Los muertos no votan

Se le llama democracia a la organización social en la que los integrantes de la población son libres e iguales, tienen el poder y lo ejercen mediante mecanismos de participación directa o indirecta a través de sus representantes.

Aunque conceptualmente está determinado así, en las acciones cotidianas se alteran los mecanismos democráticos y el resultado es incluso opuesto al que la teoría señala, frecuentemente el ejercicio del poder se queda en unas cuantas mentes lejanas al pueblo y a sus necesidades urgentes e importantes.

En el caso del fenómeno de participación victimal masiva, organizada y articulada que inició en México hace 11 años, el 28 de marzo de 2011 con el asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más, ha evolucionado en múltiples direcciones, principalmente en lo referente a la atención de la atrocidad que significa los casi 100 mil seres humanos dados por desaparecidos. Una de las formas en donde es evidente la participación de víctimas es la incidencia en las políticas públicas, desde la concepción, redacción, implementación y aplicación de leyes, hasta la participación en múltiples acciones a nivel municipal, local, federal e internacional.

Entre las diversas normas en que la ciudadanía ha participado destaca especialmente la recién creada Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que incluye la creación de los protocolos homologados que pretenden estandarizar a nivel nacional la manera de investigar y buscar a las personas.

Además de que el Sistema Nacional de Búsqueda, mediante la Comisión Nacional de Búsqueda, logre edificar un verdadero entramado interinstitucional con vasos comunicantes entre las 32 entidades federativas y la federación interactuando entre sí, para que fluya e intercambien la información de personas que se reportan como desaparecidas y hallazgos de personas encontradas con o sin vida en cualquier lugar del territorio nacional, así como que realicen acciones conjuntas y coordinadas sin fronteras geográficas ni políticas para investigar, buscar, localizar, identificar y restituir a las personas desaparecidas.

Sin embargo, esta tarea de trabajar en verdadera estructura complementaria implica que se cuente con el principal ingrediente: la voluntad política, que solamente se logra con el desecho de los egos personales e institucionales y la capacitación especializada y estandarizada.

Por esta situación es que es verdaderamente trascendente para la verdad y justicia de las víctimas de desaparición que después de 11 años de exigir, pedir y suplicar por un instituto o centro nacional de identificación, el pasado jueves 31 de marzo, la presidencia de la República haya firmado y enviado al legislativo la iniciativa para crear el Centro Nacional de Identificación Humana que, además de fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, garantizará el derecho de toda persona dada por desaparecida a ser buscada. En caso de haber muerto y estar sin identidad en alguna fosa común o algún espacio institucional diverso, poder ser identificada haciendo uso de las tecnologías científicas de vanguardia a nivel mundial.

En estos momentos en que se elegirán seis gobiernos locales, que se suman a los recientemente elegidos, los gobernantes de las 32 entidades deben escuchar las voces de, al menos, 53 mil seres humanos muertos que se encuentran sin identidad abandonados por sus gobiernos y están olvidados bajo su responsabilidad.

Aunque los muertos no votan son personas como todas las que tienen vida biológica y tienen derecho a ser buscadas, localizadas y regresar a sus hogares.

Tienen el derecho de ser tomadas en cuenta dentro de la estructura democrática mexicana, donde el pueblo manda, también sus almas son pueblo que exige desde ese sitio intangible en el que quedan atrapados los desaparecidos muertos y del que solamente pueden ser liberados por la verdad y la justicia.