ha señalado abiertamente su director, que la absorba el Estado mexicano.

En CFE pasa algo similar, las decisiones políticas tomadas incrementaron los pasivos de la empresa o, por ejemplo, los costos al cancelar contratos logrados mediante concursos públicos abiertos para sustituirlos por adjudicaciones directas a empresas de familiares de legisladores, como el caso del carbón en Coahuila y la modificación del contrato colectivo de trabajo que generó pérdidas en la comisión el año pasado.

Ahora, la falta de contexto también ha llevado a medidas equivocadas y que, por tanto, han tenido fracaso como resultado. El ejemplo del gas LP es clave: los cambios en el consumo y uso del propano a nivel mundial incrementaron su costo, de ahí derivó un incremento en el precio del gas LP, que obviamente los distribuidores terminaron trasladando al usuario final. 

La respuesta del gobierno fue imponer una medida de precios máximos, que al tenerse que calcular con base en precios internacionales resultó en un costo en varias ocasiones por arriba del costo promedio del mercado. En pocas palabras, la metodología permitía costos muy por arriba de lo normal en el mercado.

La segunda respuesta fue crear una empresa de distribución de gas, sin planeación correcta, sino con la necesidad de hacerlo a prisa para satisfacer la instrucción.

¿En qué terminó? En haber costado al erario una cantidad importante de dinero sin que esto se reflejara en costos mas bajos o competitivos para los posibles clientes. Es decir, gastaron dinero del erario para dar precios bajos al usuario, sin lograrlo.

Pero quizá lo más importante es que hay algo lamentablemente común en la política energética mexicana: se ha declarado veladamente ajena al concierto global y no considera este contexto dentro de las decisiones de política pública. No tiene como prioridades cumplir con los Acuerdos de París, con el T-MEC o, incluso, con la misma Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, donde México fue el único país en negarse a realizar los cortes a la producción.

Estos son solo unos ejemplos, podríamos pasar horas en los detalles, pero, en resumen, a tres años vemos un sector con decisiones alejadas de lo técnico, sin considerar el contexto internacional, con abandono de proyectos que tenían una razón de ser y buscaban solucionar problemas y todo esto para satisfacer las ideas de una sola persona, ideas que tal vez en algún otro momento de la historia pudieron ser adecuadas, pero son ajenas a las condiciones de estos tiempos. Perdemos, sin duda, lo más valioso que tenemos: el tiempo, que cobrará factura a esta y a la siguiente generación.