Opinión

La lealtad servil de Delfina Gómez

La ilegalidad de la que Delfina Gómez es responsable es una resolución unánime del supremo tribunal electoral.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que Delfina Gómez, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, fue responsable de configurar todo un esquema de financiamiento ilegal a favor de Morena cuando fungía como presidenta municipal de Texcoco.

El 10% de los salarios de cientos de servidores públicos fue retenido para financiar a ese partido en el tiempo en que estaba en formación.

La contundencia de las pruebas que se presentaron en contra de los morenistas fue tal que no hubo ninguna discrepancia entre los magistrados del tribunal electoral a la hora de tomar su decisión. Un juzgado que con mucha frecuencia discrepa, en donde hay votaciones divididas, en este caso encontró la unanimidad y, como resultado, todos los magistrados del tribunal votaron para sancionar a este partido que utilizó claramente un esquema de financiamiento paralelo e ilegal. En consecuencia, todos los magistrados reconocieron la responsabilidad de la actual secretaria de educación pública, ya que no cabe la menor duda de que se violó la ley.

Uno supondría que una decisión de este tipo dentro del gabinete presidencial tendría consecuencias inmediatas y fulminantes, obligando a Delfina Gómez a renunciar y a separarse de su cargo, para que por lo menos pagara con su puesto. Por el contrario, lo que hemos visto es un renovado respaldo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a su colaboradora. Además de denunciar a quienes osen cuestionar su respaldo, “Delfina Gómez es honesta si lo digo yo, cuenta con mi completa confianza”, “se trata de una campaña de desprestigio”.

La ilegalidad de la que Delfina Gómez es responsable es una resolución unánime del supremo tribunal electoral.

Lo que hemos visto después de esta sentencia es lo mismo que ha sucedido una y otra vez en este gobierno: cuando aparece la crítica, el sospechoso es el crítico. Cuando hay una denuncia que involucra a los aliados, la reacción de los colaboradores o familiares del presidente es lanzarse en contra de quienes advierten el abuso o la ilegalidad.

Este gobierno se victimiza ante cualquier oportunidad para presentarse como el débil que es perseguido por los poderosos conspiradores, en lugar de asumir responsabilidades sobre sus actos.

En consecuencia, vemos lo contrario a una administración que debería de rendir cuentas, lo contrario a un gobierno que se hace responsable de sus acciones, y lo más grave es que lo que ha quedado evidenciado es que la ilegalidad será respaldada por la presidencia de la República siempre y cuando sea la ilegalidad de los leales.   

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