El difícil camino para nueva constitución en Chile

La narrativa de Chile como ejemplo exitoso del modelo neoliberal en América Latina colapsó en octubre de 2019. La gota que derramó el vaso fue una decisión del entonces presidente derechista, Sebastián Piñera, de subir considerablemente la tarifa del metro. Vinieron protestas sociales, sobre todo de estudiantes que masivamente se negaban a pagar el incremento arbitrario. Piñera no escuchó los reclamos, se aferró a castigar las finanzas de clases medias y bajas –siempre protegiendo a los grandes capitales– y ante el descontento social prefirió declarar estado de emergencia e implementar “mano dura”. 

Las manifestaciones se radicalizaron en algunos sectores: hubo quema de estaciones del metro y una brutal represión gubernamental con casos documentados en donde fuerzas policiacas (carabineros) dispararon balas de goma sistemáticamente a los ojos de jóvenes inconformes con el gobierno. Hubo muertos, diversas violaciones a derechos humanos, muchos estudiantes que perdieron uno o ambos ojos con esa política de terror estatal.

El discurso de economía próspera con gran estabilidad democrática hizo agua, tuvo un golpe de realidad social al mostrar cómo amplias capas de la población estaban inconformes tanto con medidas económicas como con la herencia de dictadura que dejó inercias de represión, un sistema de pensiones injusto, servicios médicos deficientes, ausencia de derechos con perspectiva de género, extractivismo desmedido que acaba con el medio ambiente, falta de inclusión de pueblos originarios y un largo etcétera.

Piñera finalmente entendió la gravedad, cedió a no aumentar las tarifas del transporte público, pero eso era ya insuficiente para el enorme malestar que sumaba otras problemáticas. La salida democrática a esa profunda crisis social y política fue firmar, el 15 de noviembre de 2019, un Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, donde se estableció el compromiso de convocar a un primer plebiscito de “entrada” que abriría las urnas el 25 de octubre de 2020 a toda la población, preguntando si estaba de acuerdo con elaborar una nueva constitución que dejara atrás la de 1990, nacida en plena dictadura militar de Augusto Pinochet, aunque ya ha tenido ajustes relevantes en 1989 y 2005. También se preguntaría si preferían para ello una comisión “mixta” –Piñera quería que sus legisladores en funciones durante la crisis social estuvieran en la redacción– o totalmente nueva de convencionales electos específicamente para redactar, es decir, constituyentes.

Una mayoría de votantes (78.2%) se pronunció por el “apruebo” para que se elaborara la propuesta de nueva constitución y también para que fuera una convención especifica y no “mixta” (78.9% de votos en esa pregunta). Poco después, en mayo de 2021, se votó a las y los 155 convencionales que trabajaron casi un año para terminar la propuesta que el 4 de julio pasado recibió finalmente el nuevo gobierno de izquierda a cargo del joven presidente Gabriel Boric. La nueva constitución se someterá a las urnas el 4 de septiembre de este 2022 en el definitivo plebiscito de “salida”.

El documento reivindica derechos sociales, se ocupa del medio ambiente, de los pueblos originarios, de los derechos humanos, desaparece al Senado pero crea una cámara de las regiones incluyente con pueblos originarios. Hay muchas cosas muy positivas, aunque también resistencias poderosas de grandes empresas que apuestan a la propaganda de miedo para derribar todo y, hasta ahora, parece que pueden lograr su objetivo. Algunas encuestas ya ponen unos cinco puntos abajo la posibilidad de que se apruebe el documento y se convierta en nueva constitución, pero la campaña apenas comienza y el voto, de forma poco usual en las contiendas chilenas, será obligatorio, lo que puede incrementar la participación. Nada está decidido.

Es una oportunidad histórica para la región, aunque también lo era ratificar los acuerdos de paz de Colombia en 2016 y ahí la propaganda, las noticias falsas y campañas de odio ganaron la partida. Ojalá que en Chile haya un ejercicio de democracia donde sean razones las que fluyan y cuenten más los derechos de las personas frente a la propaganda de la política que apuesta deliberadamente por engañar.