En el verano del 2023, la Sedena comenzó a recopilar, sin avisar, información sensible de políticos que ya se perfilaban para candidatos importantes a las elecciones de 2024. La investigación abre dudas sobre el uso político de esos datos.
El Ejército y sus fichas. Foto: Sedena
En julio del año pasado personal de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, inició una labor tan secreta como gigantesca: redactar cientos de fichas con información de los políticos y políticas más relevantes del país que aspirarían a ocupar una candidatura de cara a la elección del 2024.
Con 20 mil cargos de elección popular en juego y más de 2 mil 469 municipios —más 16 alcaldías en la Ciudad de México— en el país, la misión lucía colosal, pero urgente para el Ejército mexicano, me contó un militar de alto rango. Por semanas, cientos de militares trabajaron simultáneamente una labor rastrillo en internet y expedientes militares para perfilar a los principales políticos del oficialismo y la oposición.
Para lograrlo, personal de la Subjefatura de Inteligencia dividió a la clase política en dos rubros: los irrelevantes y los importantes. El primer grupo tenía algún cargo público en municipios de poca importancia para la estabilidad y seguridad nacional y los segundos tenían poder en municipios o ciudades de los que depende el desarrollo y la paz del país.
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“Esto se hizo con una fórmula que incluía variantes como habitantes, ingresos per cápita, presencia criminal, indicadores de Protección Civil. Así fuimos descartando personas y quedándonos sólo con las que serían de interés de la institución”, contó la fuente consultada para esta columna.
Cada política y político que pasó ese último filtro pasó a la siguiente fase de una revisión rigurosa sin que fueran avisados por la Secretaría de la Defensa Nacional. En secreto —porque el Ejército mexicano carece de facultades para semejante tarea— ahora decenas de militares trabajaron hasta altas horas de la noche haciendo fichas que alimentarían las áreas de inteligencia castrense.
Cada ficha debía contener una imagen reciente del político investigado, filiación política, fecha y lugar de nacimiento, domicilio actual, clave electoral, CURP, formación académica, trayectoria política y las referencias generales.
En ese último rubro se colocaba lo más importante: sus carpetas abiertas en la Fiscalía General de la República, sus nexos con el crimen organizado, su relación marital con evasores fiscales, sus cuentas bancarias con saldos inexplicables, incluso sus alias, encuentros con presuntos narcotraficantes y hasta compras sospechosas en línea, como armas o pornografía.
Entre las personas que ameritaron una ficha de la Secretaría de la Defensa Nacional están las emecistas Sandra Cuevas, Alejandra Barrales y Salomón Chertorivski; los opositores Jorge Romero, Santiago Taboada y Lucía Meza Guzmán; y los morenistas Ricardo Monreal, Abelina López y Sergio Mayer.
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Mis fuentes en la Defensa Nacional aseguran que es una labor “rutinaria” en las elecciones para impedir la llegada de políticos sucios. Lo normal. No hay nada que temer.
No vaya usted o yo a creer que el Ejército usa, secretamente, sus recursos para vigilar políticos incómodos.
GRITO. Cuatro candidaturas a gobiernos estatales no pasaron las pruebas de confiabilidad de las fichas de la Subjefatura de Inteligencia. Tres de la oposición, una del oficialismo. El Ejército se debate entre pedir que se tumben esas nominaciones o guardar un discreto silencio.
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