Painkiller y la crisis de los opioides

Esta serie, que se ha traducido al español como Medicina letal, es una de las que recientemente ha logrado tener gran éxito en las plataformas de streaming. Basada en hechos reales, Painkiller aborda algunos de los sucesos considerados los detonadores principales de la conocida como crisis de los opioides u opiáceos en Estados Unidos.

A finales del siglo pasado, los laboratorios Purdue Pharma crearon el potente analgésico denominado OxyContin que de manera sorprendente pudo ser introducido al mercado luego de obtener el visto bueno de la agencia reguladora sanitaria de aquel país, la Food and Drug Administration (FDA). Digo que lo logró sorprendentemente, pues contrario a la obligación de una agencia administrativa independiente como la FDA, esta decisión se tomó después de la comisión de diversas irregularidades por parte de ella y de Purdue Pharma.

Durante 6 episodios se va dando cuenta de la muy agresiva estrategia que desde cualquier punto de vista ideó la familia Sackler (propietaria de Purdue Pharma) para que su analgésico OxyContin se convirtiera en su blockbuster drug (algo así como medicina superventas) y llevara los patrimonios de la empresa, de las personas que colaboraban con ellos y, desde luego, de la familia a niveles insospechados a costa de la vida de muchas personas y dando inicio a uno de los principales problemas de salud pública que hoy sufre la Unión Americana. De acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) entre 1999 y 2018, el uso de opioides tuvo relación con 446, 032 muertes en los Estados Unidos.

Entre los fármacos opioides más comunes se encuentra la Oxicodona o el Fentanilo, siendo este tipo de fármacos muy potentes y adictivos, lo cual hace que una persona que los prueba incremente la dosis paulatinamente y pase del uso por prescripción médica a un uso con fines diferentes (aunque lamentablemente en muchas ocasiones contando con una receta médica).

Como principal causante de esta severa crisis, la irrupción en el mercado del OxyContin fue posible gracias a la complicidad existente entre la propia Purdue Pharma, servidores públicos de la FDA, a las personas representantes de estos laboratorios, a las personas médicas y  algunos grupos más que a pesar de conocer los efectos negativos de poner a la disposición del público un fármaco que debió estar sujeto a rigurosos controles, fungieron como facilitadores en la que seguramente es la epidemia más preocupante en los últimos años en los Estados Unidos.

La gran cantidad de recursos de todo tipo con que cuentan corporaciones como Purdue Pharma y las debilidades institucionales de los entes del Estado encargados de regularlas, han hecho que la voracidad de muchas de las primeras produzca daños incuantificables y, en muchos casos, irreparables.

Es de subrayar que agencias reguladoras como la FDA o la European Medicines Agency (EMA) son actualmente ejemplos a seguir por otras agencias de su tipo alrededor del mundo. En el caso de nuestro país, es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) la que de acuerdo con su reglamento se encarga de ejercer atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios y se encuentra subordinada jerárquicamente a la Secretaría de Salud al ser uno de sus órganos desconcentrados.

Sobre la COFEPRIS, debe decirse que es muy relevante comprender la gran responsabilidad que al desempeñar esas funciones tiene, pues contrario a que se le fortalezca gradualmente, esta institución ha sido debilitada en los últimos años y hoy cuenta con debilidades que sin duda pueden generar problemas parecidos a los que la FDA ha producido en los Estados Unidos a pesar de ser un referente en todo el mundo.

Hoy debemos buscar una agencia reguladora con un impacto directo en la calidad de vida de las personas como lo es la COFEPRIS, sea robustecida y profesionalizada, pues el no hacerlo es atentar contra su capacidad técnica y privar al Estado mexicano de una institución que coadyuva con él en algo tan importante como garantizar el derecho fundamental a la protección de la salud establecido por el artículo 4º constitucional.