Tragedias como la ocurrida el pasado jueves en Chiapas seguirán sucediendo mientras no se tomen pasos firmes en política pública.
Una mujer coloca veladoras sobre la zona del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo. Foto: Alfredo Estrella/AFP.
La tragedia que sucedió el jueves 9 de diciembre con la muerte de 54 migrantes y más de 100 heridos nos retrata crudamente lo que significa migrar en este país, en este continente.
Siempre he creído que los migrantes son ciudadanos sin voz. Se fueron de sus países porque nadie los escuchaba, pero a donde llegan tampoco son escuchados. Son ignorados, violentados y olvidados en cuanto dejen de ser noticia.
Migrar es doloroso, es quemar naves, y ahora no solo eso: es enfrentar al crimen organizado, a la corrupción y al desdén de los países receptores.
La migración se ha convertido en un jugoso negocio para las redes criminales en los países. Solo en México hay más de mil 600 carpetas de investigación por el tráfico de personas, pero nada avanza.
Los discursos exigiendo a Estados Unidos que haga algo no dejan bien parado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha detenido a 228 mil migrantes y deportado a 82 mil. Todo un récord.
En México no hay, no existe una política migratoria que proteja y respete los derechos humanos de los migrantes. Solo cuando pasan tragedias como la de Chiapas los gobiernos toman decisiones y dan buenos discursos.
El lunes, tres días antes del accidente, Estados Unidos reiniciaba el programa Quédate en México (MPP), que pone a la comunidad migrante en una situación de peligro y precariedad preocupante.
Las alarmas se encendieron también en las organizaciones de la sociedad civil que tienen al tope de sus capacidades los albergues y centros de apoyo.
Human Rights Watch calificó el regreso del programa como una aberración, que expone a los migrantes a “riesgos de secuestro, extorsión, violación y otros abusos”.
Cientos de organizaciones han denunciado que el Quédate en México viola el derecho de esas personas a solicitar asilo en Estados Unidos. Punto.
Abrir la posibilidad de pedir asilo en Estados Unidos, aunque sea quedándose en México, ha hecho que miles de migrantes que estaban esperando una señal iniciaran su recorrido al norte de México.
Los “coyotes” que se dedican al tráfico de personas cobran entre 8 y 19 mil dólares para llevar a las personas desde Centroamérica hasta Estados Unidos, pero muchos no lo logran, desaparecen o mueren en el desierto, abandonados por los traficantes.
En 2017, el investigador Oscar Misael Hernández reveló que los migrantes en ese entonces pagaban entre 2 y 3 mil dólares para cruzar la frontera; el costo se ha casi triplicado en solo cuatro años.
Pero nadie escucha, y las tragedias seguirán sucediendo mientras no se tomen pasos firmes en política pública, no para frenar la migración, sino para ofrecer condiciones mínimas de seguridad a quienes tomaron la decisión de salir de su ciudad, estado o país para ir a un lugar que le ofrezca mejores condiciones de vida.
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