Netanyahu y el ataque al poder judicial

Benjamín Netanyahu es un líder político derechista que actualmente ocupa el cargo de primer ministro de Israel y que a lo largo de su carrera se ha caracterizado por sus posiciones radicales y su polémica manera de hacer las cosas, además de ser la persona que más tiempo ha ocupado dicho cargo (de 1996 a 1999 y de 2009 a 2021).

A finales del siglo pasado logró llegar a lo más alto de la política en su país, para que luego de vivir altibajos producidos por sospechas sobre actos de corrupción en los que presuntamente había participado, retomara el poder y se convirtiera nuevamente en primer ministro. 

En el camino que Netanyahu ha seguido a lo largo de su carrera política para conquistar más espacios de poder, la ruta de las reformas legislativas ha sido un pilar fundamental, pues líderes como él a menudo consideran que las leyes pueden obstaculizar la consecución de sus objetivos y, con ello, los logros que el pueblo merece obtener.

Luego de haber fungido como oposición durante prácticamente un año, los vaivenes políticos en Israel desembocaron en la necesidad de realizar elecciones en noviembre de 2022 (siendo las quintas elecciones realizadas en un periodo de 4 años), fecha en la que Netanyahu, al actuar como líder de una coalición de organizaciones de derecha, vio nuevamente abiertas las puertas del poder y esta vez nos encontraríamos ante un primer ministro aún más radicalizado que retomaría uno de los viejos mecanismos a los que ha recurrido durante su ascenso, permanencia y regreso a la élite del poder: las reformas legislativas. 

Es precisamente una propuesta de reforma la que ha producido en las últimas semanas una oleada de manifestaciones desde principios del año 2023. La conocida como “reforma de la justicia” ha sido rechazada por buena parte de la sociedad israelí y también por destacadas personas que forman parte del gobierno, toda vez que se ha tomado como un intento de concentración del poder por parte de Netanyahu, y sí que lo es.

Encontrando como uno de los argumentos que soportan esta propuesta, tanto este gobierno de extrema derecha como sus seguidores afirman que debe buscarse una nueva relación entre los cargos a los que se accede por vía del voto y aquellos propios de la Corte Suprema (donde se accede con mecanismos distintos al de la votación directa) ya que, como es común en este tipo de discusiones, los primeros demeritan el papel y la legitimidad de los segundos. Una falacia absoluta.

Con lo anterior, es entendible que la embestida en contra de la Corte Suprema es fuerte y ello se confirma al analizar que entre las cosas que se quieren cambiar se encuentra que, de aprobarse, el poder ejecutivo tenga un peso mayor (y prácticamente definitivo) en el nombramiento de las personas juzgadoras y de quien presida la Corte misma; que las resoluciones de la Corte Suprema puedan ser anuladas por el Parlamento; que la Corte Suprema no pueda más obligar al primer ministro a solicitar licencia en lo que transcurren las investigaciones en su contra (aquellas en las que se le acusa de haber cometido presuntamente actos de corrupción); que se blinden leyes aprobadas por el Parlamento de eventuales exámenes de constitucionalidad; entre otras cosas.

Con esa búsqueda de una nueva relación entre personas servidoras públicas electas popularmente y personas que acceden a cargos públicos a través de otros mecanismos, el gobierno y sus seguidores pretenden “proteger la voluntad del pueblo de los excesos cometidos por los tribunales”.

Como es notable, intentos como el señalado no son exclusivos de líderes políticos de derecha o de izquierda, sino que se trata del resultado de un ejercicio cada vez más controlado del poder que puede incluso generar que estos personajes incluso recurran, buscando ejercer el poder a la vieja usanza, a la descalificación de instituciones que son baluarte de la democracia y garantes del respeto a los derechos humanos de todas y de todos.