El oscuro director del IFECOM

Muchas líneas de investigación están abiertas con la denuncia que generó el escándalo para revisar el presunto modus operandi de Arturo Zaldívar en la red que presionaba juzgadores para favorecer los intereses del obradorato y de algunos prominentes despachos de litigantes ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Las tácticas que se describen en la investigación J/108/2024 alcanzan al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom) que aún dirige Edgar Manuel Bonilla del Ángel, quien Zaldívar dice es un funcionario cercano a Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Vale la pena revisar el curriculum de Bonilla para mapear sus vínculos profesionales. Ha sido director en la firma global de consultoría Deloitte, dedicada a la asesoría especializada en auditorias, finanzas e impuestos, proyectos de capital y estrategia jurídica; fue director general de Delitos Fiscales en la Procuraduría Fiscal, institución de la que fue titular Laynez y también se desempeñó como vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Llegó al Ifecom cuatro meses después del inicio de la presidencia de Zaldívar en la corte, es decir quien propició su llegada la judicatura fue el ahora asesor jurídico de Claudia Sheinbaum.

El contexto personal y profesional de Bonilla del Ángel está cercado por intereses ligados a grandes consorcios, bancos y litigantes que aparentemente han desvirtuado la imparcialidad de un órgano creado hace 24 años para darle profesionalismo, ética, transparencia y confiabilidad los procesos concursales.

Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la judicatura, se encuentra recabando información para la investigación avalada por la ministra Norma Piña. Uno de los servidores públicos señalados es justamente Edgar Bonilla por su presunta participación en hechos que en la propia denuncia se señalan como “delincuencia organizada institucional”.

Dice el expediente: “Se utilizaba dicho instituto para apersonarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles, a través de los síndicos que designaban, para que los procedimientos siguieran determinando sentido, mediante promociones insidiosas o bien se citaban a las partes para ejercer presión y lograr convenios que los beneficiaran, infundían terror”.

Los señalamientos son graves sobre la forma en que Bonilla habría facilitado que algunos despachos tengan derecho de picaporte en su oficina. El escandaloso texto también detalla cómo se han forzado procedimientos de quiebra: “Cuando la empresa no aceptaba, el instituto realizaba tácticas dilatorias, solicitudes sin fundamento y recursos innecesarios a fin de retrasar el procedimiento o bien, evitar la ejecución de resoluciones que pudieran beneficiar a la empresa rebelde, aprovechando sus contactos con instituciones bancarias”.

Otro párrafo refiere la forma en que se implicaba a los impartidores de justicia.

“Se presionaba a los jueces para que prolongaran el dictado de resoluciones o bien se inclinaran a resolver siempre en favor de los intereses corruptos”, así se puede leer en la indagatoria J/108/2024 que también describe la intervención directa de Arturo Zaldívar para nombrar vocales y síndicos, sin que cumplieran con el perfil para esas responsabilidades.

Nunca en la historia del IFECOM desde que fue creado en el año 2000 se había generado un escándalo que comprometiera la integridad de sus funcionarios a través de una revisión conocida directamente por la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.

En la vertiente que involucra también a Carlos Alpizar, hombre fuerte del expresidente de la Corte entre 2019 y 2022, en el rubro de presuntas extorsiones se indaga el caso del Grupo Empresarial Anacar: “Lo litiga el despacho Rivera y Gaxiola, en el que se presionó a los jueces Alejandro Dzib y Concepción Argumosa Marín, además a dicha empresa para que se declarara en quiebra a cambio del 75% de su valor, con la promesa de que sería dinero en efectivo que no se tendría que reportar ante ninguna autoridad ni usar para el pago de acreedores, pero al no aceptar el soborno han dilatado el procedimiento por conducto del instituto, tanto que han citado a sus apoderados a sus oficinas para presionarlos. Incluso, a un integrante del despacho Rivera y Gaxiola le fue dictado auto de vinculación a proceso”.

La denuncia genera una investigación que coincide también con una auditoría para revisar la administración de Bonilla del Ángel que recientemente tuvo la desfachatez de convocar a las jornadas concursales del instituto a integrantes de los despachos de Jaime Guerra y Rivera Gaxiola para participar en la mesa “la visión a futuro del concurso mercantil” realizada el jueves 25 de abril dentro de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), como se puede cotejar en el programa publicado a través de su página de internet. Una verdadera provocación a la ministra Piña y para quienes saben leer entre líneas, una señal que podría confirmar los hechos revisados por la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

En esas mesas participaron los litigantes Miguel Hernández Hernández y Alfonso Peniche del despacho de Jaime Guerra y Ramón Fernández Vigil de Rivera Gaxiola, de quien se sabe habría sido vinculado a proceso penal dentro de la coyuntura de algunas de las operaciones descritas en la indagatoria de referencia.

Edgar Bonilla del Ángel ha dejado evidencia pública de sus compromisos para fortalecer los indicios que lo señalan en la investigación que se autorizó desde el escritorio de la ministra Piña Hernández, decidida a llegar hasta las últimas consecuencias.

La imagen del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles ha sido vulnerada, independientemente del resultado que arroje la revisión de sus operaciones. Su polémico director está sujeto a un proceso de rendición de cuentas del que podría derivarse su separación del puesto y una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Conoceremos el desenlace en los próximos meses.

EDICTOS

El 30 de abril terminó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. El saldo es catastrófico y deja una estela de destrucción institucional y aprobación de leyes indudablemente inconstitucionales, en el caso del Senado de la República deliberadamente se dejaron vacantes 49 cargos de la mayor relevancia a un mes de las elecciones más grandes en la historia del país.

Morena y sus satélites dejaron pendientes la asignación de dos magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral que requerirá mayoría calificada para el caso de la elección presidencial. Los obedientes legisladores, recientemente felicitados por AMLO también dejaron en el limbo el nombramiento de seis magistrados de salas regionales de ese mismo tribunal y 41 vacantes en órganos jurisdiccionales electorales locales. Esta estrategia perfectamente calculada afectará la formidable responsabilidad de dar certeza para resolver las impugnaciones posteriores al 2 de junio.

Si a esto agregamos otros boquetes como los que experimenta el Inai (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) con sus vacantes sin cubrir en el pleno, el panorama de transparencia se complica cuando mayor será el nivel de exigencia, ante lo que se nos viene. De eso está hecha su autodenominada transformación, un verdadero sabotaje a los cauces democráticos que los llevaron al poder hace 6 años.