La autonomía universitaria en riesgo: el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Desde el pasado mes de marzo he dado un seguimiento puntual a lo sucedido en el estado de Sinaloa, en donde las fricciones entre el gobernador, el congreso local y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no han hecho sino aumentar e, incluso, a ellos se han sumado otras instituciones.

Prácticamente el origen de las desavenencias entre estas muy importantes instituciones fue la aprobación por parte del congreso local y por iniciativa del gobernador de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.

Toda vez que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley General de Educación Superior (aprobada por el Congreso de la Unión en 2021) y con la doctrina, una de las características principales que la autonomía universitaria brinda a las instituciones de educación superior públicas a las que les ha sido otorgada, es la posibilidad de autogobernarse. Esto es, que ellas mismas determinen la forma de organizarse y las reglas para hacerlo.

No obstante, la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa contraviene claramente este espíritu al señalar que toda consulta para modificar las leyes orgánicas de las universidades públicas autónomas del estado será convocada por el propio congreso. Un intento claro de intromisión en el autogobierno y en la vida interna universitaria.

Desde luego y como en todo Estado de derecho se encuentra previsto, la propia UAS haciendo uso de los mecanismos legales establecidos ha buscado defenderse de esos intentos y lo ha hecho con buen éxito en los tribunales federales que mayormente han compartido el criterio de que la norma en comento es violatoria de la autonomía universitaria.

Sin embargo, esta disputa entre instituciones ha ido escalando con el paso de los meses y en la actualidad ha alcanzado niveles francamente inadmisibles en una sociedad que espera de ellas lo mejor, pues es de recordar que en su relación con las instituciones públicas la sociedad juega un doble rol: el de benefactora y el de beneficiaria.

Si bien las especulaciones sobre los motivos de cada uno de los bandos en esta disputa son muchas y muy diversas, lo cierto es que es lamentable que una institución tan prestigiosa como la UAS esté viviendo una batalla que impacta directamente a su comunidad universitaria y a toda la sociedad sinaloense. Es tal su importancia, que en estos días se calcula que esta institución cuenta con más de 160 000 alumnas y alumnos y ejerce alrededor de 7 mil millones de pesos anuales, lo cual la coloca entre las universidades más importantes de México y la más relevante del estado de Sinaloa.

Con antecedentes desde 1874, esta Universidad que respondió satisfactoriamente al presidente Lázaro Cárdenas impartiendo por algún tiempo educación socialista, hoy no solamente encuentra que su prestigio está en riesgo, sino también lo está el atributo más importante con que puede contar la universidad pública: la autonomía universitaria que, en el caso de la UAS, data en su segunda etapa de 1965.

Independientemente de la disputa que pueda haber alrededor de esta gran institución, las universitarias y los universitarios de México tendremos que velar porque en esta y en las otras 39 universidades públicas autónomas se respete de manera irrestricta su autonomía y que, en lo concerniente a esta universidad que ha sido siempre una impulsora de los derechos sociales, tanto su prestigio como los derechos de las personas que integran su comunidad resulten intocados.