Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.
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Lord Alpízar
Norma Piña no podía ser tapadera de tanto lodo salpicado por su antecesor en el Consejo de la Judicatura Federal. No es odio patológico, se llama rendición de cuentas.
Norma Piña no podía ser tapadera de tanto lodo salpicado por su antecesor en el Consejo de la Judicatura Federal. No es odio patológico, se llama rendición de cuentas.
Las denuncias y crónicas de abuso que tienen como personaje central a Carlos Alpízar Salazar dentro del Poder Judicial de la Federación datan de 2019, tan pronto desvirtuó la naturaleza de su función como secretario general de la presidencia en el Consejo de la Judicatura tendió una red de monitoreo sobre los asuntos de mayor interés para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Al principio obedecía la agenda que se le dictaba para “alinear” a quien fuera necesario, fue ganando confianza y fortaleciendo su influencia con estrategias propias de la mafia en ese famoso piso 14 del edificio sede en Insurgentes Sur # 2417, inmueble en el que se encuentra el salón de plenos de la Judicatura Federal y la oficina donde despachaba los miércoles Arturo Zaldívar.
De ahí surgían las estrategias para trazar la ruta de los litigios más sensibles para el Ejecutivo Federal, tal y como se describe en la denuncia que dio origen a la investigación en curso para llamar a cuentas al ex togado y ahora asesor jurídico de Claudia Sheinbaum.
Según los testimonios de los que se desprende la indagatoria, dentro del círculo operativo también había otros personajes como Jaime Santana Turral, responsable de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina durante la administración Zaldívar, despacho donde se procesan las sanciones hacia juzgadores que enfrentan procedimientos internos.
Se establece que otro eslabón, no menos importante, era el de Arely Gómez González Blanco, ex Procuradora General de la República y ex contralora de la Judicatura Federal, se denuncia que desde su escritorio se desplegaron múltiples quejas para perseguir a funcionarios, jueces y magistrados que no estuvieron dispuestos a obedecer el esquema ordenado, según se narra en la investigación J/108/2024.
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Hay un dato cotejable en las bases de datos oficiales del Consejo de la Judicatura que refleja la magnitud de las indagatorias basadas en denuncias anónimas durante el periodo de Zaldívar. Entre 2019 y 2022 se procesaron 259 denuncias anónimas contra juzgadores federales, 26 en 2019, 37 en 2020, 127 en 2021 y 69 en 2022. Las 24 restantes no fueron jurisdiccionales.
2021 fue el año más intenso para aplicar la “sensibilización” respecto a litigios de interés político. Se dice que Alpízar estableció un cerco implacable de amenazas que llegó al extremo de operar algunos asuntos por interés propio, echando por delante a su jefe como autor intelectual de la orden.
Otro aspecto dado a conocer en la denuncia refiere que algunos despachos de alta gama y poca honra operaron con el zar de las amenazas varios expedientes para incidir en decisiones jurisdiccionales, ya fuere para prolongarlas indefinidamente, acelerarlas o manosear el fallo final, según conviniera.
La autonomía e independencia de decenas de juzgadores federales fue pisoteada, como se dice en la descripción de las conductas atribuibles presuntamente a Zaldívar: “Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.
Muchos jueces y magistrados asumieron las consecuencias de sus decisiones para desobedecer las recurrentes “recomendaciones”. Sin embargo, hubo algunos que accedieron sin objeciones como se dice en la foja 2 de la denuncia: “Quienes voluntariamente decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada, obtenía grandes beneficios, como eran total impunidad en cualquier queja que pudiera existir, asistir a cursos nacionales e internacionales, gozar de licencias, nula revisión de declaraciones patrimoniales, adscripciones a modo, asignación en juzgados estratégicos”.
Respecto al IFECOM en el acuerdo de arranque de la indagatoria que detonó el escándalo se detalla el modus operandi. “Utilizó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cuyo titular es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, para apersonarse en asuntos relativos a concurso mercantiles de cuantías importantes y gestionar a través de sus síndicos que los procedimientos siguieran el curso que les convenía. Nombró vocales y síndicos del citado instituto, sin que estos cumplieran con el perfil de esos puestos, colocándolos y/o designándolos a modo en los concursos mercantiles, de acuerdo a la relevancia y monto del asunto”.
Es conocido al interior de la institución que Bonilla fue muy obediente con Zaldívar e incluso hay elementos fehacientes para establecer que todavía es sensible a las recomendaciones de Alpízar, a pesar de que, desde marzo de 2013, este despacha como titular de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, puesto donde recibió refugio a instancias de Adán Augusto López Hernández, posición en la que se mantiene hasta la fecha.
La ministra Norma Piña no podía ser tapadera de tanto lodo salpicado en la Judicatura durante el periodo de su antecesor, que califica la verticalidad de la primera mujer en presidir la Corte como “odio patológico” para victimizarse y distraer la atención sobre el verdadero fondo que refleja a detalle una red de complicidades que podría ser juzgada por quienes conocen a detalle sus desplantes en Pino Suárez # 2.
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EDICTOS
Estamos a 37 días de las elecciones. Tantos ataques, insidias e iniciativas contra ministros, magistrados y jueces dejan claro que su trabajo resulta un gran peligro para el cuatroteísmo que pretende prolongar su onda destructiva 6 años más. Y para darle contexto internacional a los efectos indeseables de la campaña contra la presidenta de la Corte, es ineludible comentar la preocupación que ha generado en el Departamento de Estado del poderoso vecino del norte la permanente metralla verbal para calumniarla. En la semana que está por terminar el Country Reports on Human Rights Practices 2023 causó una severa urticaria que ni con vitacilina brinda alivio al inquilino de Palacio Nacional.
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