Cali 2023: ¿un nuevo paradigma de la política de drogas en Latinoamérica y el Caribe?

Este mes, del 7 al 9 de septiembre, se realizó la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas en Cali, Colombia, con la participación de delegaciones de 30 países, organizaciones internacionales y personas expertas, según su comunicación oficial, con el objetivo de impulsar “un nuevo enfoque para soluciones reales al problema de las drogas, priorizando al ser humano, la protección del medio ambiente y el respeto por los derechos humanos”. Desde 2022, México y Colombia habían anunciado su interés en convocar y organizar una cumbre regional con esta temática.

Previo al evento, diversas organizaciones de la sociedad civil y activistas de México y Colombia  solicitaron que en la conferencia se abordaran cuestiones como la adopción de una estrategia regional conjunta ante la Comisión de Estupefacientes de Viena, la regulación del uso adulto del cannabis, la implementación de políticas para la atención de usos problemáticos, la provisión de servicios públicos de reducción de riesgos y daños, la adopción de medidas alternativas al encarcelamiento por delitos de drogas, el diseño de estrategias para garantizar los derechos de las personas cultivadoras y la desmilitarización de las tareas de seguridad pública relacionadas con el comercio ilícito de sustancias.

Luego de la celebración de foros sobre la relación entre la política de drogas y asuntos como el medio ambiente, los derechos humanos y el desarrollo alternativo, los presidentes de México y Colombia clausuraron el evento con discursos que, valiéndose únicamente de generalidades y lugares comunes, omitieron presentar propuestas puntuales de política pública o diplomacia para transitar a un cambio de paradigma en materia de política de drogas. En este sentido, evidentemente no se habló de estrategias como la regulación de las sustancias o el cese de la utilización de los aparatos militares, de seguridad y de justicia penal para perseguir delitos de drogas. Respecto a este último punto, preocupa particularmente que México incluyera en su delegación asistente a la conferencia a los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional y Marina, y no así a quienes encabezan las autoridades nacionales de derechos humanos, salud, bienestar, medio ambiente y desarrollo rural.

Si bien los presidentes de ambos países se mostraron favorables a la adopción de medidas no coercitivas para atender el asunto de las drogas, también recayeron en el discurso consistente en que es posible o deseable un mundo sin consumo. Es decir, la idea estigmatizante de que se puede acabar este “problema” si se elimina la demanda. Por ejemplo, el presidente López Obrador sostuvo que el uso de drogas implica la “falta de amor y de apapacho” o forzosamente la existencia de un contexto de desintegración familiar. Se trata de una lógica que ve a las drogas como un asunto moral y no como uno de salud pública y que, como tal, no reconoce la existencia de consumos no problemáticos.

Terminada la conferencia, las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela suscribieron el “Documento Final de Santiago de Cali”. En éste, reiteraron su “compromiso común para abordar de forma integral, multidisciplinaria, equilibrada, amplia, basada en evidencia científica y de forma efectiva, el Problema Mundial de las Drogas, lo cual exige atender las causas estructurales y adoptar medidas concertadas y sostenidas a nivel nacional, regional e internacional; entre ellas, acelerar el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos vigentes sobre políticas en materia de drogas”. A su vez, el documento reconoce “la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, en países donde se produce el desvío de plantas de uso ancestral, a la producción ilícita de drogas por el riesgo que significa para la salud, el medio ambiente y la seguridad”.

El problema con este enfoque es que se inserta precisamente dentro del ámbito actual del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, que finalmente es el pilar fundamental de la prohibición global y de los daños que ésta genera. Fuera del cambio de paradigma que propuso Petro desde su intervención de 2022 en la 77 AGONU, el documento terminó insertándose en la lógica de prohibición y estigmatización predominante. En este sentido, se echó en falta el planteamiento de propuestas relativas a la formación de una estrategia común de América Latina y el Caribe respecto a la vigencia de dicho régimen de fiscalización internacional.

En México y en la región, la guerra contra las drogas únicamente ha traído daños ambientales, inseguridad y violaciones a los derechos humanos, entre otras problemáticas, además de que no existe evidencia de que las estrategias punitivas tengan afectación alguna en los niveles de consumo. Por ello, es necesaria una regulación que permita tratar al asunto de las drogas como uno de salud pública y no como uno que corresponda al aparato de seguridad del Estado.

Una regulación que, contrario a lo que ocurre con las actuales políticas de prohibición y encarcelamiento, apoye a las personas y que incluya, entre otros elementos: mecanismos para reducir y evitar los usos problemáticos, particularmente en niños, niñas y adolescentes; servicios públicos de calidad para el tratamiento y la reducción de riesgos y daños; así como una robusta política social que permita resarcir los daños causados por tantos años de guerra y prohibición. Hacia allá debería ir Latinoamérica y el Caribe.