Una SCJN de 8 integrantes y un Ifecom parcial

Ha llegado a tal extremo devaluada la credibilidad de tres integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que su autonomía depende de ocho ministros, seis hombres y dos mujeres que soportan la cotidiana artillería de insultos, amenazas y descalificaciones propiciada por el Ejecutivo.

El enfado y la campaña de presiones se intensifican con las decisiones que han exhibido la aprobación de leyes inconstitucionales, insostenibles desde un análisis jurídico objetivo. La Corte se ha erigido como la última línea de defensa del orden constitucional, cumpliendo con su función de anular diversos galimatías legislativos. Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar han establecido un bloque para respaldar las intenciones de Andrés Manuel López Obrador, para ellos es más relevante cumplirle al presidente que hacer respetar la Constitución y sin pudor hacen piruetas en las sesiones para agradar al Ejecutivo.

En las últimas semanas, el alto tribunal fue al límite de los ocho votos que le dan mayoría calificada para revertir la arbitrariedad del mando militar en la Guardia Nacional. Mientras tanto en la puerta principal de su edificio sede se mantiene un campamento para dar continuidad al asedio, en el que participan dos personajes bien conocidos que hacen el trabajo sucio a Morena cuando se trata de presionar en las calles. 

Armando Monter es un especialista, así lo hizo en 2019 durante más de 80 días para protestar violentamente contra los sueldos de los ministros. Sin argumentos, sólo a través de insultos se muestra acompañado de Julia Klug, activista guatemalteca que ofrece sus “representaciones de protesta” al mejor postor para ridiculizar a los jueces constitucionales usando una toga mal puesta, birrete, billetes de utilería y un rifle de juguete. Ambos se sienten envalentonados por las arengas presidenciales que han llegado a propiciar amenazas contra la integridad de la ministra Norma Piña.

El juego sucio es muy predecible, las cartas están abajo y los jueces fieles al obradorato se mantendrán en la misma línea ante las impugnaciones propiciadas por el lamentable espectáculo visto durante el fin de semana largo en el Senado de la República. Violentando el proceso legislativo, sin tomar en cuenta a la oposición, sin quórum, sin discusión y con los votos de una persona que a la medianoche del 29 de abril no era senadora, aprobaron leyes que acumularon a destajo irregularidades para cumplir las instrucciones presidenciales lanzadas horas antes en Palacio Nacional.

Al ritmo de las canciones de Rosalía, que encabezó la jornada circense desde el Zócalo capitalino por el puente del 1 de mayo, la obediente fracción de Morena y sus aliados mostraron una de las facetas más vergonzosas que se recuerden respecto a un grupo parlamentario para denigrar su responsabilidad.

Entre la noche del viernes 28 y el sábado 29 de marzo se pisoteó la poca dignidad que le quedaba al Congreso para aprobar 20 reformas viciadas de nulidad, que serán en su momento analizadas por la Suprema Corte, que cuenta con importantes criterios sobre la invalidez de ordenamientos que vulneran las reglas legislativas. Estamos ante un escenario en que los ministros ni siquiera entrarían al análisis del fondo de lo votado, en virtud de las irregularidades con efecto invalidatorio documentadas en el patio de la antigua casona de Xicoténcatl.

La desaparición de Financiera Rural y del Conacyt, la entrega de la operación del Tren Maya al ejército, modificaciones a la ley minera, la extinción del malogrado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) con la improvisada transferencia de sus funciones al IMSS-Bienestar, la creación de una aerolínea castrense y modificaciones para cobros arbitrarios sobre los créditos contratados por trabajadores al servicio del Estado son parte de la inminente agenda de impugnaciones.      

¿Qué viene? Una mayor polarización, cascada de asuntos que abrumarán la agenda del tribunal constitucional y el incremento de la beligerancia contra el Poder Judicial de la Federación. 

Las senadoras y los senadores del presidente legislaron al vapor y pisotearon los principios que rigen su actuación con pleno conocimiento de causa, tendrán que atenerse a las resoluciones que adopte la Suprema Corte. Ahora se conoce la propuesta de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán para anular la primera parte del plan b electoral, en ella aborda justamente el criterio para establecer anomalías graves en el proceso de aprobación de leyes que actualizan causales de invalidación. Hay precedentes que abren esa puerta y les anticipo que será una constante en la serie de asuntos que llegarán a causa de la noche negra del pasado fin de semana. 

Demos por descontados los votos de Ortiz Alhf, Esquivel Mossa y Zaldívar. Quedan ocho de 11, apenas los suficientes para salvaguardar la independencia de la Corte, única institución que nos queda para corregir los aspavientos de un potencial dictador. 

EDICTOS        

Si algo tiene la ministra Norma Piña, son agallas para revisar el correcto desempeño de la gigantesca institución que preside. En el Consejo de la Judicatura Federal hay un órgano auxiliar especializado que es el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), dirigido por Edgar Manuel Bonilla del Ángel. El 24 de abril con el folio 7374553/2023 se presentó formalmente una queja en la que se exponen presuntos actos que comprometerían la imparcialidad del Ifecom para favorecer a los despachos de abogados Rivera Gaxiola y Asociados y Jaime Guerra y Asociados. Se denuncia que Bonilla del Ángel es condescendiente para colocar conciliadores y síndicos al gusto de algunos litigantes. Nuevamente surge el nombre de Carlos Apizar, mano derecha de Arturo Zaldívar en la judicatura federal a quien se le atribuye también injerencia indebida en diversos litigios durante la pasada administración y este asunto no es la excepción.